21 noviembre 2012

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El Congreso está dispuesto a desconocer el fallo de La Haya

FALLO DE LA CIJPolémica en el parlamento. El Senado está dispuesto a hacer soberanía sobre el archipiélago de San Andrés de una forma particular: no reformará la Constitución para modificar los límites del territorio nacional.

El Congreso está dispuesto a desconocer el fallo de La Haya. La canciller María Ángela Holguín en el debate sobre San Andrés en el Congreso.

La canciller María Ángela Holguín en el debate sobre San Andrés en el Congreso.

Foto: Daniel Reina / SEMANA

Las fórmulas que el Gobierno contempla para contrarrestar los alcances de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, que fueron explicadas este miércoles por la canciller María Ángela Holguín, parecen no convencer a parte del parlamento colombiano.

Fueron varios los senadores q
ue no sólo le insistieron al Gobierno en desacatar el fallo del tribunal de La Haya, un escenario que se advierte “políticamente inconveniente”, sino que plantearon una forma muy particular de ejercer soberanía sobre el archipiélago de San Andrés y su área marítima: no reformar la Constitución ni aceptar los “nuevos límites” territoriales que la CIJ definió el pasado lunes 19 de noviembre.

Roy Barreras, presidente del Senado, afirmó que la decisión de desacato es exclusiva del Gobierno y podría tener “graves implicaciones” internacionales. Otros parlamentarios, como el senador Armando Benedetti, le sugirieron a la canciller Holguín “dejar el miedo” y desconocer el fallo del tribunal. Recuerda que hasta Estados Unidos ha desconocido resoluciones de la ONU y hay 19 casos precedentes en los que se ha desacatado una sentencia de La Haya.

Esa posibilidad no fue contemplada por el Gobierno, que reiteró, en boca de la canciller, que el fallo es “inapelable”. Senadores como Jorge Londoño (P. Verde), Carlos Motoa (Cambio Radical) y Efraín Cepeda (P. Conservador) insistieron que Colombia no puede entrar en la controversia internacional de desatender la decisión.

Pero la forma como los parlamentarios consideran que se debe hacer soberanía en el archipiélago de San Andrés es no modificar los límites del territorio colombiano contemplados en la Constitución del 91.

El artículo 101 de la Carta Política señala que los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la República, y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la Nación.

Además, dice el mismo artículo 101 que “los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución, sólo se podrán modificar en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la República”.

Los liberales Álvaro Ashton y Luis Fernando Duque consideran que el fallo del tribunal de La Haya no corresponde ni a un tratado internacional ni a un laudo arbitral. Roy Barreras, presidente del Senado, insistió en que para modificar los límites, el Congreso debe recibir un tratado internacional avalado por el presidente de la República, pero anticipó que "al menos este Congreso, elegido por los colombianos en el 2010, no va a modificar los límites del territorio".

La senadora Alexandra Moreno Piraquive también pidió al Congreso, y al gobierno colombiano, rechazar y desconocer la sentencia de la CIJ, al encontrar una serie de errores e inconsistencias en la decisión que establece los nuevos límites marinos entre Colombia y Nicaragua, pues no sólo cercena una amplia área marina, sino que afectan los límites y tratados internacionales de Colombia con Honduras, Jamaica, Costa Rica, Panamá y Estados Unidos.

Moreno Piraquive también denunció una extraña coincidencia en la sentencia del tribunal de La Haya. El nuevo mapa trazado por los magistrados de la CIJ el pasado 19 de noviembre coincide con el mapa de concesiones petroleras que el gobierno de Nicaragua estaba dispuesto a poner en licitación en mayo del 2006, un año antes de que la CIJ se declarara competente para definir los nuevos límites marinos entre Colombia y Nicaragua.

“Este proceso no ha terminado y por lo tanto Colombia rechaza y considera ilegítimo que Nicaragua adelante una licitación de las áreas marítimas en cuestión para posibilitar la exploración y la explotación de petróleo y gas en un territorio que, pese al fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia, todavía no está en firme porque no se han agotado todas las instancias a que tiene derecho Colombia”.

La controversia que tuvo lugar en el Senado sólo demuestra que la incertidumbre tras el fallo no se resuelve.

La canciller María Ángela Holguín acudió al pleno de la cámara alta del parlamento a explicar las acciones que contempla el Gobierno para contrarrestar el fallo.

Holguín, en su primera intervención en el Congreso tras el fallo de la CIJ, dijo que le enviará una carta al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en la que señalará "los vacíos jurídicos", que, a juicio de Colombia, contiene la sentencia del tribunal de La Haya. Esa carta, entre otras, tendrá el propósito de llevar el diferendo entre Colombia y Nicaragua a la jurisdicción del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La canciller Holguín dice que el Gobierno está evaluando tal posibilidad. Pero no es la única. Porque, según la canciller, el Ejecutivo también está pensando "seriamente" retirarse del Pacto de Bogotá (1948), el mismo que suscribieron los países del continente americano para soluciones pacíficas y que confirió la competencia a la Corte Internacional de Justicia para la solución de conflictos.

Pero antes, anunció Holguín, Colombia acudirá a los recursos de "revisión" y "aclaración" del fallo de la CIJ. Para ello busca el respaldo diplomático de cuatro países del continente que, asegura, también se vieron afectados por la decisión: Estados Unidos, Costa Rica, Panamá y Jamaica. "La CIJ fue en contra de sus principios, que es no afectar a terceros".

Por eso, Holguín descartó que Colombia vaya a desacatar el fallo, pues aún hay recursos por interponer. Y de no prosperar, en tono de resignación explicó que el Gobierno colombiano llegará a acuerdos con el de Nicaragua para defender los derechos fundamentales de los sanandresanos, que tienen como principal sustento económico la actividad de la pesca.
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