Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2004/09/19 00:00

El Circ se destapa

El jefe en Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja, que cerrará cinco oficinas en el país, habla sobre la necesidad de que gobierno y las AUC aborden el tema de los desaparecidos. A las Farc las llama a dar pruebas de vida de los rehenes.

En un tono menos diplomático que el acostumbrado por él y sus antecesores, el jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) en Colombia, Juan Pedro Schaerer, en diálogo exclusivo con SEMANA, reveló su visión del conflicto colombiano, que a sus ojos se ha agravado en algunas zonas rurales. De ahí que hayan resuelto hacer ajustes a su estrategia de atención a las víctimas, buscando llegarles de manera más integral. Para él, la dinámica de la guerra interna llevará a ampliar y mejorar la atención en algunas regiones como Arauca y la Sierra, entre otras, y a la creciente población de presos. También habló duro sobre la urgencia de que en el diálogo entre las AUC y el gobierno se haga claridad sobre el tema de los desaparecidos, y reiteró su llamado a las Farc para que liberen a los policías, soldados y rehenes políticos.

El Cicr, el organismo que desempeña el papel más importante en la atención a las víctimas de la guerra en el mundo, presta su ayuda en Colombia desde 1969 y abrió sede permanente en 1980. Su vocación es esencialmente humanitaria y neutral para poder auxiliar a todas las víctimas.

SEMANA: ¿Cuáles son los cambios que planea el Cicr en Colombia y por qué?

Juan Pedro Schaerer: Se busca utilizar de forma más oportuna los recursos, que son limitados, para atender de la mejor manera la situación humanitaria. Queremos tener equipos interdisciplinarios, con especialistas en salud, seguridad económica, agua, saneamiento y protección. La idea es reducir la cantidad de oficinas en el país de 16 a 11, además de la sede central en Bogotá.

SEMANA: ¿Qué ha cambiado del conflicto que los lleve a plantear la reestructuración?

J.P.S.: Las zonas rurales son hoy las más conflictivas. Hay ahora problemáticas nuevas o más graves que hace dos o tres años. Es importante responder de manera rápida e integral. Aunque no se disminuirá el trabajo del Cicr en Colombia, de manera general, sí habrá una reducción del personal extranjero: de 60 delegados internacionales se pasará a 54, y el presupuesto se reducirá de 28 millones de francos suizos a 26. Bajarán los gastos administrativos, pero las operaciones no.

SEMANA: ¿Cuáles oficinas van a desaparecer?

J.P.S.: Barrancabermeja, Popayán (se abrirá una subdelegación más amplia en Cali), y en Pasto prevemos que se cerrará en junio próximo. Dependiendo de cómo siga la situación y sin el acceso del Cicr en diferentes zonas de Guaviare y Meta, tendremos que cerrar la oficina de San José del Guaviare, teniendo en cuenta que la abrimos hace año y medio pero debido a falta de contactos no hemos podido hacer el trabajo que pensábamos. De igual manera, las subdelegaciones de Valledupar y Sincelejo se fusionarán en una subdelegación que se ubicará en Barranquilla o en Valledupar.

SEMANA: ¿Qué problemas han tenido en los Llanos Orientales los delegados del Cicr?

J.P.S.: Simplemente, falta de contactos con los diferentes actores armados en la zona que no permiten desarrollar actividades en favor de las personas afectadas por el conflicto. Hoy no hay posibilidad allí de encontrarnos con los comandantes de los frentes de las Farc. Por otros canales, sabemos que las Farc aceptan nuestro trabajo y presencia, pero debido a la dinámica del conflicto resulta mucho más difícil establecer contactos directos.

SEMANA: ¿Van a perder los civiles de esas zonas la asistencia y protección del Cicr?

J.P.S.: Cerrar una oficina en una zona no quiere decir que no podamos estar presentes. La de Colombia es una de las cuatro operaciones más grandes que tiene el Cicr en el mundo. De ahí que los cambios no constituyen una estrategia para retirarse del país, ni serán permanentes. Lo que pasa es que en este momento es el país rural el que más necesita la presencia del Cicr. Si vemos que la situación cambia, el Cicr mantiene cierta flexibilidad para responder en zonas donde haya urgencias.

SEMANA: ¿Por qué cierran la sede de Barrancabermeja, donde hay denuncias tan graves sobre el atropello a civiles por parte de las autodefensas?

J.P.S.: Nuestro trabajo de protección en las ciudades nunca ha sido muy efectivo. Barranca es un ejemplo y creo que Medellín, Bogotá y Cúcuta también lo son. Los ataques a la población civil, por uno u otro actor armado, son muy frecuentes y frente a ello el Cicr no encontró la manera de abordar esas problemáticas debido a la complejidad de la violencia urbana. Vamos a mantener nuestras oficinas en las ciudades en donde hay gran flujo de desplazados, como Bogotá, Cúcuta, Florencia y Medellín. De aquellas ciudades donde nos retiremos veremos con las autoridades locales cómo se puede continuar la asistencia en colaboración de entidades como la Cruz Roja Colombiana.

SEMANA: ¿Cuáles fenómenos del conflicto armado colombiano tendrán mayor atención en lo que viene?

J.P.S.: Algunas zonas rurales demandan más y mejor respuesta, por ejemplo en la Sierra Nevada de Santa Marta, el Catatumbo, Chocó y Arauca. La situación en las cárceles demandará más presencia debido a la cantidad de personas arrestadas en relación con el conflicto armado, que aumentó de manera significativa en estos dos últimos años. El desplazamiento sigue siendo una prioridad en asistencia individual o masiva.

SEMANA: El problema de los desaparecidos sigue siendo también grave...

J.P.S.: Es muy preocupante y si no es abordado tendrá repercusiones internacionales a largo plazo. Sólo en 2003 el Cicr registró, documentó, 600 casos. En 2004 ya van 200. Son casos que además no se resuelven. En el diálogo entre el gobierno y las AUC el derecho a la verdad sobre los desaparecidos tiene que ser un tema obligado de la agenda. Se requiere incluso que los cadáveres sean devueltos para que los familiares de las víctimas elaboren su duelo. Sin una respuesta en ese sentido es difícil pensar en una reconciliación verdadera.

SEMANA: El Plan Patriota aumentó el número de desplazados en Caquetá...

J.P.S.: El desplazamiento sí se incrementó, aunque las cifras no son tan altas como se creyó en principio. No podría responder todavía qué está sucediendo donde hay combates, debido a que los mismos enfrentamientos limitan nuestro acceso. Quizás dentro de unos meses estemos al tanto. Otro departamento afectado es Putumayo, donde también hay operativos. Hemos notado que parte de la población se desplaza, dado que allí había muchos cultivos de coca y al parecer Nariño está recibiendo a muchas de esas personas.

SEMANA: Ustedes han sido llamados por las partes para orientar o facilitar un entendimiento en el asunto del intercambio humanitario...

J.P.S.: El tema se conversa y nos preocupa. Nos solicitaron algunas asesorías respecto a lo que dice el DIH sobre la toma de rehenes y la captura de personas a raíz del conflicto armado. Sin embargo, ni el gobierno ni las Farc le han solicitado al Cicr que establezca mecanismos para realizar diligencia o actividad alguna sobre el tema concreto de un posible acuerdo. Nuestra participación será en el momento en que las partes lleguen a un acuerdo. Es importante señalar nuestra disponibilidad en apoyar la búsqueda de mecanismos para obtener la liberación de los rehenes y los militares y policías.

SEMANA: En el caso de los secuestrados, el Cicr ha hecho un llamado a que las Farc los liberen incondicionalmente...

J.P.S.: El derecho internacional humanitario prohíbe expresamente la toma de rehenes. Tenemos que defender esa posición y pedir la liberación incondicional de los rehenes. El DIH también resalta en primer lugar el interés de las víctimas. Por eso es importante buscar mecanismos que lleven a la liberación de esas personas, y el Cicr mantiene su disposición para que en el momento en que se llegue a un acuerdo nuestros servicios puedan apoyar un desenlace exitoso. Mientras tanto se debe velar porque se respete la integridad física de estas personas y sería importante ver cómo mantienen los lazos de comunicación con sus familias.

SEMANA: A qué se debe que haya tan poca información en el último año sobre el estado de los cautivos...

J.P.S.: Esa pregunta hay que hacérsela a quienes detienen a esas personas. Para el Cicr, contrario a lo que se hacía en años pasados, durante los cuales se podían intercambiar mensajes, esa posibilidad ya no se presenta.

SEMANA: Para terminar, ¿qué impresión tienen de los últimos 12 meses del conflicto armado en el país?

J.P.S.: No podría decir si las cosas mejoran o se agravan. Hay ciertas poblaciones para las cuales la situación ha mejorado y otras para las cuales ha empeorado. Si miramos el caso de los indígenas y afrocolombianos, la situación se ha degradado (Cauca, Chocó, Sierra Nevada y probablemente Guaviare). El conflicto se desplaza a otras partes. Lo que preocupa es que por el hecho de que se aleje de las grandes ciudades se hable menos de lo que ocurre, que el sufrimiento de esas comunidades se olvide.

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