Domingo, 21 de septiembre de 2014

| 2013/02/23 04:00

El contentillo para los constructores

Mientras algunos constructores protestaban por la forma estricta como se otorgarán las nuevas concesiones, el gobierno hizo un cambio en la reglamentación de la ley que en últimas ayuda a bajar la presión.

Antes la Ley no permitía que los privados presentaran propuestas de inversión en proyectos donde el gobierno ya adelantaba estudios. Esto limitó a un grupo de contratistas que tiene concesiones viales próximas a vencerse. Con el Decreto presidencial se calmaron los ánimos. Foto: Agencia Press Photo

Afinales del año pasado, el alto gobierno comenzó a ser asediado por una suerte de intrigas cuyo origen era el descontento de poderosos constructores insatisfechos por la forma como se piensan otorgar contratos por cuatro billones de pesos para vías. Esto generó un llamativo imprevisto para comenzar a implementar el llamado ‘gran salto en infraestructura’ anunciado por el presidente Juan Manuel Santos.

Uno de los puntos de insatisfacción en un sector de los constructores es que ya no se van a entregar más anticipos –que se habían convertido en fuente de corrupción– y ahora las obras solo se pagan cuando se terminen. El problema es que los proyectos que se están cocinando son de tal magnitud que muy pocas firmas de ingeniería colombiana –prácticamente solo cinco de ellas– tienen el músculo financiero para participar solas. En este punto, el gobierno se mantuvo firme y puso a las firmas criollas a buscar aliados internacionales con los que sí puedan cumplir con las exigencias, pero con el temor de quedar como subcontratistas de grandes conglomerados. 

Otro sector de constructores, que está ad portas de que se le terminen sus contratos bajo el esquema de concesiones de primera generación, está buscando mantenerse con esos jugosos negocios. Para esto, bajo la nueva Ley de Alianzas Público Privadas (APP) pueden hacer ofertas y por esta vía, con nuevas condiciones, continuar con los corredores viales que han administrado por años. El problema es que un artículo de la reglamentación de esa ley no permitía que los privados presentaran propuestas en proyectos donde el gobierno ya había comenzado a invertir recursos en estudios ya sea de mejoras, de nuevas construcciones o de dobles calzadas. Y esta era la situación de varias de esas concesiones.

Era tal el malestar que incluso algunos contratistas llegaron a sugerir que una fórmula era la salida del presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade. Sacar al maquinista de la locomotora de la infraestructura, cuando recién enciende motores, era sin duda una gran amenaza que torpedeaba uno de los frentes clave en los que el gobierno no se pude dar el lujo de fallar. 

En ese contexto surgió una propuesta que lideró el Ministerio de Transporte para cambiar dos puntos de la reglamentación de la ley de APP, que derivó en el Decreto 100 firmado el pasado 25 de enero. Uno de los cambios autoriza que los privados presenten propuestas así el gobierno esté adelantando proyectos en paralelo. Solo se prohíbe cuando los términos de las iniciativas públicas estén inscritos en el portal de contratación. Con esta medida se logró calmar los ánimos de los poderosos contratistas.

Esta revista pudo saber que gracias a este cambio al menos tres grandes y reconocidos constructores del país podrán mantener unas propuestas que coinciden con estudios que ya viene adelantando el Estado. Uno de ellos es Luis Carlos Sarmiento, en uno de los contratos de la vía al Llano. Eso no quiere decir que el gobierno no pueda seguir con sus estudios y al final del camino se sabrá cuál de las dos propuestas trae más beneficio público.

El viceministro de Transporte, Nicolás Estupiñán,? le dijo a SEMANA que el origen de esta iniciativa fue resultado del propio análisis del gobierno para permitir una mayor competencia, y que si bien había unas voces de concesionarios que veían limitada su posibilidad de hacer propuestas, esto no fue determinante. 

Está por verse cuál será el efecto de esta medida, pues países como Chile y Perú, que llevan años con esta clase de negocios entre privados y sector público, no permiten este tipo de paralelismos. “Es pura innovación criolla” comentó una fuente de uno de los ministerios que participó en los intensos debates que se dieron en los equipos técnicos que buscaron la mejor forma de implementar la iniciativa.

El cambio que se le hizo por decreto a la reglamentación no es necesariamente malo. Solo cuando se aplique se verá si es positivo o negativo. Lo cierto es que una de las cosas que se buscaba con la ley de APP es que hubiera varias opciones y así poder escoger la más adecuada. En un contexto de debilidad institucional –como puede ser en algunas gobernaciones y alcaldías– esto simplemente puede significar plegarse a las condiciones que imponen los privados.

Por eso, más allá de cualquier debate técnico o jurídico, de confirmarse que la modificación fue una suerte de contentillo para un grupo de concesionarios, esta produciría un sonido extraño en el motor de la locomotora que recién arranca.

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