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| 8/14/2014 12:00:00 AM

Los ‘chistes’ sobre el Chuli que le salen caros a Bogotá

Un nuevo escándalo sacude la ciudad por la contratación de la máquina tapahuecos.

Un nuevo escándalo rodea la célebre máquina tapahuecos por la publicación de unos audios en los que se evidencia que la contratación que se estaba haciendo no estaba amparada del todo por la ley. 

Las grabaciones dadas a conocer este jueves por el diario El Tiempo revelarían cómo funcionarios distritales sabían de antemano que la firma del contrato acarreaba varias irregularidades.

El contrato 638 del 27 de diciembre del 2013, para tapar los 220.000 huecos censados que tiene Bogotá por la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), captó la atención de los organismos de control, por el costo de 11.822 millones de pesos para tapar todos los huecos en tan solo seis meses . 


Es tal el descaro de uno de los funcionarios, que en un fragmento de las grabaciones asegura que la ejecución del contrato bajo la figura de contratación directa o a 'dedo' era una "vaina kamikaze", ya que los organismos de control estarían con los ojos puestos en el contrato, tal como ocurrió.

En dichas grabaciones se hace alusión al actor Juan Pablo Posada, el popular 'Chuli', quien era el representante legal de la firma Green Patcher S. A. S., con la que se oficializó el contrato. Y quien para los funcionarios del Distrito, como se oye en las grabaciones, era un hazmereír.

En los audios se identifican las voces de Juan Carlos Montes Fernández, entonces subdirector técnico de la UMV; la exsecretaria general María Constanza Aguja Zamora; la exdirectora de la UMV María Gilma Gómez Sánchez, y el jefe de la oficina jurídica de la UMV, Francisco Antonio Coronel.

El 'Chuli' y la máquina ‘tapahuecos’

Juan Pablo Posada también enfrenta problemas por su vinculación con el sector público. Después de su fugaz paso por los estudios, creyó que lo mejor era asegurar su futuro. Así, terminó como suplente de la representación legal de una firma internacional en Colombia que se hizo a un millonario contrato con el Distrito de 12.000 millones de pesos, cuyo objetivo es tapar los 220.000 huecos que afectan la malla vial de Bogotá.

Sin ningún tipo de experiencia en la contratación estatal, Posada firmó el contrato a nombre de Green Patcher S. A. S., el 27 de diciembre del 2013. Se trató de un proceso contractual que se hizo prácticamente a dedo, bajo el ropaje de importación de ciencia y tecnología que los eximía de pasar por el cedazo de la licitación pública.

Pero pronto empezaron los líos en el desarrollo de las labores estipuladas. La máquina terminó cuestionada porque ni la tecnología utilizada ni los elementos de relleno eran los más apropiados. Además, los organismos de control pusieron bajo escrutinio el proceso por presuntas irregularidades en su modelo.

Esos organismos (Contraloría, Procuraduría y Personería) avanzan en sus pesquisas y pronto los bogotanos conocerán decisiones de fondo. Posada, en repetidas ocasiones, ha defendido sus actuaciones y le ha dicho a Semana.com que todo se llevó a cabo bajo las normas legales vigentes. 
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