El confuso futuro de la salud en Colombia

El lunes pasado el presidente Juan Manuel Santos sancionó la nueva Ley Estatutaria de la Salud. Según el mandatario, con esta reforma se acabarán algunas cosas que hoy atormentan a los colombianos. El 'paseo de la muerte', el abuso en los precios de los medicamentos, el POS, llegarán –según él- a su fin.

La salud dejó de ser un servicio obligatorio y pasó –según Santos- a ser un derecho fundamental que se debe garantizar a toda la población. Es decir, ahora no solo se podrá exigir un servicio médico argumentando el respeto por el derecho a la vida sino que, además, se agrega a la lista otro derecho por el cual pelear: a la salud.

"Ahora los colombianos somos pacientes y no unos simples clientes… Los hospitales no podrán alegar problemas de afiliación, falta de contratos con las EPS o dificultades al tramitar las autorizaciones", aseguró el mandatario al resaltar las ventajas de la nueva ley.

¿Qué retos tiene el sistema de salud? ¿Qué opinan los distintos sectores de esta Ley Estatutaria? ¿Los recursos alcanzan para cumplirles a todos? Estas fueron algunas de las preguntas que intentaron responder médicos, administradores, economistas, estudiantes, científicos, entre otros, en el IV Congreso Nacional de la Asociación Colombiana de Economía de la Salud que se llevó a cabo esta semana en la ciudad de Cali.

La capital vallecaucana no respiraba mucha convicción. La ley tiene un objetivo de llegar a todos los colombianos y de acabar con la inequidad en el país, o por lo menos así la ha presentado el Gobierno. Que a todas las personas se les cumpla este nuevo derecho, sin distinguir de clase social, es el ideal. La utopía que toda sociedad anhela. Pero es innegable que hace falta más explicaciones sobre cómo se logrará.

De ahora en adelante los hospitales deberán tener disponibilidad para todas las personas que necesiten atención médica, se requerirán los profesionales necesarios para atender a los pacientes, la oferta de medicamentos aumentará, y, por supuesto, la inversión. ¿Se logrará?

Ramiro Guerrero, economista y director del Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud (Proesa), habló con Semana.com y aseguró que “toda la población tiene derecho a muchas cosas,  pero en la ley hay un desbalance estructural entre lo que se promete y los recursos que hay para cumplir”. Al parecer, Santos se metió en una camisa de once varas.

Otro reto grande que salió a relucir en el congreso, es que el Gobierno debe tener una mejor regulación, inspección, vigilancia y control en el sistema de salud. Las entidades deben empezar a tener funciones específicas y definidas.

Son muchas las instituciones las que se traslapan funciones de una a otra y, al final, ninguna tiene responsabilidades claras. Si el Gobierno quiere llegar a todos, debe dejar detallada la labor de la Superintendencia de Salud, del ministerio, de las secretarías, y de cada institución que tenga competencias en este sector. “Hay líneas de autoridad que son inexistentes”, resaltó Ramiro Guerrero en ponencia.

En el congreso también se resaltó lo difícil que será lograr un acceso a la salud para todos, mientras las oficinas de inspección solo tengan sus ojos puestos en la capital del país. Es importante pensar en todo el territorio y de reformar entendiendo que cada municipio es diferente y merece un trato particular.

Varios analistas llegaron a una misma conclusión. Es necesario esperar y mirar cómo avanza la nueva ley, pues por ahora el panorama es confuso, y los vacíos y retos son muchos.

Una propuesta para avanzar

Entre los conferencistas invitados al congreso estuvo el estadounidense Michael Grossman, un reconocido economista de la salud que ha pertenecido a la Oficina Nacional de Investigación Económica.

Grossman ha sido considerado el cuarto mejor profesor de Economía de la Salud del mundo  y el segundo autor más citado en este tema. A lo largo de su vida académica ha desarrollado investigaciones que relacionan, muy estrechamente, la salud con la educación.

Para él, un mayor nivel educativo aumenta la “eficiencia productiva” del individuo y por eso espera que los más educados alcancen mejores estados de salud.

El investigador explicó a Semana.com que la inversión en educación aportará significativamente a la salud de las personas. “Un individuo educado sabrá alimentarse, sabrá tener en un su vida hábitos saludables, sabrá que el tabaco hace daño (…) tendrá una mejor calidad de vida”, dijo.

Si Grossman tiene razón, el gobierno colombiano podría pensar en una alternativa que beneficie en dos aspectos fundamentales para la sociedad y, quizá, salir bien librado de este gran reto en el que se metió.