Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2009/05/02 00:00

El crimen que partió la historia

El asesinato de Rodrigo Lara Bonilla hace 25 años cambió a Colombia.

El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, fue asesinado en Bogotá el 30 de abril de 1984. Fue el primer magnicidio del cartel de Medellín

La noche del lunes de 30 de abril de 1984, en la avenida 127 de Bogotá, tras la ráfaga de siete mortíferas balas de una ametralladora Ingram, la sociedad colombiana perdió su inocencia frente a un fenómeno con el cual había convivido por años. Con el magnicidio de Rodrigo Lara Bonilla, el joven ministro de Justicia, los narcotraficantes pasaron de ser considerados unos inofensivos 'mágicos' -unas personalidades que salieron de la nada y que eran más ricos que Midas- a ser vistos en su dimensión real. Unos sujetos que fueron capaces de ordenar el asesinato del máximo representante de la justicia en el gobierno eran algo más que unos prósperos empresarios, que pagaban cinco, 10 y 15 veces el valor comercial para quedarse con una propiedad.

Aunque la muerte de Lara no frenó las ansias por el dinero fácil y miles de colombianos han seguido lucrándose de ellas, sí marcó un hito en la relación entre el narcotráfico y el Estado. A partir de allí, es el tema primordial en el acontecer nacional.

El presidente Belisario Betancur lo planteó sin tapujos dos días después del crimen, durante el sepelio del único ministro de Justicia colombiano asesinado cuando ejercía sus funciones: "¡No más tertulias de salón para comentarios divertidos sobre quién acaba de hacerse rico con el tráfico de monedas manchadas de sangre!". Y para que no quedara duda de que todo había cambiado, agregó: "Colombia entregará a los delincuentes solicitados por la comisión de delitos en otros países".

Así, el magnicidio de Lara Bonilla se convirtió en el 11 de septiembre colombiano. Todo cambió. Los narcotraficantes, encabezados por Pablo Escobar y sus socios del cartel de Medellín, se convirtieron en el enemigo número uno de las autoridades. La extradición reemplazó a la justicia colombiana como el castigo máximo para los criminales.

Hoy, 25 años después de que el Estado colombiano declaró la guerra total contra los carteles del narcotráfico, muchos se preguntan si valió la pena. Si en cambio de reaccionar con tanta vehemencia, el gobierno hubiera optado en ese momento por la mano tendida, el país se habría ahorrado miles de muertos y miles de millones de dólares. Fueron Pablo Escobar y sus socios del cartel de Medellín los que derramaron la primera gota de sangre, los que cruzaron la línea en la arena cuando mataron al Ministro de Justicia.

Cuando la mafia, en vez de huir, decidió responder a la ofensiva del Estado con terror, dejó de ser narcotraficante para convertirse en narcoterrorista. Esa diferencia no es semántica, sino fundamental cuando se analiza si la muerte de Lara fue en vano o marcó un punto de quiebre.

Es cierto que el narcotráfico sigue boyante. Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína y la rentabilidad del negocio está intacta. Las rutas de tráfico se renuevan sin contratiempos y no importa quién las maneja. Son tantas la plata y la recompensa, que siempre habrá alguien que se arriesgue a meterse en el negocio. Los cultivos se reproducen sea en Colombia o en Perú o en Bolivia. Siguen apareciendo pequeñas Tranquilandias, el gigantesco laboratorio del cartel de Medellín que fue hallado por las autoridades en marzo de 1984 y cuya destrucción fue para algunos el móvil para el asesinato del ministro Lara. Y fuera de los gobiernos, casi todo el mundo considera la guerra contra las drogas un fracaso. Publicaciones tan prestigiosas como The Economist promueven la legalización.

Si bien el tráfico de drogas sigue vivito y coleando, no se puede decir lo mismo de los que promovieron el narcoterrorismo. Colombia sería un país inmensamente mejor si no hubieran matado a Guillermo Cano, a Carlos Mauro Hoyos, a Luis Carlos Galán, a magistrados, a los jueces, a periodistas, a centenares de policías y a tantos otros colombianos. Pero al final, perdieron.

El cartel de Medellín, una de las organizaciones criminales más poderosas de la historia moderna por su capacidad destructora, es hoy un pie de página. Y sus dos cabezas más sanguinarias -Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha- tuvieron el fin más temido por los delincuentes: cayeron baleados por las autoridades. Igual desenlace le ocurrió al cartel de Cali que en la ecuación plomo o plata, prefería ofrecer lo segundo y con ello, infiltró una campaña presidencial y gran parte del Congreso. Sus grandes capos están muertos o encarcelados en Estados Unidos.

Y de los narcoparamilitares, que alcanzaron a tener un gran poder político local y una tercera parte del Congreso, hoy reside la gran mayoría en una prisión estadounidense.

Cuando Rodrigo Lara Bonilla denunció el poder de Pablo Escobar y sus secuaces, los colombianos controlaban el 90 por ciento de los ingresos del narcotráfico. Eran los mandamás. Hoy, el verdadero poder está en México y la cuota colombiana entre el 20 y el 30 por ciento, según expertos en la materia.

Lara decía que el peligro para Colombia no era tanto el narcotráfico per se, sino más bien las organizaciones criminales, que eran financiadas por esos recursos mal habidos.

Nadie sabe si como ministro de Justicia Rodrigo Lara habría sido exitoso en su lucha contra el cartel de Medellín y los otros narcotraficantes. Cuando el Ministro empezó su cruzada contra esos grupos, era una voz solitaria. En el Congreso y en la opinión pública, pocos compartían su preocupación. Era un profeta en el desierto.

Cuando denunció la existencia de "dineros calientes" en el fútbol profesional, pocos quisieron acompañarlo. Todos estaban encantados con el advenimiento de una nueva época de El Dorado en la que los mejores jugadores de Suramérica lucían camisetas de equipos colombianos. Pero era un pacto con el diablo, como lo advirtió Lara. Hubo de todo: asesinatos de árbitros, suspensión de torneos, y dirigentes extraditados.

Quizá si Colombia le hubiera hecho caso a Lara, el país se habría evitado tanta desgracia en tantos cambios. Lo único cierto es que, con su muerte, Colombia despertó del letargo y se dio cuenta del monstruo de mil cabezas que era el narcotráfico y la amenaza que representa para la estabilidad democrática.

En los libros de historia de Colombia se destacan varios hechos y fechas por su importancia en el desarrollo político y social del país, como el 20 de julio de 1810, el 7 de agosto de 1819, la Guerra de los Mil días (1899-1902), la pérdida de Panamá (1903) y el 9 de abril de 1948. Parafraseando a Franklin Roosevelt, el 30 de abril de 1984 es un "día que vivirá en la infamia".

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