Tribunal de aforados: el maquillaje a la Comisión de Acusaciones

Una de las promesas del Gobierno y el Congreso, en la gran reforma para equilibrar los poderes, era acabar con la inoperante Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. 

Varios y numerosos argumentos se expusieron para ponerle punto final a esta cámara. En toda su historia esta comisión ha sido incapaz de culminar un proceso contra los altos dignatarios que tiene que investigar, entre ellos el presidente de la República, los magistrados de las altas cortes y el fiscal general. Tanto que ha sido llamada ‘comisión de burlas’ o ‘comisión de absoluciones’.

El Congreso y el Gobierno tenían la oportunidad de reformar la manera como hoy se investiga a los altos funcionarios del Estado. Y aunque había fórmulas, el jueves en la noche, y con una muy ajustada votación, el Senado prácticamente se limitó a cambiarle el nombre a la Comisión de Acusaciones.

Ahora se llamará Tribunal de Aforados. Este sólo se limitará a adelantar investigaciones y no tendrá nada que ver con el juzgamiento de los funcionarios bajo su competencia.

Eso fue lo que indignó a la senadora Claudia López, quien fue derrotada por la plenaria en la propuesta que consiguió aprobar hace dos semanas en la Comisión Primera del Senado.

La fórmula de López era que ese tribunal estuviera conformado por nueve magistrados, divididos en tres salas. La primera investigaba, la segunda juzgaba y la tercera garantizaba la doble instancia.
Pero no. El Senado decidió que ese nuevo tribunal estará integrado por cinco magistrados y sólo se investigarán las conductas de los aforados que serán juzgados políticamente en el Senado.

Por eso la senadora de la Alianza Verde afirmó que, de aprobarse de esta forma, "este será el único tribunal en el mundo que no haga juicios".

Y más aún, el Senado decidió aumentar los funcionarios aforados. Cobijó ahora al procurador, el contralor y los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Es decir, mayores competencias para un tribunal que estará integrado con menos investigadores.

Con esta decisión, no sólo el presidente de la República y su vicepresidente tendrán juicios políticos en el Congreso, también los tendrán el fiscal, los magistrados de las altas cortes, el procurador, el contralor y los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Es decir, más funcionarios con fuero ‘cuasipresidencial’.

Por eso responsabiliza Claudia López al fiscal Montealegre, a quien señaló de atemorizar al Congreso para que este lo blinde de cualquier juicio penal. Sin embargo, en la Unidad Nacional la cuestionan por ser una mala perdedora.

En conclusión, la superreforma de equilibrio de poderes del Gobierno ha quedado en una reformita.

Por lo menos en lo que a la Comisión de Acusaciones se refiere, la gran reforma fue cambiarle el nombre, pasarla de 15 a cinco magistrados, pero sus herramientas y competencias parecen ser las mismas de la llamada Comisión de “absoluciones”.