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| 7/14/2012 12:00:00 AM

El Congreso: en cuidados intensivos

El Congreso se instala este 20 de julio. SEMANA le preguntó a cinco expertos si de verdad pasa por la peor crisis de su historia, si la revocatoria sirve y si es mejor, como piden algunos, que el gobierno no ponga en sus manos reformas claves.

El escándalo que generó la conciliación de la reforma a la Justicia golpeó brutalmente la imagen del Congreso. Según una encuesta de Gallup, su desfavorabilidad alcanzó un pico histórico del 69 por ciento a finales de junio, cifra que no se registraba desde el gobierno de Andrés Pastrana y que no alcanzó ni durante el proceso 8.000 ni con la parapolítica. Muestra de que está en crisis es que el Congreso que empieza su período legislativo este 20 de julio no contará con 17 parlamentarios por causa de destituciones, inhabilidades o suspensiones.

Ad portas de un nuevo período legislativo, SEMANA habló con Mónica Pachón, directora de Congreso Visible; Marcela Escandón, directora del Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política; Javier Hoyos, director de Gestión Legislativa y Gobierno; Fernando Giraldo, exdecano de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, y Héctor Elí Rojas, parlamentario andino y excongresista, quienes hicieron su diagnóstico de la corporación y formularon algunas recetas.

SEMANA: Algunas encuestas registraron el índice de desfavorabilidad más alto del Congreso en los últimos años. ¿Qué opina?

Fernando Giraldo:
Esta crisis es la más grave desde la Constitución de 1991. La parapolítica fue grave porque dio cuenta de la penetración de la mafia en las instituciones. Pero esta fue la continuación y demostró la falta de solvencia constitucional e institucional. Lo que nos pasó, en cualquier momento vuelve a pasar y en un instante se puede desbaratar todo el aparato del Estado.

Marcela Escandón: Que los congresistas hayan intentado alterar las relaciones entre las ramas del poder no se acerca siquiera a la gravedad de la parapolítica. Lo que ha cambiado es la manera de expresar la indignación gracias, en parte, a las redes sociales y a la forma como los medios de comunicación han replicado este descontento.

Héctor Elí Rojas: El Congreso siempre ha estado en crisis porque es muy cercano a la gente y hay un mayor control social sobre él, mientras que es muy difícil golpear la imagen de los jueces o del presidente. Claro que este es su peor momento después del 'narcomico' que buscó acabar con los procesos contra congresistas que recibieron plata de los carteles. Jamás se había visto que el Congreso utilizara la conciliación para introducir normas intolerables que lo beneficiaran.

SEMANA: Un sector del Polo ha propuesto revocar el Congreso. ¿Esa es una salida viable? ¿Por qué?

Mónica Pachón:
Creo que la revocatoria es una salida que no soluciona los problemas que generó esta comedia de errores. Es necesario reformar la Ley Quinta para transparentar el proceso legislativo y evitar la informalidad procedimental alrededor de instancias tan fundamentales como las comisiones de conciliación. Al respecto de la responsabilidad política que deben asumir los congresistas, creo que las elecciones deben ser el espacio.

Javier Hoyos: En la actualidad, la revocatoria solamente está prevista para alcaldes y gobernadores. Se han dado 47 intentos de revocatoria de mandatos locales y ninguno ha prosperado. La revocatoria del Congreso no está contemplada en la Constitución. Luego, para adelantarla se necesitaría una reforma constitucional propuesta a través de un referendo. Ello implicaría procesos costosos y demorados y, además, tendría que pasar por el mismo Congreso. Es una propuesta hecha al calor de los acontecimientos. Hoy será el Congreso, mañana serán las cortes y luego la Presidencia, lo cual causaría un caos institucional.

SEMANA: ¿Cuáles son los retos que tiene el Congreso en los dos años que quedan de legislatura?

M.P.:
Continuar con la agenda legislativa y reformar algunos de los procesos que no mostraron ser los más transparentes y eficientes.

J.H.: El Congreso debería repensar su papel en nuestra democracia y meditar más a fondo los temas que le plantea el gobierno. Debe abrir más espacios para discutir los temas y tener en cuenta las opiniones de la oposición; muchas de ellas se desechan por no estar en la coalición.

M.E.: Promover la rendición de cuentas y la transparencia, entregando a la ciudadanía información en tiempo real y no en gacetas semanas después; proponer, discutir y aprobar leyes de carácter social e incluyente, como la Ley de Participación Ciudadana para empoderar a los colombianos y aumentar la demanda de información y control de la política.

H.E.R.: El reto más grande que tiene es demostrar que es una rama independiente y autónoma del poder público, frente al gobierno de Santos. Separarse del gobierno, no para hacer oposición sino para hacer un verdadero control político. Demostrar que puede votar proyectos sin arrodillarse. Desde luego, que lea y estudie los proyectos.

SEMANA: Hay quienes han dicho que el gobierno no debería darle reformas importantes al Congreso. ¿Coincide con esas opiniones?

F.G.:
El Congreso, haga lo que haga, va a estar afectado por un desprestigio devastador. Los ciudadanos ya no le creen. La gente se despachó con calificativos porque le perdió el respeto. El Ejecutivo va a encontrar un ambiente adverso porque hay la sensación de que cuando aquel se vio perdido los parlamentarios fueron arrojados a los leones, como en el circo romano. Además viene la campaña para la reelección legislativa y cada uno va a tirar para su lado. Creo que la productividad se va a reducir.

J.H.: Si las reformas importantes no deben ser tramitadas por el Congreso, ¿quién debería hacerlo? El Legislativo tiene a cargo, básicamente, la expedición de normas que vayan ajustándose a las realidades sociales, políticas y económicas del país. Además, ha acometido muchas reformas legislativas y constitucionales importantes; lo que habría que definir es si estas reformas, que ha propuesto el gobierno y que piensa proponer, son realmente necesarias para el país.

H.E.R.: Creo que es una oportunidad para que el Ejecutivo lleve sus mejores reformas al Congreso y este demuestre que las puede debatir sin el sometimiento que ha demostrado.

SEMANA: ¿La falta de credibilidad en el Congreso, después de procesos como el 8.000 o la parapolítica, se debe al diseño institucional, por ejemplo, al excesivo presidencialismo, o a un problema de cultura política?

M.P.:
La falta de credibilidad en la política es universal. No obstante, en Colombia se han dado coyunturas que definitivamente hacen que la ciudadanía sienta mayor desconfianza en las instituciones. Varios factores inciden en esto: la presencia del narcotráfico y la influencia de los grupos ilegales le han hecho mucho daño al Congreso. El fortalecimiento de los partidos políticos ha sido lento y, por otra parte, ciertos líderes políticos, en vez de apostarle a los cambios estructurales y desde adentro, optan por la opción del cambio desde afuera de las instituciones, que es un arma de doble filo para la consolidación institucional.

F.G.: A los dos. El Congreso juega un papel fundamental como espacio de debate pero tiene una función supeditada a la del Ejecutivo. Cualquier decisión que tome solo tiene legitimidad si hay acuerdo con el gobierno. Pero ese acuerdo se rompió, como vimos, y se produjo una crisis. El Congreso es el damnificado porque es más vulnerable a la opinión pública. Pero también hay un tema de coyuntura: en el Congreso hay una lucha de poder de dos fuerzas políticas: una democrática, representada por Santos, y una segunda (con visos de antidemocracia), que lidera Uribe. Y se están despedazando para ver quién se queda con la mayoría de los parlamentarios.

M.E.: A una combinación perversa de ambos. Desde el diseño institucional tenemos unas reglas que favorecen el clientelismo y la desconexión entre el elector y el elegido. Los colombianos no saben cómo, cuándo o a quién pedir cuentas y, por su parte, los políticos no ven la necesidad de hacerlo. El 63 por ciento ni siquiera recuerda por quién votó para la última elección de Congreso, de acuerdo con cifras del Barómetro del Capital Social 2011. En consecuencia, el diseño institucional es reflejo y a la vez refuerza una cultura política descuidada e irresponsable, en la cual los ciudadanos nos quejamos pero no nos responsabilizamos de lo público.
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