Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 1991/07/08 00:00

EL CONGRESO: NO VA MAS

Con mucho sudor y lágrimas y sin mucha sangre, se logró la fórmula para revocar el mandato del Congreso.

EL CONGRESO: NO VA MAS

LO QUE TODO EL MUNDO estaba esperando, ocurrió. Después de muchos ires y venires y de toda clase de propuestas, contrapropuestas, amenazas, pataletas y pataleos, a la dos de la mañana del sábado pasado, las principales fuerzas políticas representadas en la Constituyente y el presidente César Gaviria, acordaron recomendarle a la Asamblea Constituyente que le revoque el mandato al Congreso Nacional.
Llegar a un acuerdo sobre esa materia no fue nada fácil. Se trataba de conciliar los intereses enfrentados de grupos nuevos como el Movimiento de Salvación Nacional y el M-19 con los de los partidos tradicionales y el Gobierno. Encontrar la fórmula que combinara revocatoria del mandato con impedimentos a los congresistas y no inhabilidades para los constituyentes con no revocatoria e inhabilidades para los constituyentes era toda una prueba de alquimia política. Pero finalmente surgió el alquimista: César Gaviria. En interminables reuniones con una y otra fuerza política, con todas al tiempo, con unas sí y otras no, el Presidente fue logrando que las fichas del rompecabezas encontraran su lugar.
El punto que hizo viable el acuerdo fue el de haber asumido como hecho irreversible que la Constituyente iba a derogar el mandato de los congresistas y que eso era inatajable. Con esa verdad de a puño, lo que había que buscar era crear unas condiciones para que esto causara las menores lesiones posibles y así lo entendieron casi todas las fuerzas políticas que conversaron con Gaviria.
Sin embargo, los temas adicionales a los de la revocatoria no eran de poca monta. Estaban en juego, además, las inhabilidades, futuras y retroactivas, tanto de congresistas como de constituyentes. En términos prácticos, inhabilitar a los constituyentes para participar en las elecciones para el nuevo Congreso, era cerrarles a Navarro y a Gómez la posibilidad de encabezar listas por sus movimientos. En el caso del Congreso, ese impedimento implicaba impedirles a los congresistas reconquistar en franca lid sus curules perdidas. Como si eso fuera poco, se abría paso también la posibilidad de que el ejercicio de múltiples períodos anteriores a la revocatoria sacara del juego definitivamente a muchos curtidos parlamentarios.
Por otra parte, había sobre el tapete las más diversas propuestas acerca de los mecanismos que debían ser utilizados para expedir las leyes complementarias que hicieran posible la entrada en vigencia de la nueva carta política del país. Estas iban desde darle funciones legislativas a la Constituyente, hasta incorporar constituyentes al Congreso para hacer la transición.
El acuerdo logró una fórmula intermedia que dejó satisfechas a la mayoría de las fuerzas políticas. Con la excepción del Partido Social Conservador, todos se pusieron de acuerdo: Gobierno, Partido Liberal y Movimiento de Salvación Nacional acordaron recomendar a la Constituyente aprobar como disposición transitoria en la nueva Constitución un artículo que ordene la convocatoria a elecciones para Congreso en una fecha posterior al 6 de octubre de este año, definida de acuerdo con la posibilidad de realizar la inscripción de cédulas. El texto transitorio establece, además, que mientras se instala el nuevo Congreso el 2 de febrero del año entrante, el Parlamento debe entrar en receso y no reunirse ni por iniciativa propia ni por convocatoria del Presidente de la República. Según el acuerdo, no podrán ser candidatos en esa elección ni los delegatarios de la Asambleas, ni los ministros del despacho, ni los funcionarios del Gobierno que no hayan renunciado hasta el viernes de esta semana. El acuerdo establece que no se le pueden aplicar inhabilidades retroactivas a los miembros del Congreso.
La fórmula acordada contempla también la integración de una comisión de 18 miembros elegidos por la Constituyente en sesión plenaria que podrán ser delegatarios o no y cuya función será consultiva, para que el Presidente tome las medidas que no tomó la Asamblea y que son indispensables para la celebración de las elecciones de Congreso.
Técnicamente hablando, el llamado acuerdo no lo es tal. Y no lo es, para evitar que sea interpretado como un acto administrativo del Presidente de la República y puede ser tumbado por el Consejo de Estado, que fue la suerte que corrió el llamado Acuerdo de la Casa de Nariño durante la administración Barco.
¿Quién gana y quién pierde con esta fórmula? El Gobierno ganó, porque logró mezclar el agua y el aceite quedó como el verdadero impulsor del nuevo orden institucional, sin enfrentarse con su partido, pues logró que el jefe único, Alfonso López Michelsen, estampara su firma en el acuerdo.
Como si fuera poco, la fórmula prácticamente obliga a la Coordinadora Nacional Guerrillera a acelerar las negociaciones para poder particlpar en las elecciones y de pronto hasta lograr un puestico en la comisión transitoria. El jefe liberal, por su parte, quien había cantado desde mucho antes lo que iba a ocurrir, logró impedir que fueran inhabilitados los congresistas y frenar las aspiraciones electorales de los constituyentes.
Además, la campaña electoral que prometió liderar, no tiene enemigos fuertes a la vista. Antonio Navarro se queda con el mérito de haber sido el padre de la criatura, en la medida en que fue quien con más ahínco impulsó la revocatoria del mandato de los congresistas. A pesar de que él queda por fuera de la contienda, se consolida su imagen lo cual puede rendirle frutos para sus aspiraciones presidenciales.
Alvaro Gómez se salió con la suya pues también le jugó a la revocatoria y en ese sentido ganó. Sin embargo, pierde en la medida en que se queda bloqueado para las elecciones y sin foro político para su desempeño. En cuanto a Misael Pastrana Borrero y el social conservatismo, aunque está por fuera del acuerdo y perdió su tesis de no revocatoria, ganó en la medida en que se conservaron las inhabilidades para los constituyentes y con ello le atravesó un palo a la rueaa de las aspiraciones de Gómez.
Pero independientemente de los beneficios o perjuicios inmediatos para unos y para otros, el acto más temido de las decisiones de la Constituyente, el enfrentamiento entre dos poderes públicos, parece haber sido superado con mucho sudor y lágrimas y sin mucha sangre.

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