El Congreso de la para-política

De loco y hasta de traidor fue calificado el vicepresidente Francisco Santos cuando, a principios de año, aseguró que entre 30 y 40 congresistas irían presos por vínculos con las autodefensas. Pero la magnitud del escándalo de la para-política superó hasta ese arriesgado pronóstico. El dedo justiciero de la Corte Suprema ya ha señalado a más de 60 parlamentarios, ha encarcelado 16 y la lista aún crece.

El Congreso fue el epicentro del destape. Se demostró que parte de los votos que eligieron a los miembros de la corporación fue resultado de la coerción armada y que algunos parlamentarios recibieron órdenes de jefes paramilitares para aprobar o hundir proyectos, como la Ley de Justicia y Paz. La alarmante evidencia puso en jaque la legitimidad de la institución, como nunca antes, ni siquiera durante el proceso 8.000.

Se habló incluso de la posibilidad de revocar el Congreso y de convocar a nuevas elecciones. Desde el llamado a indagatoria de los primeros políticos, el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, se ganó un jalón de orejas de su jefe, el presidente Álvaro Uribe Vélez por poner el tema sobre la mesa.

"Un Congreso que pierde así su legitimidad se debe revisar", afirmó ante la plenaria del Senado hace pocas semanas el senador liberal Héctor Helí Rojas y recibió el espaldarazo incluso de varios uribistas. El problema es que ni el Congreso ni sus miembros han pensado seriamente en vacunarse contra la para-política.

A pesar de la magnitud de la crisis y de que hoy, más que nunca, el país tiene los ojos encima de ellos y pide un cambio, los congresistas no se han pellizcado. Así se ve en su negativa de aprobar una reforma política para blindar el sistema electoral de la infiltración de los grupos armados y en su constante ausentismo por cuenta de las elecciones locales que consiguieron que la agenda legislativa se moviera en cámara lenta.

Seis proyectos de reforma política naufragaron este año. La razón más visible, la falta de voluntad política para darse la 'pela' en temas como la financiación pública total para las campañas políticas. Una medida que aunque controlaría la entrada de dineros ilegales a las elecciones, pareciera ser un sacrificio muy grande para algunos caciques acostumbrados a conquistar adeptos con los bolsillos llenos.

¿Cuál es la responsabilidad política e incluso penal que les cabe a los partidos por avalar candidatos cuestionados? ¿Cuál debe ser el destino de las agrupaciones que tienen más del 50 por ciento de sus congresistas en la cárcel? ¿Cómo blindar unas próximas elecciones contra los intereses de los armados? Son preguntas a las que el Legislativo no les dio la cara, pues parte de sus miembros estaban pensando cómo salvar su pellejo y otros prefirieron acompañar a sus candidatos a alcaldías y gobernaciones, que legislar.

El balance en general es pobre pese a que las dos mujeres que asumieron la presidencia del Senado, Dilian Francisca Toro y Nancy Patricia Gutiérrez, se pusieron los pantalones. La última de ellas llegó incluso a proyectar en pantallas gigantes a los más ausentistas, sin obtener resultados en el quórum.

Los pocos que trabajaron discutieron temas de gran envergadura, como la penalización de la dosis personal, la eutanasia, la aprobación de los derechos patrimoniales para parejas del mismo sexo y un proyecto para luchar contra la iniquidad presentado por la senadora Cecilia López con la asesoría de la Cepal y el Banco Mundial. Y aunque no se aprobó ninguna de estas iniciativas, su sola discusión fue un pasó adelante.

La oposición se anotó algunos puntos el primer semestre del año y les dio golpes certeros a algunos funcionarios del gobierno. Gustavo Petro sacó la cara por el Polo Democrático con su debate de la para-política en Antioquia, que puso con los pelos de punta al presidente Álvaro Uribe por mencionar sus fincas y las de su hermano Santiago Uribe como presuntos escenarios de reuniones de paramilitares.

Los liberales, por su parte, estuvieron más dispersos que en 2006, pero sacaron sus mejores escuderos a la hora de cuestionar al gobierno por las interceptaciones ilegales que organismos de inteligencia hicieron a políticos y líderes de opinión. Y que le costaron al gobierno la cabeza de nueve generales de la Policía. También cayó la ex canciller María Consuelo Araújo, en un debate donde fue duramente cuestionada por los supuestos vínculos de su hermano y su padre con el jefe paramilitar 'Jorge 40'.

Más adelante, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, pasó al banquillo. Se defendió con éxito de la acusación del jefe paramilitar Salvatore Mancuso de planear un complot contra el presidente Ernesto Samper con el apoyo de las autodefensas.

Pero aunque el balance es lánguido para el Congreso, el gobierno salió ganando. Pese a la tormenta, logró sacar adelante sus más importantes iniciativas. El Plan de Desarrollo, el presupuesto, el Tratado de Libre Comercio y el proyecto para reformar la Ley de Transferencias, la cual define el monto de los recursos que la administración central entrega a las regiones, hoy son leyes de la República. "Les voy a pedir a todos los congresistas que nos apoyan, que mientras no estén en la cárcel, voten", fue la directriz práctica y cuestionable que Uribe le dio a su bancada para bajar el termómetro del escándalo y lograr salir bien librado.

Y así pasaron y el Congreso no reaccionó a la crisis. Ni siquiera con la llegada de 38 reemplazos. Hay nuevas caras y más mujeres, pero tienen menos votos y poca representación. Y lo más grave es que no han sido exactamente sinónimo de renovación, pues varios de ellos ya han sido cuestionados por tener los mismos pecados que sus antecesores.