Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2010/09/07 00:00

El culebrón de la gobernación del Valle del Cauca

La novela alrededor de la gobernación del Valle no para de sorprender. Ahora resulta que la permanencia del mandatario encargado depende de un concepto del Procurador, mientras sigue el debate sobre si su posible reemplazo se decide en La Picota.

A tres meses de la destitución del gobernador del Valle Juan Carlos Abadía por intervención en política, se desconoce a ciencia cierta qué pasará en la Gobernación.

Eran las 10:48 a.m. del lunes 9 de agosto de 2010, cuando a la oficina de correspondencia de la Presidencia de la República llegó un paquete con 18 folios dirigidos al presidente Juan Manuel Santos.

Sobre la firma y huella de uno de los dos remitentes de la misiva, había un singular sello húmedo en el que se leía ´Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Bogotá EPC La Picota´. (ver carta)

El documento, firmado por Luis Felipe Campo Saavedra y el ex senador Juan Carlos Martínez Sinisterra, era la protocolización de la terna según la cual el Gobierno Nacional debe elegir al mandatario encargado del Valle, ya sea para culminar el periodo del destituido gobernador Juan Carlos Abadía o al menos hasta que se convoque a nuevas elecciones. Abadía fue inhabilitado por la Procuraduría durante 10 años por participación en política. (ver nota anexa)

Martínez y Campo se ganaron el derecho a postular la terna porque en 2007 fueron quienes inscribieron la candidatura de Abadía, avalada por firmas a través del movimiento ´Por un Valle Seguro´. (ver certificados)

SEMANA pudo establecer que la terna (integrada por Víctor González Riascos, María Ignacia Valencia Arango y William Rodríguez Cabal) se envió previo consenso con el Gobierno y el elegido sería González Riascos, actual cónsul de Colombia en Colón, Panamá. El diplomático es cuota directa de Martínez Sinisterra, preso en La Picota desde 2009 por sus presuntos nexos con paramilitares y narcos del cartel del Pacífico.

Como dato curioso, el ternado William Alberto Rodríguez Cabal se quemó en las pasadas elecciones tras aspirar llegar a la Cámara de Representantes a través del Partido de Integración Nacional, PIN. En el Valle del Cauca se atreven a asegurar que el envío de la terna fue un trámite de oficio del grupo político de Abadía que hoy se aglutina en PIN.

Esa organización política creyó tener la sartén por el mango al impedir que se convocara a elecciones anticipadas en la región, gracias a la polémica tutela que una jueza del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle les concedió el 23 de junio de este año.

Pero ni Martínez ni Abadía contaban con que un día antes de irse el gobierno Uribe, éste dejaría anclado a Francisco Lourido como gobernador encargado. Lourido no pertenece a su estructura política y además hace parte de la élite empresarial del Valle donde se atrincheran los más duros opositores de Abadía .

En la región es vox populi que el artífice de esa jugada es el ex gobernador y hoy vicepresidente Angelino Garzón. De hecho el mismo Lourido le reconoció a este medio que al menos cuatro de los nuevos funcionarios nombrados en la Gobernación, son cercanos a Garzón.

Pero quien hasta hace poco era el presidente de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle, SAG, no trajo la paz política que todos esperaban en la gobernación.

Columnistas como Ramiro Bejarano y Gustavo Álvarez Gardeazábal anticipan que la gestión de Lourido será una extensión de Garzón y califican su designación como un zarpazo jurídico ante una supuesta inhabilidad suya, ya que dentro del año inmediatamente anterior el hoy gobernador encargado contrató con dos institutos descentralizados del Valle, (Licorera y CVC) cuando estaba al frente de la SAG.

No obstante, en el Comité Intergremial del Valle están felices con el encargo “… se requiere que el gobierno (…) dé señales claras sobre su continuidad en el cargo”, anotan en una carta pública al presidente Santos, ya que todos los días hay rumores de su relevo. La ciudad está inundada de pasacalles pidiendo que se mantenga a Lourido.

Los ataques al nuevo gobernador podrían explicarse porque desde un comienzo puso el espejo retrovisor y pisó callos. En una de sus primeras declaraciones dijo que “las cuentas del Departamento se manejaban como tienda de barrio”. Además, le puso freno de mano al tema de los 650.000 millones que se invertirán con las vigencias futuras a las que tanto le apostó Abadía.

Desde entonces ha padecido saboteos dentro de la misma Gobernación y a tan sólo unos días de posesionado recibió la denuncia de su presunta inhabilidad para ejercer el encargo. De paso le revivieron la polémica venta de un lote de su propiedad hace 15 años, donde el comprador son las empresas públicas de Cali.

Frente a la continuidad de Lourido y la posible convocatoria a nuevas elecciones el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, ha dicho a través de medios radiales que el tema está en consultas no sólo en el Consejo de Estado sino en la Procuraduría. Es decir la incertidumbre continúa.

“Se ha elaborado una consulta para que sea el mismo Procurador quien defina en su ilustrado criterio si hay o no inhabilidad y si se debe convocar a elecciones”, dijo esta este martes durante una entrevista a Caracol Radio.

Esa declaración ya tiene divididas las opiniones en el Valle, por cuanto hay quienes consideran que el Ministerio Público no es un organismo de consultas, sino una entidad que investiga y sanciona las actuaciones de los servidores públicos y en ese sentido el caso del gobernador Lourido podría llegar a su despacho existiendo un concepto previo del Procurador.

Lo insólito de todo este asunto es que tres meses después de haberse producido la destitución de Juan Carlos Abadía, se siga hablando de su fallida gobernación y de que las hojas de vida de su reemplazo se confeccionen desde La Picota.

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