Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2009/12/19 00:00

El Congreso de la vergüenza

Nunca antes, como en 2009, Colombia había tenido un Congreso tan cuestionado y poco representativo.

El Congreso de la vergüenza

Este ha sido quizás uno de los peores Congresos de la historia reciente de Colombia. El retiro de dos terceras partes de los legisladores elegidos ya no se debe sólo a la tradicional 'palomita' por la cual los primeros de la lista permitían a los siguientes disfrutar los beneficios parlamentarios. Se debe, ni más ni menos, a que la mayoría de los elegidos en 2006 han renunciado a sus curules para ser juzgados por la Fiscalía y no por la Corte Suprema de Justicia en las investigaciones que los relacionan con la para-política: un escándalo en el cual hay 70 congresistas, de un total de 268 (102 senadores y 166 representantes).

Así, por cuenta de la relación de parte de sus miembros con los paramilitares, partidos uribistas como Colombia Viva y Colombia Democrática fueron desmantelados este año; departamentos como Córdoba perdieron casi toda su representación en el Senado y entraron al Congreso personas con muy poca votación. Este fue el caso de Juan Pablo Sánchez, quien llegó a la Cámara con 790 votos -menos de los que se necesitan para ser edil en Bogotá- después de que tres de los cuatro primeros miembros de la lista liberal de Caldas salieron del Capitolio por cuenta de la para-política.

Este Congreso de relevos fue el que, en medio de críticas por un presunto intercambio de puestos por votos, aprobó el referendo reeleccionista. Y la reforma política, además de permitir temporalmente el cambio de partido o 'transfuguismo' de los políticos elegidos, determinó una serie de castigos para los partidos, candidatos o miembros de corporaciones públicas que tengan alguna relación con grupos ilegales. Sin embargo, los congresistas actuales tomaron la previsión de salvaguardarse al determinar que castigos como la 'silla vacía' sólo se aplicarán después de las elecciones parlamentarias de 2010.

En cuanto al transfuguismo también hubo polémica. Para algunos, como Mónica Pachón, directora de Congreso Visible, esta norma temporal no tuvo mayor impacto, puesto que la mayoría de legisladores que se cambiaron de partido "actuaron consistentemente con la coalición de gobierno". No obstante, en términos de representación, el cambio de colectividad sí tuvo impacto. No en vano dos de cada 10 parlamentarios hacen parte de un partido diferente al cual pertenecían como candidatos. En plata blanca, esto significa que no vieron en sus partidos de origen ningún nexo ideológico que justificara su activismo en ellos y que se dejaron tentar por la poderosa fuerza electoral del uribismo. Los principales receptores fueron el Partido de la 'U', el Conservador y Convergencia Ciudadana.

Lo paradójico es que los parlamentarios, bajo el liderazgo del ministro Fabio Valencia, apoyaron el cuerpo general de la reforma política en el que, entre otras normas, estaba el 'transfuguismo'. Sin embargo, y aunque contaban con el gancho que permitiría anticipos estatales a sus campañas, no tuvieron el mismo interés en reglamentar esta reforma para especificar el régimen disciplinario de los partidos. Así, la reglamentación se hundió por cuenta de niveles extremos de ausentismo parlamentario que están siendo investigados por la Procuraduría.

A los desastres anteriores se suma la débil discusión de algunos temas fundamentales para el país. Así, la prioridad dada al trámite del referendo reeleccionista hizo que en medio de la crisis económica, por ejemplo, el número de debates y de proyectos sobre temas presupuestales, tributarios o financieros fuera inferior al 5 por ciento del total.

Si el Congreso hubiera permitido que los castigos a partidos y parlamentarios entraran en vigencia desde cuando se aprobó la reforma política, otro sería el panorama al cerrar el año. Pero no fue así. Algo de esperanza queda en que las normas generales aprobadas en esta reforma sirvan para depurar el Congreso que se elegirá en marzo de 2010. Pero, más allá de lo formal, la responsabilidad última radica, como siempre, en los ciudadanos al votar.

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