Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2010/11/06 00:00

El crimen de Arauca

SEMANA revela quién fue el responsable y cómo fueron los detalles del atroz asesinato de tres niños que conmocionó al país.

Cientos de personas asistieron en Tame al funeral de Yenny Torres Jaimes, de 14 años, y sus hermanitos Jimmy y Jeferson, de 9 y 6.

El pasado lunes, el general Rafael Alberto Neira, comandante de la Brigada 18 del Ejército, y dos de sus hombres de confianza tuvieron la reunión más tensa de su vida. Era el mediodía cuando los oficiales se reunieron a puerta cerrada con el subteniente Raúl Muñoz Linares, para decirle que sobre él recaían todas las sospechas de la violación de dos niñas y el asesinato de tres menores en Arauca, un crimen espeluznante que tiene a la institución militar en la picota pública y sumida en una vergüenza de envergadura internacional.

Después de exhaustivas indagaciones que duraron dos semanas, todos los indicios lo comprometían. Después de escuchar a sus superiores, Muñoz estuvo en silencio por unos minutos. Después admitió: "Pido disculpas, mi mayor. Ese día, el 2 de octubre pasado, sí tuve relaciones con una niña, pero con consentimiento de ella". Se refería a una menor cuya violación fue denunciada por su madre en la Fiscalía de Tame. La confesión les produjo escalofrío. Más aún cuando a renglón seguido el teniente admitió que también había tenido relaciones con la niña de 14 años que fue violada y asesinada a punta de machete junto a sus dos hermanos de 6 y 9 años, y que fueron enterrados en una fosa cerca de su casa. Todo empezó cuando el subteniente Muñoz llegó a Arauca el 10 de agosto pasado, procedente de Caquetá, como comandante de la patrulla Buitres, adscrita a la Brigada Móvil 5. Desde finales de agosto, esta unidad militar está desplegada por la zona rural de Arauca, especialmente en Tame, un municipio donde a pesar de la ofensiva del Ejército, la presencia de guerrilla sigue siendo importante. En la patrulla que comandaba Muñoz había problemas evidentes. El 2 de octubre, en la vereda Caño Limón, exactamente a las 12:19 del día, un centinela que cuidaba el perímetro del campamento observó que Muñoz salió a hacer -supuestamente- "una necesidad", según le dijo a otro soldado. Pero solo lo vieron regresar dos horas después. "Venía mojado, con el fusil y el machete". Y le ordenó al peluquero de la unidad que le cortara el cabello hasta quedar rasurado.

Al día siguiente, una mujer increpó a los militares para denunciar que su hija de 14 años había sido violada por alguno de ellos. La madre afirmó que iría hasta Tame para hacer la denuncia formal ante las autoridades. Y así lo hizo. Le contó al fiscal que su hija había sido sacada a empujones por un militar que tenía una pañoleta y que se metió a la casa aprovechando que no había ningún adulto. El hombre intimidó a los otros niños de la casa y se llevó a la menor hasta un matorral cercano, junto a unas charcas. Allí se quitó la pañoleta con que se cubría la cara y con esta vendó a la niña. Luego, la obligó a desnudarse y abusó de ella. "Después de que él hizo lo que quiso conmigo, me dijo 'báñese con esa agua'; le dije que no porque esa agua estaba sucia, y agarró el fusil con señas de golpearme. Entonces, le hice caso", le dijo la menor a la Fiscalía. Según la niña, se trataba de un militar armado, con radio y unos binoculares. En medio del terror, la niña alcanzó a ver que la identificación del hombre en el uniforme empezaba por una 'R'.

Días después, los investigadores encontraron que el lapso en que ocurrió la violación coincide con los momentos de ausencia del teniente Raúl Muñoz del campamento, así como la ubicación exacta de la zona. Y que, contrario al "consentimiento" que argumenta el militar, lo que hubo fue una agresión carnal sin matices.

Las tropas continuaron su patrullaje durante los días siguientes hasta el domingo 10 de octubre, cuando una semana después de la primera violación la patrulla acampó en inmediaciones de la vereda Flor Amarillo. Allí, algunos militares visitaron algunas casas campesinas para intercambiar víveres. Una de las viviendas donde estuvieron los militares es la de don Álvaro José Torres, un humilde jornalero separado, que vivía con sus tres hijos: una niña de 14 años y dos niños de 9 y 6. Los tres menores permanecían gran parte del tiempo solos en la casa, porque la escuela de la vereda estaba de vacaciones.

El fatídico jueves 14 don José almorzó con ellos y salió para continuar con un corte en el que estaba trabajando. Sus hijos le habían informado que en los días pasados un uniformado del Ejército los visitó y preguntó por él en dos ocasiones. Pero José ni siquiera se inquietó, porque, dice, "el que nada debe, nada teme". Fue la última vez que vio a sus hijos. Ese día los tres niños desaparecieron.

Al final de la tarde, cuando regresó, encontró la casa desolada y empezó a buscarlos. Lo hizo hasta entrada la noche. Dio aviso a sus vecinos y pidió que le informaran si sabían algo, sin importar la hora. Al siguiente día continuó la búsqueda con la ayuda de los habitantes de la vereda, pero sin resultados. Lo único que encontraron fue algunos empaques de víveres que la patrulla militar había dejado botados por ahí. Pero de los tres pequeños, nada. Desesperado, José decidió ir a Tame para dar aviso a las autoridades, mientras los otros campesinos y amigos seguían indagando.

El sábado, los vecinos de la vereda decidieron profundizar la búsqueda y se metieron a lo más profundo de los matorrales. Fue así como encontraron dos extraños montones de chamizos. Los quitaron y la tierra recién removida fue para todos una imagen de la peor barbarie. Escarbaron un poco y dieron con un codo a medio sepultar. No había duda de que se trataba de una fosa con restos humanos.

De inmediato buscaron la forma de dar aviso a las autoridades y de notificarle a don José, en Tame. Dos campesinos recorrieron varios kilómetros de colinas hasta encontrarse con una patrulla del Ejército. Preguntaron por el jefe de la unidad y les informaron que desde el jueves tres niños habían desparecido y que posiblemente estaban en una fosa que acababan de hallar. El militar, sin perder ni por un segundo la compostura, les dijo que él no podía hacer nada porque no tenía funciones de Policía Judicial. Simplemente se limitó a tomar los datos completos de los campesinos. Estos hicieron lo mismo: se trataba del subteniente Raúl Muñoz.

Varios militares que escucharon a los dos campesinos hablando con el subteniente empezaron a sospechar de este al recordar algo extraño que ocurrió en el campamento el mismo jueves, cuando los niños desaparecieron.

Los testimonios de esos uniformados de distintos grados, que están en poder de la Fiscalía, dejan pocas dudas sobre lo que ocurrió. Uno de ellos afirmó: "Ese jueves, desde mi cambuche, vi salir al teniente Muñoz con un fusil y un machete como a las 12 del día. Se fue solo, pero no salió por el lado del centinela sino por el lado de mi cambuche, que era el último del campamento. Luego, recibí turno de guardia y a las 3:30 p.m. lo vi entrar: llegó con el machete y el fusil, venía todo lavado del cuello para abajo, como cuando uno se mete a una piscina".

La Cruz Roja Colombiana exhumó a los tres niños el sábado 16 entrada la noche. Aunque se trata de una zona de conflicto no se sabía de una escena tan bárbara: tres niños estrangulados y enterrados en dos fosas de 60 centímetros de profundidad. Los cadáveres fueron transportados en la madrugada hasta Medicina Legal de Arauca en donde se les practicó la necropsia y se tomaron distintas muestras. Allí se verificó que se trataba de Yenny Torres Jaimes, de 14 años, y sus hermanos Jimmy y Jeferson, de 9 y 6, respectivamente. Las necropsias indican que la niña fue violada y asesinada. Murió por un "shock hiperbólico" producido por una serie de lesiones contundentes en el cuello y el tórax perpetradas con arma cortopunzante. Los niños sufrieron traumas "de un arma cortocuntundente (sic) en cráneo, tórax y abdomen", según señalan las necropsias hechas por Medicina Legal de Arauca.

La población de Arauca, indignada por semejante crimen tan atroz, acompañó masivamente el funeral de los tres niños. El padre de los pequeños y sus vecinos señalaban como responsables a los militares que patrullaron sus veredas cuando ocurrió la tragedia. A medida que la indignación nacional crecía como espuma, las investigaciones del Ejército y de la Fiscalía hacían todo lo posible por aclarar lo ocurrido. Los altos mandos ordenaron desde el primer momento el retiro y la concentración de los militares que patrullaban la zona. Sacaron 60 uniformados y los aislaron, para dejarlos a completa disposición de la Fiscalía en la guarnición de Arauca.

El 19 de octubre, la Brigada XVIII entregó a la Fiscalía un informe, resultado de indagaciones internas, que detalla las inconsistencias en que había incurrido el subteniente Muñoz Linares y le pidió al ente investigador que recaudara como material probatorio "los machetes y equipos de campaña" de los militares aislados.

La Fiscalía entrevistó a los uniformados e incautó los equipos de varios de ellos para analizarlos. Una prueba química preliminar arrojó que siete presentaban rastros de sangre. Uno de estos correspondía al de Muñoz.

A medida que el círculo se cerraba, las indagaciones se concentraban en un grupo menor de militares sospechosos y, al cabo de unos días, prácticamente todos los indicios apuntaban directamente al subteniente. Varios soldados de la compañía Buitre narraron a los investigadores las extrañas ausencias del subteniente Muñoz. Un perito de Medicina Legal le practicó a este un examen integral el 21 de octubre y encontró que tenía en los brazos y antebrazos un conjunto de arañazos recientes, "compatible con hojas de maleza, espinas, u otro objeto delgado de consistencia dura". Ningún militar comentó acerca de una pelea o alguna situación que pudiera explicar las raspaduras en los brazos de Muñoz.

Luego de haber admitido ante sus superiores las relaciones sexuales con menores, el subteniente Ruiz fue trasladado a la Fiscalía especializada de Arauca para rendir indagatoria. Allí hizo un extenso relato sobre sus actuaciones entre el 10 y el 14 de octubre, cuando el pelotón bajo su mando rondaba la vivienda de los tres niños asesinados. Dijo que efectivamente había conocido a la pequeña Yenny y que había tenido dos encuentros fugaces con ella antes de sostener supuestamente una relación sexual consentida. "Éramos novios", dijo. Nadie le creyó.

Contó que el 14 de octubre llegó a la casa de la menor a la 1:30 de la tarde y que ella lo saludó cuando lo vio en la platanera. Allí se sentaron y empezaron a besarse. Narró así el encuentro sexual que tuvo con la menor ese día: "Le pregunté si ella había tenido relaciones y manifestó que no. Pasó una lloviznita ligera y escampamos los dos en el poncho. Le dije que quería estar con ella y dijo que le daba miedo. Le dije que siempre hay una primera vez (…) en eso trascurrieron como unos cuarenta minutos". Finalmente dijo que se despidió de la niña hacia las 4:00 de la tarde y que luego se enteró de que había sido asesinada.

Dentro de las indagaciones hechas por la Fiscalía a los militares hay varios testimonios que desdicen la versión del subteniente y su supuesto noviazgo. "El terreno no se presta para eso, por el enemigo", afirmó un soldado que explicó que por tratarse de una zona con presencia guerrillera histórica las precauciones son extremas. Ningún militar intenta entablar relaciones con los moradores, por seguridad.

Es obvio que Muñoz contó que había tenido relaciones con la menor porque sabía que negarlo era imposible: las pruebas de Medicina Legal en el cuerpo de la menor, lo delatarían sin remedio. Efectivamente el informe que coteja su ADN con las muestras de semen hallados en el cuerpo de la niña indican que es "554 trillones de veces más probable" que los espermatozoides provengan del teniente que de cualquiera de los otros uniformados a los que se les tomó muestra.

Con este informe anexo a la investigación, la Fiscalía decidió librar orden de captura el miércoles pasado y acusar al uniformado de la violación de dos niñas y del crimen de tres menores. En la audiencia pública, Muñoz insistió que no violó ni mató a los niños. Pero todos los hechos lo desmienten. Hasta ahora, todos los testimonios, los exámenes de Medicina Legal y las pruebas circunstanciales apuntan a que él fue el asesino.

Frente a este lamentable episodio, las Fuerzas Armadas han actuado de manera ejemplarizante. Pusieron la cara, asumieron la gravedad de los hechos, no descartaron a priori que un militar pudiera estar involucrado, abanderaron la investigación, dieron sendas ruedas de prensa para informar a la opinión y una vez se dieron cuenta de que todo apuntaba a que había sido un desadaptado del Ejército, le pidieron perdón al padre de los niños por el infortunio de haber acogido dentro de la institución a un criminal capaz de hacer semejante daño. Pero el desconsolado campesino ha dicho que el daño de perder a sus hijos es irreparable.

Para la institución militar este amargo episodio deja dos lecciones: que si se abren las puertas a la justicia y se aclaran los hechos, las responsabilidades individuales afloran y no tienen que cargar con la culpa de estos actos todos los militares, con lo que eso significa para su dignidad y legitimidad. Y la segunda lección es que una institución que ha crecido tanto en los últimos años requiere refinar los métodos de selección de sus miembros, pues no solo son una autoridad sino que viven con la fuente de poder que les brinda el uniforme que llevan y las armas que portan.

Episodios como el de Arauca, que han estremecido a toda Colombia durante varios días, no solo son irreparables para la familia, sino que deben ser irrepetibles para la sociedad. Y de eso debe encargarse el alto mando. Lamentablemente, a pesar de la reacción digna de la cúpula militar, nadie podrá devolverle los tres hijitos a don José.

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