Domingo, 22 de enero de 2017

| 1998/11/30 00:00

EL COMPLOT

SEMANA reúne las fichas del rompecabezas del asesinato de Alvaro Gómez y revela un documento con el plan y los detalles del intento de golpe de Estado a Samper

EL COMPLOT

El jueves 2 de noviembre de 1995, el mismo día en que mataron a Alvaro Gómez Hurtado, se iba a dar un golpe de Estado en Colombia. Aunque el alzamiento militar contra Ernesto Samper ya estaba abortado por la falta de apoyo del gobierno de Estados Unidos, todo parece indicar que los dos hechos tienen alguna relación. Asípor lo menos tratan de confirmarlo las autoridades, que a raíz de un reciente allanamiento a la residencia de un militar decomisaron un revelador documento que puede convertirse en la prueba reina para demostrar que, en efecto, estuvo en marcha una conspiración para tumbar al presidente, en la cual, en algún momento, estuvo involucrado el propio Gómez Hurtado. En fuentes de entero crédito, SEMANA conoció que en desarrollo de las investigaciones por el magnicidio del ex candidato presidencial, agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía ocuparon la residencia de un militar en servicio activo, cuyo rango se desconoce, y descubrieron un documento de tres páginas que los dejó perplejos. Se trataba de una especie de plan de vuelo en el cual estaban consignadas las motivaciones y el itinerario de la primera etapa del golpe. El documento contiene una evaluación del momento político y económico que vivía el país en el segundo semestre de 1995 y las razones por las cuales se justificaba, según sus autores, el derrocamiento de Ernesto Samper: la inestabilidad política creada por las denuncias sobre la narcofinanciación de la campaña que lo llevó al poder y el descrédito internacional originado por el escándalo, entre otras razones. A continuación los golpistas enumeraban algunos de los pasos a seguir una vez se hubiera producido el relevo de Samper. Entre los más importantes estaban la necesidad de crear una junta de gobierno cívico-militar, la convocatoria de una Asamblea Constituyente que reviviera la Constitución de 1886, la destitución del contralor y el procurador de la época _David Turbay y Orlando Vásquez_, la extradición de los principales capos del narcotráfico, el cierre del Congreso y el traspaso a la Corte Suprema de Justicia del manejo de la justicia penal, en otras palabras, acabar con la Fiscalía. Pero el detalle más revelador para los investigadores es el relacionado con la fecha fijada para el golpe. El día señalado en el documento era el jueves 2 de noviembre, día en el que se conmemoraba el cuarto aniversario del arma de la inteligencia del Ejército. Alvaro Gómez Hurtado fue asesinado esa misma fecha, minutos antes de las 10 de la mañana, cuando salía de clase en la Universidad Sergio Arboleda. Paradójicamente, a la misma hora, no lejos de allí, en el campo de paradas de la Brigada XX de Inteligencia, su comandante, el coronel Bernardo Ruiz, encabezaba los actos del aniversario. Hoy, a punto de cumplirse tres años del magnicidio, al oficial _que se retiró del Ejército en enero de este año_ le fue dictada una orden de captura por parte de un fiscal sin rostro como presunto autor intelectual del crimen. IndiciosLa orden de captura del oficial está basada en numerosos indicios que señalan la posible participación de Ruiz y varios de sus hombres en el asesinato de Gómez Hurtado. El primero de ellos tiene que ver con estrecha su cercanía con cuatro suboficiales del Ejército _los hermanos Henry y Omar Berrío y Franklin y Carlos Gaona_ que están detenidos por su participación material en el crimen y quienes trabajaron con Ruiz en Bucaramanga como agentes de inteligencia de la II División (ver recuadro). De otro lado, en el proceso está probado que el coronel Ruiz envió a un oficial de la Brigada XX para que verificara en el Ministerio de Transporte la autenticidad de los documentos de identificación de un vehículo tipo campero, perteneciente a la Escuela Militar de Cadetes, que fue visto muy cerca del lugar de los hechos. Igualmente, los investigadores parecen haber establecido con certeza que el coronel Ruiz se encargó de pagar los honorarios de un abogado que asumió la defensa de los implicados. También está el testimonio de un hombre conocido como Emilio 1 que involucra a Ruiz en el complot. Por último, los investigadores del caso detectaron que al menos en tres oportunidades el coronel Ruiz trató de desviar la investigación y para ello intentó demostrar que quienes cometieron el magnicidio fueron algunos miembros de las milicias bolivarianas de las Farc en la comuna nororiental de Medellín. Una de ellas ocurrió en marzo de 1996, cuando el oficial le pidió una cita urgente al entonces fiscal Alfonso Valdivieso para informarle que había capturado a los homicidas. El alto oficial llegó al despacho del Fiscal con un grueso folder y abundantes ayudas audiovisuales y después de una larga exposición sostuvo que en Medellín habían sido capturados dos hombres que pertenecían a las milicias de las Farc en la capital antioqueña y quienes habían ejecutado el magnicidio.
¿Mas responsables?
Hasta ahora se había especulado mucho sobre la relación entre la muerte de Gómez y el frustrado golpe de Estado. Pero los investigadores no habían logrado encontrar algún indicio con validez legal para vincular los dos acontecimientos. De allí la importancia del documento decomisado por el CTI. Y de allí que para tratar de armar el rompecabezas de la muerte de Alvaro Gómez los investigadores estén analizando las circunstancias en las cuales se produjo la intentona golpista. Para ellos es improbable que el comandante de la Brigada de Inteligencia _que a pesar de su importancia era un hombre que tenía numerosos jefes por encima_ haya tomado por su cuenta la decisión de acabar con uno de los hombres más influyentes del país. Por esa razón los sabuesos de la Fiscalía están seguros de que tiene que haber más responsables y piensan que pueden llegar a ellos si descifran el galimatías del intento de golpe de Estado que fue originado por la crisis política que afectó a Ernesto Samper. Un punto de partida para los investigadores fue la gran división que se produjo en el Ejército cuando estalló el escándalo del proceso 8.000, en el primer semestre de 1995. Con base en informes de varios analistas de los asuntos castrenses, los fiscales no se demoraron mucho en establecer dos corrientes: los que defendían a Samper y los que estaban en contra de éste. En el primer grupo fueron incluidos los generales Camilo Zúñiga, Iván Ramírez y Jesús María Vergara _quienes se desempeñaban como comandante de las Fuerzas Militares, jefe de inteligencia de las FF.MM. y segundo comandante del Ejército, respectivamente_. En el segundo estaban los generales Harold Bedoya, Luis Bernardo Urbina y Ricardo Cifuentes _comandante del Ejército, director de Inteligencia y director de la Escuela Militar de Cadetes, respectivamente_. Sin embargo fuentes cercanas a la investigación afirman que ambos bandos creían que Ramírez estaba con ellos. Por esa razón los investigadores nunca han podido tener total certeza del papel que jugó el controvertido general.Aun cuando la Fiscalía no ha podido obtener pruebas contundentes, los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que el intento de golpe de Estado fue organizado por partidarios de Bedoya. En la otra orilla estaban los amigos del presidente, encabezados por Zúñiga. Siguiendo con la hipótesis de que en la muerte de Alvaro Gómez pueden estar involucrados altos oficiales del Ejército y de que ésta tiene relación con el golpe de Estado, los investigadores tratan de establecer a cuál de los dos grupos le hubiera convenido la desaparición de Gómez Hurtado. En este sentido se barajan dos tesis completamente opuestas: la primera es que el dirigente conservador le habría puesto conejo a quienes iban a dar el golpe y por eso lo mataron, y la segunda, que quienes defendían al gobierno decidieron abortar el golpe ejecutando el crimen. Para tratar de aclarar estos interrogantes la Fiscalía llamó a declarar recientemente al general Bedoya y en los próximos días hará lo mismo con el general Zúñiga, quien acaba de regresar al país luego de ocupar por más de un año la representación diplomática en Rusia. También han sido llamados a dar explicaciones Pablo Victoria, Hugo Mantilla, Jesús Bejarano y el prestigioso industrial antioqueño Hernán Echavarría Olózaga, personalidades que, de acuerdo con las investigaciones, participaron con los militares en las conversaciones referentes al posible golpe de Estado. Hasta ahora, sin embargo, ninguno de ellos _ni civiles ni militares_ ha sido vinculado formalmente al proceso.

Llegar al fondo
Por la muerte de Alvaro Gómez han sido detenidos los hermanos Berrío y Gaona y un par de civiles. Con la orden de captura en contra del coronel Bernardo Ruiz se cierra el círculo que involucraba a esa brigada con el caso Gómez Hurtado. Y eso no sorprende del todo a la opinión pública, que desde las declaraciones dadas por el ex embajador de Estados Unidos Myles Frechette, según las cuales en la Brigada XX existían escuadrones de la muerte, se imaginaba que detrás de sus muros se planeaban y ejecutaban siniestras operaciones. No son pocos los que esperan que con la captura de Ruiz se prenda una especie de ventilador que salpique como nunca antes a algunos altos mandos de esa institución. Varios militares temen a esta hora que Ruiz se convierta en el Santiago Medina de este proceso. Al fin y al cabo en esta brigada se manejaban los grandes secretos, los gastos reservados y no pocas operaciones clandestinas. Y ese es el reto de la Fiscalía, poder llegar al fondo de una de las investigaciones más delicadas de los últimos tiempos, pues no se trata solamente de hallar los responsables de un magnicidio, sino de aclarar las circunstancias que rodearon un acontecimiento inédito en Colombia desde hace 40 años: la posibilidad de un golpe de Estado. El coronel Ruiz bien puede ser el eslabón perdido entre los autores materiales e intelectuales de la muerte del político conservador. Según las autoridades, son varias las personas que han muerto en desarrollo de la investigación y varias las que han tenido que salir del país para proteger sus vidas, entre ellas algunos de los fiscales encargados del caso, que hoy en día se encuentran en diferentes lugares del mundo. Lo cierto es que la Fiscalía parece decidida a llegar hasta el final de la investigación, y en ello, a diferencia de otras épocas, no ha encontrado ningún obstáculo de la actual cúpula militar, que se ha mostrado abierta a llegar hasta el fondo de este asunto. De ser así y si los investigadores logran establecer por qué mataron a Alvaro Gómez y quiénes iban a derrocar a Ernesto Samper, sería uno de los pocos magnicidios cometidos en Colombia en este siglo que no quedaría en la impunidad.
La agenda del golpe
Creación de una junta cívico-militar de seis miembros. Asamblea Constituyente para revivir la Constitución de 1886. Destitución del contralor y procurador de la época -David Turbay y Orlando Vásquez. Extradición de los principales capos del narcotráficoCierre del Congreso de la República. Traspaso a la Corte Suprema de Justicia de la justicia penal.
Indicios contra el coronel Ruiz
Fue comandante del batallón de Inteligencia No. 2 de Bucaramanga. Hay testimonios que lo implican como coordinador de las actividades del grupo Cazador, supuestamente encargado de actividades de inteligencia para la Brigada de Bucaramanga.Al ser nombrado jefe de la Brigada XX en Bogotá, Bernardo Ruiz movilizó también hacia la capital a varios de los integrantes del grupo Cazador. Omar Berrío Loaiza (alias 'Juan Camilo'), jefe del grupo, era el hombre de confianza de Ruiz. Según las autoridades, Ruiz habría tratado de desviar el proceso en al menos tres ocasiones. Tras capturar a un señor de apellido Higuita en Medellín, el oficial anunció que ya había caído el asesino de Alvaro Gómez. Poco antes se había presentado en Bogotá un supuesto testigo del asesinato que había hecho un retrato hablado. Este resultó idéntico a una foto de Higuita. Interceptaciones telefónicas revelaron que Ruiz ofreció pagar los abogados de integrantes del grupo Cazador capturados por el asesinato de Alvaro Gómez. Para la Fiscalía, Ruiz sí pagó.Ruiz habría ordenado a un oficial de la Brigada XX revisar los documentos que registran las placas pertenecientes a los carros al servicio del Ejército, tras el asesinato de Gómez y ante las sospechas de la participación de un carro asignado al general Cifuentes.La bajaEl coronel Ruiz, quien llegó a la Brigada XX de Inteligencia del Ejército a principios de 1995, fue retirado de ese cargo después del escándalo generado por la muerte de Alvaro Gómez. Entonces lo relevó el coronel Guillermo Rubio, quien había sido su subalterno en Bucaramanga. Sus responsabilidades de manejo de personal fueron cada vez más restringidas.Se anunció que iba a ser enviado a un cargo diplomático en Washington, pero no le dieron la visa. Después su nombre fue propuesto para la embajada en México pero la canciller María Emma Mejía no firmó el decreto. Ruiz permaneció por un año en un cargo de tercera categoría en la Inspección del Ejército, hasta que el 16 de enero de 1998 pidió la baja. Leales a SamperDe acuerdo con los investigadores, los generales Zúñiga y Vergara se enteraron del intento de golpe y uno de ellos fue a la Casa de Nriño y le contó al Presidente lo que estaba ocurriendo.
En contra de Samper
Los generales Bedoya y Cifuentes encarnaban la línea dura del Ejército contra el gobierno de Samper, por la narcofinanciación de la campaña por el cartel de Cali. La conexión Bucaramanga El grupo "El Cazador", integrado por unas 30 personas, fue creado en Bucaramanga. Su objetivo inicial fue realizar labores de inteligencia para 'cazar' líderes guerrilleros. Así lograron la captura de Francisco Galán, del ELN.Algunos de los integrantes del grupo acusados por la Fiscalía por el asesinato de Gómez son: Omar Berrío Loaiza (alias 'Juan Camilo Restrepo'), Henry Berrío Loaiza (alias 'Mauricio Restrepo'), Carlos Alberto Gaona Ovalle, Miguel Angel Díaz Méndez (alias 'Gustavito'), Franklin Gaona Ovalle, Gustavo Adolfo Jaramillo (alias 'Tavo'). Según la Fiscalía, el grupo Cazador estuvo involucrado en el asesinato del informante Félix Calderón. Otro caso es el de Hugo Riaño, agente de inteligencia que hacía extorsiones en compañía del grupo. Al no recibir su parte, tras una extorsión, él protestó y fue asesinado. Omar Berrío Loaiza contrató a través de alias 'Hermes' al grupo de sicarios llamado 'Los Banqueros', integrado, entre otros, por 'Jutinico' y 'Tavo'. La Fiscalía encontró que ellos también participaron en el atentado contra Antonio José Cancino. El conductor de SerpaCuando asesinaron al conductor de Horacio Serpa en 1995, en la Avenida Circunvalar de Bogotá, autoridades de Tránsito reportaron que había una moto sospechosa en la que iban dos personas. Poco después detuvieron una moto y uno de sus ocupantes era Edgar Rueda Jáuregui, quien era curiosamente el escolta de Gómez. El chofer murió de un tiro en la frente, lo que generó dudas sobre la versión de que hubo una riña entre choferes. Rueda rindió indagatoria pero no se encontraron evidencias que lo implicaran. Jáuregui también estuvo presente el día del crimen de Gómez, pero llegó tarde tanto a la casa de Gómez como a la Universidad.Como ese día Gómez se demoró 25 minutos más de lo normal, Rueda alcanzó a llegar minutos antes del asesinato de Gómez. Al sacar su arma fue herido por los sicarios.n Los investigadores están convencidos de que Ruiz no actuó por su cuentan Hubo tres intentos del coronel Ruiz para desviar la investigación y señalar otros culpables.

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