El coletazo

L a historia de Yidis Medina, que para muchos no pasaba esta semana de ser un simple episodio de clientelismo reeleccionista, se convirtió el miércoles pasado en un escándalo de consecuencias impredecibles que hoy tiene contra las cuerdas al gobierno del presidente Álvaro Uribe.

Hasta ese día lo único que había eran declaraciones de la ex congresista de Barranca, muchas de ellas contradictorias, con las cuales acusaba a altos funcionarios de haberle 'comprado' con puestos su voto para que diera el sí a la reforma constitucional que permitía la reelección presidencial inmediata.

Pero, en la indagatoria de esta semana ante la Corte Suprema, Yidis le puso a esa telenovela un ingrediente nuevo y explosivo. Según la revista Cambio, "el miércoles 30, tras superar un desmayo que obligó a suspender la diligencia del martes, Yidis entregó lo que se podría considerar la prueba reina: las colillas de varias consignaciones de dinero en una cuenta del ex representante Teodolindo Avendaño, según ella para ausentarse de la sesión en que sería votada la reelección". La revista aseguró que se trataba de más de 10 consignaciones por 200 millones de pesos "aportados por un contratista del Estado que utilizó dineros públicos para pagar el favor". 

La gravedad del asunto -de ser cierto lo publicado- es que ya no se trataba solamente de pagar con puestos a los congresistas por sus votos -una práctica repudiable, pero común-, sino con dinero en efectivo. De cara a la justicia, la corrupción con plata es sin duda más grave que la corrupción con puestos, porque en este último caso es muy difícil, casi imposible, diferenciar entre participación burocrática, lo cual es legítimo, y pago de favores, que no lo es.

Sin embargo, según pudo establecer SEMANA, la versión que dio Yidis Medina a la Corte tiene unas diferencias significativas. Según dijeron a esta revista dos de las personas que estuvieron presentes en la indagatoria, la ex congresista no habló de que le hubieran entregado dinero a Teodolindo Avendaño, sino que como contraprestación por su apoyo a la reelección (que consistió en no asistir a la votación definitiva), le dieron, entre otras prebendas, la notaría 67 de Bogotá, ubicada en el barrio Quirigua.

Yidis manifestó que esa notaría no existía y que la crearon especialmente para Teodolindo. De hecho, se trató de un paquete de 12 nuevas notarías que el presidente Uribe dio la orden de abrir, en noviembre de 2005, en barrios populares de cinco ciudades del país. Según el testimonio dado en la Sala Penal, Teodolindo propuso varios nombres de su confianza para ocupar el cargo de notario. Al parecer, ninguno de ellos le daba la talla al gobierno. Finalmente, según la narración de la ex congresista, entre ella y el entonces viceministro del Interior, Hernando Angarita, le propusieron a Teodolindo el nombre de Luis Camilo O'Meara Riveira. A cambio, el entonces representante a la Cámara recibiría 450 millones de pesos que le serían entregados en cuotas de las utilidades de la notaría.

 Yidis dice que sirvió de intermediaria en el negocio y que quedó encargada de recibir las cuotas de dinero en efectivo de parte de la notaría y consignarlo en las cuentas bancarias de Teodolindo y de su esposa. No es claro, ni la ex parlamentaria dio mayores detalles, por qué cumplió ese papel. En la Corte, ella presentó recibos de consignación por 210 millones de pesos. SEMANA visitó a O'Meara en su notaría y éste aceptó que conoce en persona a Medina y a Avendaño. Sin embargo, negó que le haya consignado un solo peso a Teodolindo, como afirma Yidis. "No sé, si hay consignaciones deben ser de plata de ella, no de mis cuentas", aseguró (ver recuadro 'La historia de la notaría').

Lo importante de la última declaración de la ex congresista es que para ella las colillas de consignaciones serían las primeras pruebas técnicas de que en la batalla por la reelección no sólo se movieron puestos, sino también plata. No se trataría de tulas de billetes entregadas por el gobierno, sino del pago de un notario a un congresista por venderle el cupo de una notaría. Establecer un nexo entre eso y la reelección requeriría probar una triangulación compleja, y eso no es nada fácil.

Esto cobra importancia porque hasta ese día, el testimonio de Yidis era bastante débil por la cantidad de contradicciones en las que había incurrido. Por ejemplo, mientras el 8 de agosto de 2004 declaró ante una cámara de Noticias Uno todo tipo de irregularidades, un día después, el 9, dijo en la Procuraduría: "Mi voto fue a favor de dicha iniciativa y lo hice de manera libre, soberana (...) nunca nadie me hizo ningún ofrecimiento". E incluso, por afirmaciones muy difíciles de creer y de probar como la que dio, también a Noticias Uno, sobre la presencia de una tula llena de billetes en una de las reuniones a las que asistió a la Casa de Nariño.

 Todo este escándalo trae a la memoria cómo fue la tensa votación en el Congreso que buscaba modificar el famoso 'articulito' de la Constitución para permitir que se diera en Colombia la reelección inmediata del Presidente. Uribe, en ese entonces, tenía índices de popularidad del 77 por ciento.

Luego de ser aprobada en dos de los ocho debates, tenía todo perdido en la Comisión Primera de la Cámara. Se había armado un grupo de congresistas contra la reelección y ya tenían en su haber 18 votos de los 36 de la comisión; por lo tanto, la reelección no tenía mayoría. El martes primero de junio de 2004 se acostaron convencidos de que ya iban a enterrarla. Dieciséis de los 18 representantes se dieron cita esa noche en la casa de la parlamentaria liberal Clara Pinillos para pactar el hundimiento del proyecto. Tony Jozame y Zamir Silva Amín llamaron para anunciar que no podían asistir, pero ratificaban su posición. Los asistentes suscribieron un documento donde cada uno estampó su firma (ver facsímil) y luego brindaron con whisky y tomaron fotos del "histórico momento".

La derrota matemática del proyecto de reforma constitucional era tan evidente, que hasta el asesor Fabio Echeverri Correa salió a decir que "comenzarían a impulsarlo por iniciativa popular". Sin embargo, el presidente Álvaro Uribe no se dio por vencido. El miércoles en la mañana citó a su bancada de la Comisión a la Casa de Nariño, así como a algunos de los que, a pesar de firmar el papel en el que decían votarían por el no, se mostraban indecisos. Entre ellos estaban los conservadores Yidis Medina, una líder política de Barrancabermeja (Santander) -quien ocupaba la curul en una 'palomita' de tres meses dada por el titular, Iván Díaz Mateus- y Teodolindo Avendaño, de Caicedonia (Valle). La reunión en Palacio se extendió por varias horas y dio al traste con la sesión que se debía llevar a cabo a pocos pasos de allí, en el Capitolio, para hundir la reelección.

Al terminar el encuentro, Yidis y Teodolindo no parecían estar convencidos de apoyar a Uribe. Y por eso la ofensiva de la conquista siguió en la tarde: el ministro del Interior, Sabas Pretelt, y el superintendente de Notariado, José Félix Lafourie, se encargaron de Yidis; y el ministro de Protección Social, Diego Palacio, de Teodolindo. Por los pasillos también fue visto el director del DAS, Jorge Noguera. Los periodistas esperaron afuera de la oficina de Yidis y, tras más de tres horas, ésta les dijo: "En estos momentos diría que estoy 50 a favor y 50 en contra".

El día siguiente Yidis anunció temprano en medios radiales que había decidido cambiar su voto y apoyar la reelección porque "el gobierno replanteó su posición de inversión social en el Magdalena Medio". Luego ocupó su curul y votó a favor de la reelección. A la 'voltereta' de Yidis se sumó la ausencia de Teodolindo, quien se esfumó de la sesión a media tarde. Al final, las cuentas quedaron así: 18 parlamentarios votaron afirmativamente mientras que en contra sólo hubo 16. Los objetores fueron derrotados. El proyecto había sorteado su peor obstáculo y continuó su trámite ordinario en el Congreso hasta cuando fue aprobado definitivamente el 27 de diciembre de ese año.

Golpe a la reelección

 ¿Qué puede ocurrir de ahora en adelante? De ser verdad la confesión de Yidis, la conclusión sería que la reforma constitucional se aprobó a punta de puestos y dádivas a los congresistas, lo que configuraría el cohecho. Yidis aseguró a la Corte que a cambio de su voto le dieron el manejo de una ESE en Barranca, así como puestos en Acción Social, el Ministerio del Interior y una notaría en su tierra. Y tanto del cargo en la Clínica como de la notaría, además de un cargo en Etesa, hay evidencias de que se los habrían otorgado. Así mismo, hay indicios de que otros de los 16 representantes que le dieron el sí a la reelección también habrían recibido prebendas como notarías y cargos diplomáticos.

 Las últimas declaraciones, sin duda, enrarecen aun más el ya caldeado ambiente político. Es un nuevo frente de batalla que se le abre al presidente Uribe en materia judicial. Si bien Yidis Medina declaró que el Presidente no le ofreció ningún cargo, el Polo Democrático denunció al primer mandatario por presunto cohecho, con el argumento de que el favorecido, al final del día, fue él.

Desde el punto de vista jurídico es poco probable que Álvaro Uribe termine enredado por el tema Yidis, como lo pretenden muchos de sus opositores. No parece que la Presidencia de Uribe, con un 83 por ciento de aprobación, esté en peligro por este episodio. Él ha repetido varias veces, al referirse al hecho, que "el gobierno persuade, no presiona ni compra conciencias. El gobierno respeta el derecho de la participación, pero no tolera la corrupción". Además, hasta ahora, Yidis no ha sacado ninguna carta que lo comprometa directamente.

Pero una cosa es lo jurídico y otra lo político. Y en este último sentido, las consecuencias son impredecibles. Lo que sí puede ocurrir es que terminen quemándose, como fusibles, o por lo menos les toque dar la batalla, a los funcionarios cuyos nombres han salido a bailar en este episodio, como el ex ministro y hoy embajador en Italia, Sabas Pretelt, o incluso, el ministro Diego Palacio.

Así como Yidis Medina pudo haber cometido el delito de cohecho impropio (para dar su voto recibió cargos que favorecían a otros), las personas que le habrían ofrecido esos puestos correrían una suerte similar. Según dijo el abogado Iván Cancino, quienes ofrecieron, si se prueban los cargos, podrían incurrir en el delito de cohecho por dar u ofrecer, con penas de entre tres y seis años de prisión. Otros expertos sostienen que el delito de cohecho no es automáticamente simétrico. Así como la confesión de Yidis representa la plena prueba en el caso de ella, sus denuncias no lo son hasta que se puedan probar. En esa batalla es en la que ella y sus abogados están embarcados en este momento.

Para el abogado Jesús Albeiro Yepes, en principio el Presidente no tendría responsabilidad en el cohecho, "siempre y cuando no haya ofrecido nada a cambio del voto de la señora Yidis. Lo otro es que habría que demostrar si el Presidente mandó a sus subalternos a ofrecerle incentivos a esa señora. Si eso se demuestra, sería determinador de cohecho".

Pero el coletazo político es desde ahora enorme. Ese manto de duda sobre el trámite de la primera reelección no sólo afecta su legitimidad, sino que es un duro golpe a la posibilidad de un tercer período. Todo este escándalo, sumado a la enorme fragilidad de un Congreso enfermo de para-política, hace muy difícil que una nueva reelección tome vuelo en el Capitolio. Y si lo toma, tendría un problema de credibilidad ante la opinión.

 Incluso, personajes como el ex alcalde de Bogotá Antanas Mockus, que no se ha caracterizado propiamente por ser crítico mordaz de Uribe, le pidió el viernes la renuncia al Presidente con el argumento de que sin el voto de Yidis o la ausencia de Teodolindo no habría sido elegido. "No nos venga ahora con el cuento de que el fin (indudablemente noble, nada menos que salvar la patria) justificaba los medios (la oferta de gabelas a Yidis). No es sólo un tema jurídico. Es también, y sobre todo, un tema político", concluyó en su columna de El Tiempo.

 Y como un efecto colateral al caso, los contradictores del Presidente aprovecharán que el tema del trámite de la reelección se ha puesto sobre el tapete de nuevo para llamar la atención sobre los congresistas que la votaron: de los 18 que dieron el sí en la apretada votación de la Comisión Primera de la Cámara, siete están implicados en la para-política, cuatro de ellos con investigación preliminar (Nancy Patricia Gutiérrez, Eduardo Enríquez Maya, Javier Ramiro Devia y Armando Benedetti), dos detenidos (Dixon Tapasco y Reginaldo Montes) y uno condenado (Jorge Luis Caballero). 

Por supuesto, nada está escrito. Y no se puede subestimar la estrategia del partido de La U con las firmas que está recogiendo para el referendo. No se van a contentar con el millón y medio que necesitan para presentar el proyecto en el Congreso y por esto decidieron recoger cinco millones. La ecuación, para los uribistas, será simple: con el clamor del poder constituyente, el pueblo, expresado en cinco millones de firmas que piden convocar a un referendo para aprobar una segunda reelección de un presidente con 83 por ciento de aceptación, el paso del referendo por el Congreso -para ellos- podría ser presentado como el simple acatamiento de la voluntad popular.
 
¿A qué juega yidis?

La otra gran pregunta es: ¿qué busca Yidis con todo esto? ¿Hay alguien detrás? Evidentemente no es un buen negocio para ella. Al acogerse a sentencia anticipada se está exponiendo a pasar mínimo dos años de cárcel, que resultaría de restarle a la pena de entre cinco y ocho años, los descuentos por colaboración con la justicia. Ella dijo en la Corte que estaba haciendo todo esto por dos razones: para que el país se entere de cómo se manejó la reelección y para que sea público el incumplimiento que el gobierno habría tenido con ella. Paradójicamente, para probar el soborno burocrático del que habría sido objeto, ha tenido que darle un giro al concepto de que le pusieron 'conejo', y reconocer que sí le dieron algunos cargos.

Una persona que conoce los intríngulis políticos de Barranca tiene una explicación distinta: "El apetito burocrático de Yidis es bastante grande y ella comenzó a montar todo este escándalo para presionar al gobierno para que le diera más puestos. Sin darse cuenta, el problema se le salió de las manos". Esta misma persona dice que no sería gratuito el hecho de que Ramón Ballesteros, reconocido serpista, sea el nuevo abogado defensor de la ex parlamentaria.

Esta semana Yidis Medina volverá a la Corte Suprema. Esta vez, el despacho del magistrado Javier Zapata le dirá si le acepta su petición de acogerse a sentencia anticipada. De ser así, se acordará la pena.

Para ese momento, según fuentes cercanas al proceso, Yidis tendría previsto lanzar otra carga de profundidad. Ha dicho que -para lograr una rebaja adicional de su pena, que podría darle incluso el beneficio de la casa por cárcel- entregará una grabación que comprometería a funcionarios del gobierno con los ofrecimientos. No sería la primera vez que Yidis aparece con grabaciones. Hace dos años entregó dos que ponían en tela de juicio al entonces superintendente de Notariado, Manuel Cuello Baute. Si bien el Súper tuvo que retirarse de su cargo en medio de un escándalo, no fue por las pruebas aportadas por Yidis, pues la Dijín dictaminó que una de las grabaciones era un montaje.

En la Casa de Nariño cuentan que el presidente Uribe está molesto con algunos de sus subalternos por haber permitido que el caso Yidis se convirtiera en una bola de nieve. Además, poco ayudan las salidas imprudentes -y hasta sospechosas- de ex funcionarios cercanos al gobierno como el ex viceministro Hernando Angarita, quien se ha reunido cuatro veces con la ex congresista en su apartamento en las últimas semanas y, según su apoderado, le pidió retractarse de sus denuncias.

Lo único claro es que el caso Yidis Medina tal vez nunca habría llegado a estos niveles de escándalo si no estuviera de por medio otra eventual reelección del presidente Uribe. Las denuncias contradictorias de Yidis no habrían tenido tanto eco de no ser porque el país está ad portas de un nuevo proceso de reforma constitucional muy parecido al de hace tres años. Después de esa experiencia, cualquier cambio de voto de un miembro de una comisión del Congreso será mirado con mucha sospecha.