EL CONGRESO EN RUINAS

El Congreso colombiano ya puede ingresar a la lista universal de la infamia. En la historia de los Estados modernos no figura ningún país que tenga 51 congresistas investigados por la justicia (el 20 por ciento del Congreso) y 27 de ellos en la cárcel. Las razones de sus detenciones son aun más preocupantes que la magnitud propia del escándalo: pactos secretos con grupos ilegales, financiación de paramilitares, constreñimiento al elector y, en algunos casos, acusaciones de participar en masacres y secuestros.

La semana pasada detuvieron a tres congresistas más. Y el efecto dominó va a seguir. La mancha negra de la para-política sigue extendiéndose por el territorio y salpicando a más parlamentarios. La mayoría de estos 'padres de la Patria' están involucrados en un maquiavélico proyecto político construido sobre la dialéctica del plomo y la motosierra de los paramilitares, y con el telón de fondo de miles de campesinos que lloraban a sus familiares masacrados y de millones de campesinos desplazados por el terror.

Hoy, el temor se trasladó del país rural al Congreso de la República. Del miedo campesino a la violencia rural se pasó al miedo a la justicia en la clase política. En el Congreso cunde el nerviosismo. Cuando suena un teléfono, cuando pita un fax, o cuando se oye una sirena. Pero no es sólo la tensión y la sensación de debilidad. Es la llegada de unos suplentes sin criterio ni representación.

Los ejemplos del hoy representante a la Cámara Víctor Julio Vargas y del senador Ricardo Ariel Elcure ilustran la crisis de representatividad. Vargas asumió la curul con escasos 2.907 votos y Elcure con 4.017. Esas dos cifras son menores, incluso, que los votos obtenidos por ciudadanos corrientes para ser elegidos como ediles en localidades de Bogotá. Y lo que es aun más grave, de todas maneras también se están beneficiando de los votos supuestamente obtenidos con ayuda de paramilitares: sin los 173.000 votos obtenidos por Álvaro García, Miguel de la Espriella y Mario Uribe -los dos primeros detenidos y el otro investigado-, su partido, Colombia Democrática, no habría logrado superar el umbral necesario para darle la curul que hoy ocupa Elcure.

Y el caso se repite prácticamente con todos los congresistas que están hoy reemplazando a los salpicados por el escándalo. Es decir, la justicia está haciendo su tarea de sancionar a los individuos, pero el Congreso sigue igual de enfermo. Hay dos partidos, por ejemplo, que tienen más del 50 por ciento de sus votos cuestionados (Colombia Viva, el 71 por ciento, y Colombia Democrática, el 63 por ciento) y siguen con el derecho a ocupar todas las curules que se ganaron con los votos viciados.

En algún momento, de llegar a consolidarse un número importante de condenas, se tendrá también que evaluar la legitimidad de la elección en general. Hoy están investigados o tras las rejas, congresistas por los cuales se depositaron 2.223.447 votos, es decir, estaría viciado el 11 por ciento del total de los votos. Y si se tuvieran en cuenta sólo los votos del total de senadores y representantes elegidos, el porcentaje de sufragios contaminados sería del 18 por ciento.

Las cosas están muy complicadas. La actual situación del Legislativo lo ha vuelto frágil y manipulable. Las últimas legislaturas han brillado por su paquidermia. Temas que necesitan debate y son cruciales están paralizados: como el de darle a la Corte Suprema y quitarle al Ministerio de Trabajo la facultad de declarar una huelga ilegal -exigencia para aprobar el TLC en Estados Unidos-; o la ley que se necesita para encontrar una salida al limbo jurídico en el que están 9.000 paramilitares. Pero también se ha vuelto un Congreso asustadizo -la agresión entre los congresistas está a flor de piel- y manipulable -sobre todo con una Presidencia de la República tan fuerte y un primer mandatario tan popular-.

¿Cómo puede este Congreso cuestionado, al que le quedan más de dos años de vigencia, debatir reformas fundamentales del Estado? ¿Qué puede ocurrir si llega hasta el Capitolio un proyecto de reforma o un referendo que proponga la reelección por tercera vez? ¿Es ilegítimo este poder legislativo?

Es un cuadro surrealista y dramático que obliga a pensar qué hacer con este Congreso. Porque definitivamente lo peor que le puede pasar al país es que se imponga la tesis de que es mejor dejar las cosas así, y que el Congreso siga como una especie de elefante blanco que termine convirtiéndose desde la institucionalidad en un monumento a la impunidad.

La solución no es nada fácil. En las leyes están previstas las sanciones para los congresistas, pero no para los partidos, por este tipo de prácticas. Por eso ya se alzan voces de revocatoria y anticipación de elecciones. La senadora uribista Gina Parody pidió "tomar medidas extraordinarias para hacer frente a esta crisis extraordinaria" y propuso "una reforma constitucional en la que se llame a nuevas elecciones, con sanciones para los partidos que inscriban candidatos vinculados con la ilegalidad".

El senador del Polo Democrático Gustavo Petro y el presidente del Partido Liberal, César Gaviria, se mostraron también partidarios de la revocatoria, siempre y cuando se adelanten todas las elecciones que corresponden a 2010. Otros, como el ex senador Rafael Pardo, abogan por una reforma 'estructural' que depure la política. Y el editorial del Nuevo Siglo pide retomar la idea de la primera campaña de Uribe de reducir el Congreso de dos a una sola cámara y el número de legisladores de 266 a 150, para lo cual se podría adelantar las elecciones.

El Presidente -que hace un año promovía aprobar las sanciones para los partidos vinculados con los paramilitares- pidió esta semana que Colombia no dé un salto al vacío. Y, como es costumbre, ya hay movimientos cívicos recogiendo firmas para descabezar al agonizante Congreso.

¿Por qué no es viable una revocatoria? Aunque es una figura muy popular, hoy es prácticamente imposible que logre el efecto que se espera. La sola recolección de firmas es un trámite demorado y si se suma a los otros pasos engorrosos de ley, se agotan los dos años y cuatro meses que le quedan a este Congreso. Y como bien lo sugirió el Presidente, es un mensaje innecesario para los inversionistas extranjeros y deja un amargo sabor de pérdida de control y de instituciones desbaratadas que le restan confianza al país.

En Colombia se ha revocado tres veces el Congreso: en 1905, durante el gobierno de Rafael Reyes, para poder hacer los cambios constitucionales que estaban congelados en el Congreso por el rezago de los roces entre los partidos tras la Guerra de los Mil Días. En 1949, el presidente Mariano Ospina Pérez trató de anticipársele a un Congreso que lo quería tumbar. Y en 1991, por la séptima papeleta ante la necesidad de cambios estructurales en el país.

La baraja de posibilidades para tratar de cerrar las zanjas que se están abriendo en pleno corazón de la democracia no es muy amplia. La carta más atractiva, sin duda, es la de aprobar la reforma política que ya lleva medio camino recorrido, con ciertos retoques imprescindibles.

En esta reforma constitucional, que ya fue aprobada en primera vuelta, están contempladas las sanciones necesarias para purgar el Congreso actual. Pero el problema es que hasta ahora está diseñada para ser aplicada a partir del Congreso que se elija en 2010.

La propuesta más viable y necesaria sería que en la segunda vuelta se corrija y se establezca para que las sanciones se apliquen de manera inmediata y así se evitaría soportar un parlamento herido de muerte por más de dos años. Desde el punto de vista jurídico, hay quienes sostienen que no se puede alterar de esa manera la reforma, sin embargo, sería la Corte Constitucional la que daría la última palabra.

El primer punto que contempla la reforma es que si un congresista es condenado por vínculos con grupos ilegales, su partido pierde la curul. Es decir, hoy ya habrían perdido escaños Colombia Democrática (Miguel de la Espriella y Eric Morris), Colombia Viva (Dieb Maloof), Partido Conservador (Alfonso Campo) y Apertura Liberal (Jorge Luis Caballero). Y se tendrían que hacer de nuevo las sumas y restas necesarias para ver qué nuevos congresistas, de otros partidos, pueden llegar a ocupar esas vacantes. Lo cual significaría que partidos independientes como Mira, o de oposición como el Polo Democrático, tendrían una bancada más grande. E incluso, la lista liderada por el ex alcalde Enrique Peñalosa -que no salió- podría llegar al Senado.

El segundo punto es que los votos de cada congresista condenado se le restan al partido respectivo y si con la suma del resto de votos de la colectividad no alcanza el umbral, pierde todas las curules que tenía y la personería jurídica.

Y el tercer punto plantea que si el partido pierde más del 50 por ciento de sus representantes o senadores, pierde también la personería. En este momento estarían en riesgo partidos como Colombia Democrática, de Mario Uribe (con tres detenidos y cuatro investigados); Colombia Viva, de Dieb Maloof (con un detenido y cuatro investigados); Convergencia Ciudadana, de Luis Alberto Gil (con un detenido y cinco investigados), y Apertura Liberal, en el que milita el hijo de la empresaria del chance Enilse López, la 'Gata' (con un detenido y cuatro investigados).

Pero ¿qué tan legítimo es que un Congreso cuestionado como este se encargue de reformar la Constitución? Ya lo ha hecho, entre otras, con la reforma a las transferencias a los entes territoriales. Sin embargo, en este caso sería diferente si se tiene en cuenta que se trata de una reforma en la que, a manera de acto de contrición, los partidos mismos buscan castigarse para purificar la democracia.

Por eso, incluso, un grupo de consultores del Pnud propone retirar los otros puntos de la reforma política que no tienen que ver con estas sanciones: es decir, el aumento del umbral de 2 por ciento a 5 por ciento, que les recorta el espacio a los partidos medianos y privilegia a los grandes, y el castigo a la doble militancia. Ese tipo de cambios se podría discutir, cuando ya se haya llevado a cabo la purga y se relegitime el Legislativo.

No es fácil que los partidos acepten esta propuesta. Por eso es indispensable que se busque un pacto político entre los distintos grupos para que impulsen una reforma que le devuelva la credibilidad a un Congreso que va mantener una agonía dos años más.

Este coletazo de la para-política deja varias reflexiones. La primera, el abismo que existe entre la realidad regional y la realidad que se vive en las grandes ciudades. La fragilidad de las instituciones muchas veces capturadas por los grupos armados o por clanes políticos mafiosos. Esta triste realidad es suficiente para descartar cualquier propuesta de régimen parlamentario que cada cierto tiempo asoma la cabeza.

La segunda reflexión es que la historia de los escándalos políticos colombianos es la historia de la mutación del narcotráfico. Con un agravante, que con el transcurso del tiempo ha empeorado. En los 80, Pablo Escobar y sus secuaces llegaron al Congreso. Pero los tentáculos del narcotráfico no sumarían el 5 por ciento de los parlamentarios. En los 90, cuando el cartel de Cali decidió sobornar sutilmente a los políticos, el proceso 8.000 llevó a 26 congresistas a la cárcel (10 por ciento). Hoy, la alianza entre mafia y paramilitarismo lleva 51 congresistas investigados (19 por ciento).

Pero así como hay un resquebrajamiento del Congreso, hay un fortalecimiento de la Justicia. En medio de la crisis sobresale el trabajo de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía, a pesar de las dificultades. O, ¿qué otro país de América Latina puede decir que la justicia pudo arrodillar a la política? n