El conflicto sumió a los indígenas en la crisis humanitaria: Codhes

Según un informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), el conflicto armado colombiano se ha movido en la última década hacia las vastas y selváticas regiones del sureste del país, donde todos los actores armados se ensañan con los pueblos indígenas, sumidos en una grave crisis humanitaria.
 
La "extensión" del conflicto "hacia los territorios selváticos más profundos donde habita la mayor parte de las comunidades indígenas ha tenido como consecuencia una fuerte crisis humanitaria, la cual es además invisible", asegura Codhes en su informe.

El estudio "Territorios en confrontación. Impacto del conflicto armado sobre la población civil en la Orinoquía y Amazonía colombiana" repasa la "grave situación" de los 66 pueblos nativos que ocupan 206 resguardos en los departamentos de Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada.

Es precisamente en la Orinoquía y la Amazonía donde se concentra "la mayor diversidad étnica" del país, "con más del 50 por ciento de los pueblos indígenas reconocidos en Colombia", recuerda la organización no gubernamental.

Y son esos pueblos los más golpeados, en primer lugar, por la presencia de actores armados en sus territorios: los paramilitares todavía "ejercen control en amplias zonas" y la guerrilla de las FARC tiene allí una "retaguardia estratégica de movilidad y para el tráfico de estupefacientes".

Además, la Fuerza Pública "ha fortalecido su presencia y accionar en la zona en los últimos cinco años", subraya Codhes, e incluso se han instalado bases militares en territorios indígenas, exponiendo así a las comunidades "a un alto nivel de riesgo en el marco del conflicto".

Otros de los principales peligros para los aborígenes son la siembra de minas antipersona, el "asesinato selectivo" de sus líderes "como estrategia de amedrentamiento", el confinamiento y las restricciones a la movilidad de personas, alimentos, medicamentos, combustibles, bienes y servicios básicos.

Así mismo, están expuestos a eventuales venganzas si son acusados de pertenecer o ayudar a un determinado bando, así como al reclutamiento forzado de sus menores y a la "ocupación" de sus viviendas, escuelas y edificios comunitarios, especialmente por miembros de la Fuerza Pública, según el informe.

En cuanto al desplazamiento forzado, más de 13.500 indígenas "fueron expulsados de sus territorios ancestrales" como consecuencia del conflicto entre 2000 y 2010, según datos recogidos por Codhes del Sistema de Información de Población Desplazada (Sipod) de la Agencia Presidencial para la Acción Social.

Sin embargo, Codhes anota que esas cifras corresponden solo a los que llegaron a las cabeceras municipales de la región como Florencia (Caquetá) y Villavicencio (Meta) y señala que buena parte del desplazamiento se da en el interior de los mismos resguardos o entre éstos.

Como ejemplo, el informe cita el caso del pueblo Jiw, en el que un 75 por ciento de sus poco más de 2.000 miembros ha sido víctima de desplazamiento forzado durante la última década.

"Si bien el desconocimiento del principio de distinción entre combatientes y civiles ha sido una constante en el conflicto armado", en muchas zonas del sureste del país "se hace más evidente el desconocimiento de esta norma clave del Derecho Internacional Humanitario", concluye el informe.
 
EFE