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| 3/11/2002 12:00:00 AM

El Congreso electo será de línea dura

Un día después de que saliera el informe, presentado por el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la situación de derechos humanos en Colombia, SEMANA habló con José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch.

Por Paula Kling *
Washington, D.C.

Un día después de que saliera el informe, presentado por el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la situación de derechos humanos en Colombia, SEMANA habló con José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch y uno de los personajes con mayor influencia en Washington.

SEMANA: ¿Cuál es su reacción al reporte dado por el Departamento de Estado acerca de la situación de derechos humanos en Colombia?

José Miguel Vivianco: Es un informe que muestra con lujo de detalles la grave situación interna en Colombia, muestra el crecimiento del paramilitarismo, las atrocidades cometidas por ellos, los lazos de estos grupos con los militares y los abusos cometidos por la guerrilla. Este informe refleja el récord tan pobre que lleva Colombia en esta materia.

SEMANA: ¿Cree usted entonces que los avances, que dice el informe, que se han hecho contra el paramilitarismo no son tan reales?

J.M.V.: Ese informe parece escrito por dos personas distintas. Una que recogió la información y otra distinta la que interpretó e hizo la evaluación de esa información. Se ven dos líneas muy claras: los hechos y el análisis. Es muy transparente el esfuerzo que se hace por mostrar progresos, por concluir que se está avanzando a pesar de la evidencia que el mismo informe tiene. Se esfuerza por presentar la mejor cara posible de los supuestos esfuerzos hechos por el gobierno.

Por primera vez desde que terminó la Guerra Fría se está haciendo una lectura que no es. Creo que están pavimentando el camino que deje que en los próximos días, u horas, se haga entrega de los 400 millones de dólares en ayuda militar.

SEMANA: Usted apoya la decisión del presidente Andrés Pastrana de acabar con la zona de distensión. ¿No es verdad?

J.M.V.: Como siempre, preferimos una solución negociada a una militar en cualquier conflicto. Aquí el proceso fracasó, fue una buena oportunidad que se perdió. Como le consta a todo el mundo, el gobierno hizo grandes esfuerzos, y las Farc no modificaron su conducta. Ellos siguieron haciendo lo que están acostumbrados a hacer que es violar el Derecho Internacional Humanitario, secuestrando, ejecutando, usando armas prohibidas como cilindros de gas, atacando a civiles inocentes. El gobierno también hizo muy poco en este periodo para terminar con los lazos entre militares y paramilitares.

Pero durante todo este período (de negociación) no se registraron mejorías, más bien se incrementaron las violaciones por parte de las Farc y también de los paramilitares, de tal modo que no hubo ninguna mejoría del conflicto aunque el diálogo sea la mejor solución. Estamos preocupados por la exzona de despeje porque son 100.000 habitantes que nunca escogieron ser parte de este experimento. El gobierno de Pastrana les impuso el control de las Farc sin posibilidades de acudir a ninguna autoridad judicial para defender sus derechos.

Cuando terminó el proceso, nuestros primeros llamados fueron al gobierno de Pastrana para que tomara las medidas para asegurar que la población civil no sufriera las consecuencias del rompimiento del proceso, especialmente por vía de los paramilitares, pero también de los militares.

SEMANA: ¿Cómo ve usted, en cabeza de Human Rights Watch, las próximas elecciones presidenciales en Colombia?

J.M.V.: Nos preocupa muchísimo el proceso electoral en estas condiciones. Para nosotros las elecciones libres y limpias, donde haya realmente opciones para el pueblo, sin fraude, y en condiciones que no sean de intimidación, es la piedra angular de un régimen democrático, de donde surge la legitimidad de las autoridades democráticas en cualquier país. En estas condiciones, la composición del Congreso puede ser producto de las amenazas provenientes de las Farc y paramilitares. Esto probablemente fortalezca a los que tienen posiciones más duras y sirva para que se eche al olvido la seguridad de la población civil no combatiente en este conflicto.

SEMANA: ¿Qué quiere decir con "los de línea dura"?

J.M.V.: Nos hemos reunido con varios candidatos y es evidente que las líneas son distintas entre Uribe y el resto de los candidatos. Por lo menos la percepción de la opinión pública dentro y fuera de Colombia indica que Alvaro Uribe representa una línea dura. Poco se unen las aguas ahí. Pero lo importante no es emitir juicios respecto de los candidatos porque mi experiencia, en Colombia y en otros países, es que en todas partes los candidatos dicen lo que la gente quiere escuchar y más que juzgar discursos o promesas, a mi juicio es más importante juzgar al actual gobierno y al nuevo por resultados concretos en el terreno.

SEMANA: ¿Cómo ha cambiado la mirada de Washington hacia los derechos humanos y la lucha global contra el terrorismo después del 11 de septiembre?

J.M.V.: Después del 11 de septiembre han ido ganando más y más terreno aquellos en Washington que promueven un programa de cooperación —o una intervención— de los Estados Unidos distinta a la que hasta ahora se ha mantenido, que ha sido suscrita al tema del narcotráfico. La idea actual es ampliar esa cooperación de Estados Unidos con material de seguridad interna hacia Colombia. Eso se ha ido incrementando claramente después del 11 de septiembre y yo creo que se ha ido fortaleciendo más después de que el presidente Pastrana dio por terminado el proceso de paz. No todo el mundo piensa así pero la gran mayoría sí.

Lo importante es que cada vez son más los pronunciamientos del gobierno americano que hacen referencia al tema del paramilitarismo como un grupo terrorista, al igual que la guerrilla, que se alimenta del narcotráfico. Cada vez que sale el tema de Colombia a la mesa, incluso en los sectores más duros, señalan que es necesario combatir o buscar fórmulas para ayudar a las autoridades democráticas Colombianas a combatir a las Farc, el ELN y los paramilitares. El consenso es que Washington debe ampliar su participación en Colombia.

Hay que redefinir el aporte que los Estados Unidos pueden hacer en Colombia y creo que el único argumento que tiene la administración Republicana de Bush para conseguir el crítico apoyo vital de los Demócratas en el Congreso es que se redefinan los objetivos como un esfuerzo para fortalecer la democracia en Colombia, el valor de los derechos humanos y combatir los grupos al margen de la ley. Yo creo que por ahí, dentro de este marco, esto puede tener algún futuro.

SEMANA: La percepción que tiene la gente en Colombia es que cuando se habla de ayuda de Estados Unidos es siempre militar. ¿Cómo se ve la ayuda en lo social?

J.M.V.: El 80 por ciento de la ayuda ha sido militar hasta ahora. Parte de la ayuda se destina como administración de justicia, mejoramiento de la Fiscalía, de la Procuraduría y de la Defensoría, pero acá en Washington lo que importa es el grueso de la ayuda, el 80 por ciento que se entiende como fortalecimiento del Ejército, combatir el narcotráfico y erradicación de cultivos ilícitos. Lo que se trata es prevenir que batallones nuevos que reciban entrenamiento y apoyo logístico de inteligencia y de equipos, puedan realizar labores que vayan más allá que las simple labores en el ámbito del narcotráfico. El debate es más o menos complejo por los derechos humanos y los grupos paramilitares que por lo menos para el Departamento de Estado está claro que siguen formando parte de esta categoría de grupos terroristas con alcance global.

SEMANA: Hay un problema que seguramente se va a agravar con el rompimiento de las negociaciones y es el tema de los desplazados. ¿Qué se ha pensado para que los países vecinos a Colombia sean solidarios con los refugiados?

J.M.V.: Creo que la comunidad internacional está dispuesta a apoyar a esos países (vecinos de Colombia) y ha habido recursos para esos objetivos tanto en Venezuela como en Ecuador porque el drama humano y lo que va ocurrir ahora, va generar más desplazamiento. Colombia debe entender y aceptar que no cuenta con los recursos, que no está en condiciones de absorber este problema, que las secuelas de todo esto las van a pagar la población civil. Para eso se necesita una acción mas concertada de Colombia y de los países vecinos para buscar una estrategia que permita generar recursos para aliviar la situación de la gente que se encuentra en esas condiciones. Se requiere ayuda de agencias no gubernamentales que tienen los fondos para ayudar en casos de este tipo de conflicto. También se requiere agencias de policía.

Hay que partir por aceptar que se requiere apoyo de la comunidad internacional para enfrentar esa tragedia; si eso es así, va a ser más fácil. Si la comunidad internacional tiene que ofrecer su ayuda a contrapelo, va a ser más difícil.

* Corresponsal de SEMANA en Nueva York.
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