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| 4/28/2003 12:00:00 AM

El club de la pelea

Luego de varios meses de conversaciones entre el gobierno Mockus y el Country Club hay nuevas ofertas sobre la mesa, pero un gran desacuerdo de fondo.

Cualquier bogotano podría dar fe de cómo la mayor oferta de zonas verdes, el aumento de actividades de esparcimiento en ciclorrutas y alamedas y la creación de un sistema de transporte público le ha mejorado su calidad de vida. Sólo para poner algunos ejemplos, los parques metropolitanos Simón Bolívar y El Tunal y el Transmilenio le han transformado las rutinas a casi todos los capitalinos.

Esta revolución se ha montado sobre una nueva filosofía que cree que, a mayor y mejor uso del espacio urbano público, mayor distensión y paz social; mayor igualdad y mejor calidad de vida. A la vez, este paradigma sigue los postulados de la Constitución de 1991, que contempla la función social de la propiedad privada y sostiene en el artículo 82 que "las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo en defensa del interés colectivo".

No obstante, esta visión de ciudad se está construyendo, como suele suceder con cualquier cambio profundo y de largo plazo, con debates, resistencia y hasta conflictos.

Es en esta transformación que se enmarca el sonado caso del Country Club de Bogotá, que por estos días tendrá un desarrollo crucial. El juzgado segundo civil del circuito está por decidir un recurso del Country Club si admite o no finalmente -después de muchos ires y venires legales desde mayo de 2001- la demanda de expropiación de la cancha de polo, un predio de 80.000 metros cuadrados, de los cuatro que constituyen el club (ver recuadro).

Pero la expropiación de la cancha de polo es apenas una muestra del verdadero debate de fondo entre lo que quiere el Club y lo que busca el Distrito. El primero quiere seguir siendo el Country Club de Bogotá es decir, quedarse en la ciudad como club privado con toda su integralidad -sede social, cancha de golf, cancha de polo y demás canchas deportivas-. El segundo tiene la obligación, por ley, de reordenar ese predio con miras a que gran parte de éste se convierta eventualmente en un parque metropolitano de unas 70.000 hectáreas.

Como se aprecia, la tensión entre la propiedad privada y sus derechos y la búsqueda del interés público está en la nuez del asunto.

Potencial estrategico

Aunque ha sido la punta de lanza, el Country Club no es el único predio que el gobierno capitalino debe convertir en parque. El origen de esta política está en la ley de reordenamiento territorial 388 de 1998, que cambia la orientación acerca de cómo el Estado debe gobernar el territorio urbano. Ya no se puede limitar a planear y luego controlar a la distancia lo que vaya sucediendo en la realidad, sino que es necesario que sea proactivo, que salga a negociar con el actor privado para hacer la ciudad que les sirva a todos. En desarrollo de esta ley, Bogotá aprobó su Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que definió cómo intervenir en la ciudad para atender sus necesidades.

Bogotá tiene una densidad muy alta frente al espacio verde que necesita. En 1999 tenía 3,2 metros cuadrados por habitante, cuando el mínimo ideal establecido por Naciones Unidas es de 10 metros cuadrados por habitante. Los residentes de Usaquén, donde queda el Country Club, apenas cuentan con 2,1 metros cuadrados por habitante.

El POT definió que 12 predios con más de ocho hectáreas tenían "potencial estratégico" para resolver este problema. La ciudad creció, se densificó y sólo le quedaron estos enormes predios para desarrollar futuros parques. Algunos son 'pulmones', joyas paisajísticas que, incluso habían recibido un tratamiento impositivo preferencial para que sus dueños las mantuvieran y cuidaran. Pagan una tarifa de impuesto predial de 5 por mil, cuando cualquier casa paga entre 7 y 8 por mil, y un lote baldío de más de 100 metros paga 33 por mil.

Esta docena de predios especiales incluyen tres clubes privados: el Country, Los Lagartos y el Carmel; cinco cantones militares y tres cárceles, La Picota, La Modelo y El Buen Pastor.

La idea del POT es que el gobierno busque activamente que una buena parte de cada uno de estos predios se conviertan en parques públicos. Como una forma de adquirir estos predios la ciudad dispuso en el artículo 334 del POT que podría permitir el desarrollo urbanístico (la construcción) hasta de un tercio del total de su área. Así sus dueños, con los dineros obtenidos de ese tercio que ahora podrían urbanizar, estarían recibiendo su pago por los dos tercios que le cederían a la ciudad como parque. La norma permite que este nuevo ordenamiento de los usos del predio se pueda hacer por etapas y en forma concertada con los propietarios.

Como ya la ciudad había arrancado con el proceso de expropiación de un lote del Country y los estudios apuntaban a esta zona como una de las más necesitadas de verde, el proceso arrancó con ellos.

Un equipo técnico de Espacio Urbano del Distrito comenzó a simular alternativas de futuro para proponerle al Country -y de forma más preliminar a los otros dos clubes- una propuesta de transición. Incluso el alcalde Antanas Mockus, por invitación de los socios del club, fue a su asamblea anual para explicar en qué consistía la nueva norma. Fue un encuentro amigable, según el alcalde y las directivas del club. Luego, los equipos técnicos del Country y de la Alcaldía comenzaron a conversar para encontrar puntos comunes.

El ambiente con que arrancaron estos diálogos no era el mejor. La acción de la administración Peñalosa de iniciar la expropiación del campo del polo del Club había levantado los ánimos de pelea de los socios que, al sentirse agredidos, salieron a defender lo suyo. "A las malas, nada", dijo uno de ellos. La comunicación se cargó de beligerancia por las declaraciones en los medios y las columnas de opinión, con más pasión que información.

Pero más allá del enfrentamiento político que ha precedido estas charlas, es objetivamente hablando una negociación compleja. El club no tiene un sólo dueño, sino que es de 1.600 socios. Cualquier decisión que tomen sus directivas tiene que ser aprobada por ellos. La administración distrital, de otra parte, no es un ente monolítico, y aunque el Alcalde es la cabeza, le queda imposible seguir cada paso del proceso, y muchos funcionarios en diferentes dependencias influyen en una negociación.

Las diferencias

Pero además hay distancias de fondo entre las partes. Según explicaron a SEMANA las directivas del club, la propuesta del Distrito -que sigue los lineamientos del POT- no es viable para ellos ni es conveniente para la ciudad. Los siguientes son sus argumentos.

Sostienen que el club es una entidad sin ánimo de lucro. Sus socios han construido y mantenido durante 53 años un pulmón de la ciudad, con la ventaja de que han encontrado la difícil fórmula de hacer rentable y sostenible un paisaje. Pero su ánimo no es comercial sino de esparcimiento. De ahí que no le resulte atractiva la propuesta de la ciudad de que pueda construir parte de sus terrenos (de más de 100 hectáreas) para que obtenga los recursos suficientes y hacerse a otra sede en las afueras. En su caso podría desarrollar hasta 30 hectáreas, lo que implicaría un proyecto urbanístico enorme y de muy largo plazo; que además quedaría con tantos lotes 'de engorde' por tanto tiempo que podría desvalorizar toda su propiedad. Es también económicamente poco viable pues no recaudarían los dineros que requerirían para una nueva sede sino en muy largo plazo y esto los dejaría sin ella.

"El club es un club de golf, de polo, de tenis, y cada una de esas partes es constitutiva de la construcción no se puede ir cercenando de a pocos, porque deja de ser lo que es", explicó uno de sus directivos.

Consideran, asimismo, que es una cuestión de identidad. Ellos son el Country Club de Bogotá, no de Cajicá, ni de Tocancipá. Y están convencidos de que gracias a su visión, cuando se mudaron de la segunda sede que tuvo el club en la calle 85 -al sur de su actual localización-, jalaron el desarrollo de la ciudad hacia el norte, lo que valorizó los predios a su alrededor.

Por último, afirman categóricamente que dejar al club donde está es mejor no sólo para ellos sino también para la ciudad. Que ofrece una zona verde que es sostenible para siempre, al contrario de lo que sucede a menudo con los parques capitalinos, que se deterioran cuando hay crisis fiscal o mala gestión. Dicen que varias ciudades del mundo tienen clubes de golf en sus centros, sin que esto moleste a nadie.

Para la ciudad de Bogotá, algunos de estos argumentos pueden ser válidos. Sin embargo la respuesta principal a ellos es que lo que la ciudad requiere es un parque abierto a todos los habitantes y no es suficiente que les sirva a unas pocas familias. Se necesitan parques públicos, que la gente pueda usar todos los días, para construir la convivencia, la civilidad, la igualdad (en el parque nadie es más que otro) y el esparcimiento. Por tanto el gobierno bogotano debe usar los instrumentos que le da la ley para llegar a acuerdos con los ciudadanos y encontrar fórmulas para dotar la ciudad de parques a bajo costo, que a la vez ofrezcan buenos beneficios a sus dueños. Si Bogotá tuviese un parque de 60 hectáreas en la misma localidad del Country nadie estaría interesado en sacar al club de golf de la ciudad, pero no es así y no hay muchas alternativas.

La base de esta argumentación, además, es que fue el Country el que se benefició por el esfuerzo colectivo de la ciudad, que lo alcanzó con vías, servicios, comercio, etc., y por eso esa riqueza debe ser compartida con la ciudad.

"La ley no tiene que gustarnos a todos, explica Antanas Mockus. Cada ley afecta intereses, pero como son los ciudadanos a través de sus representantes quienes han decidido volverla ley, ese es el interés público y hay que acatarla". Y como ejemplo cita los casos de El Cartucho y de Monserrate. En ambos lugares a las personas que vivían allí tampoco les gustó que el POT obligara a desalojarlos. Sin embargo de 110 familias que residían en Monserrate y que también alegaron que habían conservado el bosque y el cerro, 100 entendieron que debían acatar la norma y llegaron a acuerdos con el Distrito. En El Cartucho los habitantes más pobres y marginados de la ciudad, de 12.000 personas, 11.000 salieron por acuerdo. Dice entonces el Alcalde: "¿Cómo es que la élite no da ejemplo sobre el acatamiento a la ley y aprovecha la oportunidad para asumir el liderazgo en la construcción de una mejor ciudad?".

Es un problema de filosofía y visión del mundo. En esta última etapa de la negociación los directivos del Country Club han hecho ofertas generosas, frente a lo que ha sido tradicionalmente el manejo del espacio público en Colombia. Si bien ellos no quisieron revelarlas, SEMANA supo que le ofrecieron a la ciudad entregarle gratuitamente para parque uno de los lotes que componen el club -la cancha de práctica- y encontrarle una salida a la carrera 15 para el paso al otro lado del club. También ofreció la alternativa de aceptar los 10.000 millones de pesos que le daría el Distrito por la cancha de polo, entregarla, y con ese dinero ayudar a recuperar y consolidar el parque Entrenubes en los cerros orientales, hoy con predios invadidos.

No se trata entonces de una posición que le dé la espalda a la ciudad. Sus directivos dicen haber aprendido en este proceso a "tener una conciencia más sincera y espontánea de que quieren a su ciudad". También han dicho que sus socios más jóvenes quieren ser lo más generosos con ella.

El problema de fondo, sin embargo, sigue allí. El Country hizo sus ofertas con la condición de que no volvieran a insistir en que debían volverse parque. La ciudad no puede aceptarlo porque iría contra las necesidades futuras de parque de esa zona de la ciudad.

¿Cómo buscar una salida? Ese es el reto del Country y de la ciudad de Bogotá. No desanimarse hasta encontrar fórmulas que permitan acatar la ley, y a la vez sean viables económicamente.

El problema es que mientras se ponen de acuerdo pierden todos: los vecinos, sin esperanza de tener un gran parque cerca; el Distrito, que debe gastar más recursos en apoderados y negociadores, y los socios del Club, que también se desgastan económicamente en un pleito legal y, aún sin proponérselo, profundizan las distancias sociales.
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