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| 4/26/2008 12:00:00 AM

El crimen invisible

El Consejo de Seguridad de la ONU tiene sus ojos puestos en Colombia por la impunidad en el reclutamiento de niños: sólo dos juicios en más de 10.000 casos. En mayo llega la mano derecha del Secretario General para establecer un monitoreo.

El tema de los niños en la guerra parece escandalizar a muy pocos en Colombia. Un estudio reciente reveló que menores de 6 años son reclutados por la guerrilla, y el dato no mereció ni un titular de periódico. Tampoco se ha sentido ningún estremecimiento en el país por los relatos de los más pequeños de las tropas de 'Martín Llanos' -el jefe paramilitar que nunca se desmovilizó-, según los cuales a la hora del almuerzo les servían carne humana, asada, para que perdieran cualquier escrúpulo. Ni mucho menos a alguien pareció importarle que la mayoría de las fotos recuperadas del computador de Iván Ríos, el jefe del Secretariado de las Farc recientemente muerto, mostraran adolescentes, bonitas y felices, exhibiendo sus fusiles.

La indiferencia del país no sólo muestra que algo está descompuesto en la Nación, sino que de seguir así puede resultar costándole muy caro. El próximo mes viene a Colombia la mano derecha del Secretario General de la ONU para el tema de los niños en conflictos armados, Radhika Coomaraswamy, para coordinar los términos de un monitoreo especial porque el país hace parte de una penosa lista de 17 naciones del mundo cuyos estados patrocinan o permiten -este último es el caso de Colombia- el reclutamiento de menores en grupos armados.

Nunca antes el nombre de Colombia se había mencionado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en estos términos. Y el país no parece entender la gravedad del caso. Si bien no es tan delicado como estar en la 'agenda' del Consejo -situación en la cual el país pierde el control de sí mismo y lo asume este grupo elite de la comunidad de naciones-, la inclusión en esta lista es importante si se tiene en cuenta que por ninguna otra razón el tema del país ha sido puesto en observación por esta alta instancia.

De la constelación de países que promueven el reclutamiento de menores hacen parte Afganistán, Burundi, República Centroafricana, Congo, Irak, Líbano, Myanmar, Nepal, Somalia y Sudán. Colombia está en un segundo grupo, el de los que lo permiten (aunque en cualquier momento puede subir a la titular), con Chad, Filipinas, Sri Lanka y Uganda.

En Colombia el caso se ha tratado como un asunto menor. Tanto, que como por arte de magia ha desaparecido, en la práctica, un delito que como el de reclutamiento de menores es considerado de los peores crímenes de guerra. Los datos de impunidad son escandalosos: deberían estar abiertas por lo menos 3.500 investigaciones -ese es el número de menores que entregaron los paramilitares-, pero sólo se han iniciado 510 y de ellas sólo prosperaron dos.

Paradójicamente, mientras aquí no se hace justicia, la Corte Penal Internacional (CPI) tiene sus ojos puestos sobre el tema. El primer juicio que se hará en la CPI -por demás histórico, por ser el que inaugura este tribunal-, es el de Thomas Lubanga, de la República Centroafricana, por tres delitos que tienen que ver con reclutamiento de menores de 15 años, cometidos en 2002.

La senadora Gina Parody le ha pedido a la Presidencia en dos ocasiones que levante la reserva que puso Colombia ante la CPI -y de manera retroactiva- para garantizar que si no se castigan en el país estos crímenes, por lo menos los paramilitares y guerrilleros tengan que responder en La Haya. "En un ordenamiento constitucional no hay valor supremo distinto que el interés de los niños. Pero aquí no están siendo juzgados los que los reclutan para grupos armados, que es otra forma de esclavitud en el siglo XXI. Si la reserva ante la Corte Penal Internacional se hizo con el propósito de hacer la paz, pero ese requisito falló, entonces el gobierno debe levantarla. Y de manera retroactiva. No se puede mandar el mensaje de que el crimen no es investigado", argumenta Parody.

El tema, además, cada día se pone más caliente en Naciones Unidas. La secretaria adjunta Coomaraswamy, le pidió el pasado 12 de febrero al Consejo de Seguridad que sea más enérgico contra los violadores, propuso restringir viajes, excluir de toda estructura de gobierno y de cualquier tipo de amnistía a quienes incurran en ese delito.

En el más reciente informe del Consejo de Seguridad, publicado el 21 de diciembre, se denunciaba que se seguía usando niños en conflictos armados en una docena de países, entre ellos Colombia. El reporte no sólo señala a las Farc y a los nuevos grupos emergentes, sobre los cuales hace largos listados de las violaciones en las que han incurrido, sino que también le jala las orejas al gobierno porque aún utiliza menores con fines de inteligencia, porque no garantiza que alrededor de los campamentos de desplazados no sigan reclutando niños y porque detiene menores por estar en grupos armados, lo que va en contravía de normas internacionales.

Menciona tres casos: un niño desmovilizado de las Farc que fue utilizado como informante y que luego resultó muerto en combate con la guerrilla, dos niños (de 8 y 11 años) a los que el Ejército obligó a transportarle materiales, y el caso de Bebedó (Chocó), donde las Fuerzas Armadas proporcionaban alimentos a los niños a cambio de que se ocuparan de la limpieza y el mantenimiento de sus armas.

¿Qué tan extendido es el problema de reclutamiento de menores en Colombia? Cualquier cifra que se dé es una especulación. El dato que más se maneja es el de 10.000 niños, pero nació de una extrapolación hecha por una ONG. Pero hay datos que dan pistas sobre la dimensión. Por ejemplo, de una muestra de 10.700 desmovilizados o capturados de las Farc y el ELN, en promedio el 42 por ciento se hizo guerrillero siendo menor de edad. Con razón un desmovilizado de las Farc decía: "Tenemos un kínder en armas".

¿La presión para reclutar nuevos guerrilleros para reemplazar a los que se han desmovilizado o muerto puede llevar a las Farc a acudir cada vez a incorporar gente más joven a sus filas? Se han visto casos individuales, como el de una mujer que llegó hace un mes a Bogotá, procedente de Caquetá, con todos su hijos porque la guerrilla quería llevarse a los dos mayorcitos. Y otros más estructurales, como lo ocurrido entre 2002 y 2003 en los Llanos Orientales, cuando, por el afán de crear un ejército fuerte, en los bloques paramilitares sólo se veían rostros de niños de 10, 12 ó 16 años.

No se trata únicamente de cumplir una tarea para responderle al mundo, Colombia está en mora de plantear una estrategia inteligente para ponerle tatequieto a un fenómeno que le da un poderoso nutriente a la guerra y que pisotea la dignidad de niños y niñas (ver testimonios) que deberían tener los mismos derechos que el hijo de cualquier habitante de una ciudad capital. No sólo con los niños la guerrilla siempre tendrá una infinita bolsa para nutrir su ejército, sino que también es bueno recordar que los dos guerrilleros más temidos hoy, Manuel Marulanda y el 'Mono Jojoy', entraron a las filas a los 12 y 11 años, respectivamente.

La analista Natalia Springer hizo una reciente investigación sobre el tema, en la cual se ratifican muchos de los hallazgos de un estudio de la Defensoría del Pueblo de 2005, con datos preocupantes como que a los casi 500 niños entrevistados los vincularon al grupo armado ilegal en promedio de 12,9 años (3,2 por ciento de 6 a 8 años y 66 por ciento de 6 a 14 años), el 55 por ciento se dedicaba a transportar minas antipersona y el mismo porcentaje empezó la sexualidad antes de los 13 años.

Para los paramilitares y para la guerrilla también el tema puede ser más que una piedra en el zapato. En la Ley de Justicia y Paz quedó expresa la condición de que para acceder a los beneficios tenían que entregar a todos los niños combatientes, si se llega a comprobar que no entregaron a todos, podrían tener problemas.

Natalia Springer deja un interrogante abierto en su estudio, sobre ese punto: "En entrevista personal con Mancuso reveló que como parte de la estrategia de este grupo armado, se tomó la decisión de entregar una mínima proporción del total de los niños que componían las filas en las desmovilizaciones colectivas. Se recomienda un estudio de estas afirmaciones". Y en su informe, el Consejo de Seguridad de la ONU también llama la atención sobre el asunto: "Según cifras oficiales, en 2006 fueron desmovilizados 63 niños de las AUC, en comparación con 17.581 adultos. Sin embargo, no se hizo entrega de esos niños oficialmente, como requiere el proceso de desmovilización colectiva y se teme que haya niños que no hayan sido incluidos en ese proceso".

En medio del alborozo por los significativos triunfos militares del Estado en los últimos meses, que han traído un merecido respiro al país, a veces se tiende a olvidar que hay un conflicto que no es de poca monta dándose en zonas que, si bien pueden parecer lejanas, son parte vital de la Nación. El gobierno del presidente Uribe se ha dado cuenta en los últimos meses de la gravedad del asunto, y el propio mandatario creó en septiembre de 2007 un comité intersectorial para la prevención del reclutamiento en cabeza del vicepresidente, Francisco Santos.

A veces se tiende a pensar que lo del reclutamiento de niños ya es cosa del pasado. A veces se tiende a creer que el juicio de la historia será benévolo porque en todas las guerras los niños siempre han sido usados como 'carne de cañón'. Pero el país no puede darse el lujo de insistir en el error de hacer invisible un delito que por su recurrencia es una de las principales razones de que la violencia se reproduzca sin fin. No es ni ético, ni práctico.
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