El Congreso que no quiere votar las grandes reformas

El dicho de que la justicia “solo es para los de ruana” no es cierto en el Congreso de la República. La mejor demostración de esto sucedió la semana pasada. El ministro de esa cartera, Yesid Reyes, fue a la primera vuelta de un proyecto de ley para regular la detención preventiva, una iniciativa clave para aliviar el hacinamiento carcelario y para que miles de personas no vayan a la cárcel antes de ser condenadas. Sin embargo, cuando llegó la hora de la votación, hubo un hecho sorprendente: 52 congresistas se declararon impedidos. La mayoría argumentó que no podía votar porque ellos o sus familiares tenían procesos penales. La cifra alertó pues en un momento en que se tramitan las grandes reformas a la Justicia deja mucho que decir que 52 de 102 senadores tengan problemas con la Rama Judicial.

Como cada impedimento tiene que ser estudiado individualmente, los congresistas duraron cuatro días en ese proceso, mientras la votación del fondo del asunto no alcanzó a tardar ni una hora. Algo similar pasó hace unos meses cuando se presentó el proyecto de equilibrio de poderes. Este –que puede ser la reforma más estructural del gobierno Santos– le quita muchos privilegios a las altas cortes y busca hacer más rigurosos los juicios contra los magistrados. En la primera vuelta, 65 senadores se declararon impedidos y muchos argumentaron que no podían legislar contra su propio juez.

En la lista de impedimentos para esta clase de proyectos hay razones de todo tipo. En el equilibrio de poderes, por ejemplo, la principal tiene que ver con el Tribunal de Aforados, el nuevo organismo que se crearía para reemplazar la inoperante Comisión de Acusaciones que juzga a los altos funcionarios. Álvaro Uribe fue uno de los primeros en manifestar su conflicto de interés pues tiene procesos abiertos en ese organismo. Algo similar sucede con Viviane Morales, quien por haber sido fiscal también tiene fuero ante esa comisión.

En otra categoría están los juzgados por la Corte Suprema. Por ejemplo, en las pasadas elecciones, según Verdad Abierta, 26 congresistas investigados por parapolítica fueron reelegidos. Hay otro grupo que no enfrenta procesos penales, pero son familiares de otros políticos que sí los tienen. Es el caso de Andrés García pues su mamá, Piedad Zuccardi está a la espera de juicio. También Alfredo Ramos por el proceso de su padre, el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, y de Mauricio Aguilar, el hijo del detenido coronel Hugo Aguilar.

Y por último, están los que el ministro Juan Fernando Cristo llama los de “por si acaso”. Allí están quienes tienen investigaciones pero previas, es decir, cuando en el proceso penal no existe aún la certeza de que se haya cometido un delito o de quiénes son sus autores. Como para que un impedimento prospere debe existir un interés real sobre una norma específica, a estos últimos la plenaria no les suele aceptar esto como un conflicto de interés. Por eso, para equilibrio de poderes solo se aprobaron 12 de los 65 impedimentos y para la ley de detención preventiva, solo tres de los 52.

Los congresistas ven los impedimentos como un salvavidas frente a posibles denuncias. Muchos terminan enredados judicialmente, a veces sin razón, durante años y tienen que contratar abogados que cuestan entre 30 y 200 millones para los procesos de pérdida de investidura y hasta 1.000 millones para los penales. Por eso, algunos expertos sugieren que se modifique el régimen disciplinario pues con una interpretación amplia cualquier congresista puede tener interés en cualquier ley. En otros países, los impedimentos de procesos judiciales no se tramitan por cada proyecto sino que se registran una vez son elegidos, al lado de los bienes y negocios que tienen que declarar.

Aunque no hay cifras oficiales, en la Corte Suprema cerca de 130 congresistas pueden tener hoy investigaciones penales, aunque más del 90 por ciento están en esa etapa previa. Eso sin contar con un megaproceso que podría no dejar títere con cabeza. Se trata de una investigación contra 250 congresistas del periodo 2010 a 2014 por la llamada ‘mermelada’. La Red de Veedurías denunció a los parlamentarios por prevaricato pues considera que “recibieron dádivas a cambio de su voto positivo en proyectos trascendentales”. Los oficios sobre este asunto llegaron al Congreso en plena discusión de equilibrio de poderes, en noviembre del año pasado. Por eso, muchos dijeron en ese momento que se trataba de una retaliación pues la Corte Suprema, aunque ha mantenido un bajo perfil en la discusión, ha rechazado esa reforma. Se ha dicho que entre los investigados podría estar incluso el actual ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; el director de Planeación Nacional, Simón Gaviria; el director del Sena, Alfonso Prada y el presidente del Senado, José David Name, quienes fueron congresistas en el periodo pasado.

La Corte Suprema es la que más miedo genera entre los congresistas, pero no es la única. Hay otro frente en el Consejo de Estado, que estudia las pérdidas de investidura. Esta corte ha sido la abanderada en contra de la reforma. Su presidente, Luis Rafael Vergara, ha dicho que es “despótica y dictatorial” y una forma de “acorralar a la Rama Judicial”. Esta semana los magistrados publicaron un documento de 64 páginas rechazando muchos de los temas ya aprobados. Han propuesto, por ejemplo, que en vez de un Tribunal de Aforados exista una Fiscalía Judicial y hasta han pedido que la ONU acompañe la reforma. En este momento hay una decena de congresistas con procesos en ese organismo incluidos los grandes líderes de opinión como Claudia López, Viviane Morales y los hermanos Galán.

 La Fiscalía también ha jugado un rol importante. Eduardo Montealegre fue el primero que rechazó de tajo los aspectos más polémicos de la reforma. Tanto así que la llamó la “segunda toma del Palacio de Justicia” y sugirió que era una venganza del Congreso contra las altas cortes por cuenta de la parapolítica. Como se recordará, en el gobierno de Álvaro Uribe la corte emprendió una cruzada para determinar si era verdad la afirmación de Salvatore Mancuso de que los paras habían puesto el 35 por ciento del Congreso. Cerca de 60 parlamentarios fueron condenados.

Pero la intervención del fiscal quedó sobre todo en evidencia esta semana. Un grupo de congresistas denunció que la fiscal Olga Claros, quien es el enlace entre esa entidad y el capitolio, los había presionado para tumbar un artículo que le prohibía a su jefe litigar durante los cinco años siguientes al abandono del cargo. Montealegre tuvo que salir a negar esas acusaciones y defender la presencia de la funcionaria en el Congreso.

“Va a ser muy difícil reformar a la Justicia en el Congreso porque los congresistas son quienes investigan a los magistrados y los magistrados a los congresistas”, señala el exfiscal Alfonso Gómez Méndez. Agrega que si a esto se suma los puestos que tienen muchos de los parlamentarios en la Fiscalía o los órganos de control como Procuraduría o Contraloría el asunto es aún más complicado. “La independencia se pierde por coacción o por seducción”, concluye.

Lo mismo piensa la senadora Claudia López quien asegura que los magistrados han hecho un “chantaje de frente” en el Congreso. “Una cosa es que las cortes puedan adelantar procesos contra los congresistas, eso está bien y hace parte de la democracia. Pero otra es que usen eso para extorsionar al estilo de cualquier Bacrim. Sin embargo, es un tema muy difícil de controlar porque ¿ante quién puede denunciar esto un congresista? ¿Ante las mismas cortes?”. Otros senadores consultados por SEMANA también reconocen esa presión. “En el Congreso no hay autonomía para discutir. La gente está asustada. Las cortes se han movido feo y han citado a congresistas para recordarles que tienen procesos abiertos”, dice uno de los ponentes de esta reforma.

En últimas, el problema es más amplio. Como reconoce el constitucionalista Juan Manuel Charry “hay un debate que dar sobre la politización de la Justicia y uno más grave aún, sobre la judicialización de la política. Como están las cosas ahora, ninguna reforma a la Justicia va a funcionar de verdad”. Por eso, muchos creen que aun si pasa la reforma de equilibrio de poderes, esta podría no ser suficiente. Gómez Méndez y Charry son partidarios de una Asamblea Constituyente solo para el tema puntual de la Justicia. Algo como la pequeña constituyente que propuso el expresidente Alfonso López Michelsen en 1977, que paradójicamente también fue tumbada por las altas cortes.