Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2007/09/08 00:00

El coletazo del Upac

En los próximos días se debe pronunciar la Corte Constitucional sobre un trascendental fallo que podría cambiar la vida de miles de hogares colombianos, deudores de créditos de vivienda.

El coletazo del Upac

Contrario a lo que muchos creen, la pesadilla de la crisis hipotecaria de finales de los 90 no ha terminado. Ocho años después, el fantasma del Upac sigue rondando sobre los colombianos.

La Corte Constitucional está próxima a fijar su posición sobre la terminación de procesos ejecutivos hipotecarios iniciados antes de 1999, lo que tendrá grandes implicaciones para la banca y los deudores.

Dependiendo de la sentencia (se trata de una revisión de varios fallos dictados sobre el tema), muchos de los procesos ejecutivos que adelantaron los bancos para recuperar las viviendas que dejaron de pagar los deudores, y que concluyeron con el remate del inmueble, se podrían reabrir.

Si esto ocurre, quienes compraron de buena fe viviendas en los remates que ordenaron los jueces no tendrían certeza sobre la propiedad del inmueble que adquirieron. La legalidad de la compra quedaría en el limbo.

Pero además, cerca de 6.400 procesos activos que llevan mínimo siete años sin resolución judicial y que representan una deuda estimada de 750.000 millones de pesos, podrían finalizar sin pago por parte del deudor. Como quien dice, los deudores que llevan hasta cinco años sin pagar arriendo, tranquilamente seguirían otros cinco viviendo gratis, porque el proceso arrancaría de nuevo.

Si el fallo se da en ese sentido, no significa que el crédito quede saldado o que el deudor no se vea obligado a pagar al banco. Las entidades financieras tendrían que iniciar nuevos procesos, con la consiguiente pérdida de tiempo y de recursos invertidos en los últimos años.

El asunto que tiene a los bancos con los pelos de punta se remonta a 1999. Ese año la Ley 546, de vivienda, que trató de corregir el caos del sistema hipotecario que originó el Upac, otorgó tres beneficios para las familias que se encontraban asfixiadas con sus pagos a los bancos: la reliquidación de las deudas, la condonación de intereses de mora y la reestructuración de las obligaciones.

En el alcance y la interpretación que se les dio a dichos alivios está justamente el meollo del asunto que hoy se discute. Algunos consideraron que todos los procesos ejecutivos hipotecarios que estuvieren en curso hasta el 31 de diciembre de 1999 se debían dar por terminados automáticamente, tras la reliquidación, sin importar las condiciones de cada proceso ni la conducta del deudor.

Para otros, ésta no era el espíritu de la idea de la Ley 546 cuando propició la reliquidación de las obligaciones. Por el contrario, si había procesos en curso, estos deberían continuar, siempre y cuando el deudor tuviera cuotas en mora con el banco.

La diferencia entre estas dos posiciones es gigante. En juego están cerca de 15.500 procesos que estaban vigentes en 1999 y que ya concluyeron porque el inmueble fue rematado o adjudicado (13.000 casos) o porque un juez ordenó la terminación del mismo sin que mediara pago por parte del deudor (2.000).

SEMANA conoció que el proyecto de sentencia del magistrado ponente, Jaime Araújo Rentería, se inclina por la primera alternativa: ordenar la terminación de los procesos ejecutivos hipotecarios y civiles y el archivo de los expedientes respectivos.

Si la Corte en pleno acoge esa opción, deberá hacer claridad sobre las decisiones de los jueces que implicaron remates o adjudicaciones y sobre la vigencia de los títulos para quienes compraron de buena fe.

Entre los nueve magistrados de la sala plena de la Corte Constitucional hay posiciones encontradas frente al tema por las implicaciones sobre el sistema financiero, lo que ha dilatado el fallo que aspira ponerle punto final a la crisis hipotecaria que desató el Upac.

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