Lunes, 16 de enero de 2017

| 2010/11/19 00:00

El debate del caso Hurtado: ¿intromisión en la justicia colombiana?

Eso cuestionan algunos analistas sobre la decisión de Panamá de asilar a la exdirectora del DAS. La figura abre la puerta para que otras personas vinculadas al caso de las chuzadas sigan el mismo camino. ¿Qué hará el Gobierno Santos frente a la decisión?

El debate del caso Hurtado: ¿intromisión en la justicia colombiana?

El gobierno panameño acaba de conceder a la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, el asilo territorial. Según la comunicación de la Cancillería de Panamá, ese gobierno analizó “las circunstancias de razonable temor por su seguridad personal que la ha llevado a abandonar su país”.

“Con el ánimo de contribuir a la estabilidad política y social en la región, en estricto apego a las normas y la doctrina de asilo territorial reconocidas por el derecho internacional e históricamente observadas por la República de Panamá, ha considerado favorablemente su petición”, agregó la comunicación.

El asilo político es una institución latinoamericana mediante la cual una persona que se siente perseguida por motivos o delitos políticos puede pedir la protección de otro Estado. En el caso de la exdirectora del DAS, ella lo hizo cuando ya estaba en Panamá, razón por la cual la Cancillería de ese país lo llamó “asilo territorial”.

El episodio recuerda la argucia que intentó utilizar el exsenador Mario Uribe Escobar justo cuando la Corte Suprema de Justicia había ordenando su captura e intentó pedir el asilo político en la embajada de Costa Rica. En ese momento, el excongresista Uribe pidió el asilo basado en el mismo argumento: la falta de garantías de seguridad.

No obstante, en ese entonces varias organizaciones de víctimas fueron a la embajada a protestar, y al cabo de unas horas el gobierno de ese país se pronunció. “Una persona que busca asilo para venir a Costa Rica y que ha sido acusado por delitos comunes por la Fiscalía de su país, no se le puede dar asilo, es una decisión muy sencilla”, dijo el presidente Óscar Arias en su momento.

Con estas palabras Arias no sólo dejó claro que su país respeta las decisiones soberanas de la justicia de los demás, sino que la voluntad de otorgar o no el asilo es de los gobiernos.

No obstante, en esta ocasión, Hurtado ya estaba en Panamá. El periodista Daniel Coronell lo reveló en Noticias Uno en la sección Top Secret, el pasado domingo.

El asilo es político, el refugio no

Hay una diferencia en el derecho internacional entre “refugio” y “asilo”. El estatus de refugiado también lo otorga un país, sin embargo, este está suscrito en normas internacionales del derecho que rigen en los cinco continentes, mientras que el asilo sólo existe en América Latina y depende de la voluntad de los gobiernos.

Ecuador, país que en este momento es el que recibe mayor número de refugiados, por ejemplo, decidió no conceder ese estatus a personas que tengan deudas con la justicia colombiana, para lo cual hace un seguimiento de los antecedentes de los solicitantes.

Por esta razón, en muchos sectores del derecho y la política la reacción contra la decisión del gobierno panameño no se hizo esperar.

El exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández escribió en su cuenta de Twitter: “Resumiendo: Concedido el asilo. Justicia colombiana, lenta y burlada. Impunidad para quien haya ordenado las chuzadas”.

Por el mismo medio el excandidato presidencial Gustavo Petro dijo: “Santos debería llamar a consulta al embajador colombiano en Panamá”.

Y el representante Iván Cepeda, del Polo, convocó a una protesta frente a la embajada de Panamá en Bogotá.

El propio Gobierno no ocultó la molestia por la decisión de Panamá. A través del Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, dijo que en Colombia “la independencia de la Rama Judicial es una garantía” para quienes están acusados.

Con estas palabras dio a entender que no había razones para que el Gobierno panameño diera el asilo a la exdirectora del DAS.

Queda la sensación de que el país vecino equiparó la supuesta persecución política contra Hurtado con su judicialización.
 
Más tarde, en nuevas declaraciones, el ministro Vargas Lleras advirtió que hay rumores según los cuales otros seis exfuncionarios del DAS, de quienes no dijo nombres, estarían buscando asilo para evitar a la justicia colombiana.
 
El problema internacional

Para quienes fueron víctimas de las interceptaciones ilegales se trata de una burla de la justicia. Ninguno pidió asilo cuando descubrieron que el DAS los estaba interceptando ilegalmente. Por esta razón, el presidente de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla dijo: “Panamá protegió al victimario, no a la víctima”.

Para algunos analistas, la decisión de Panamá es política y podría tener repercusiones en ese sentido. Incluso, Gabriel Bustamante, asesor jurídico de la Corporación Viva la Ciudadanía, advirtió que este proceso podría tener consecuencias internacionales.

“No hay que olvidar que el proceso de las “chuzadas” traspasó las fronteras, pues ciudadanos de otras nacionalidades fueron perseguidos ilegalmente”, explicó a Semana.com.

Se refería específicamente a la exdiputada española, Isaura Navarro, quien hace una semana denunció ante la justicia de su país que fue espiada por el DAS cuando estuvo de visita en Colombia en un encuentro de defensores de derechos humanos.

En criterio de Bustamante, es un mal precedente, pues otras personas investigadas en Colombia podrían buscar el asilo en Panamá con los mismos argumentos.

Para la analista política Claudia López, “la Cancillería colombiana debe protestar a Panamá por la indebida intervención y obstrucción de justicia de ese país. Si no lo hace, el discurso de respeto a la Corte dicho por el gobierno colombiano se cae”.

“La Fiscalía dependía de sus propias decisiones judiciales. Ahora depende de la voluntad política de un gobierno extranjero”, agregó la analista.

¿Por qué? Ahora, el avance del proceso de la justicia en contra de Hurtado y una eventual extradición, pasará por la voluntad del gobierno de Panamá y de los oficios del gobierno colombiano.
 
¿Por qué Hurtado argumentó que corría peligro en Colombia? ¿En dónde queda el respeto del gobierno panameño por la justicia colombiana y la confianza en sus instituciones? ¿Vendrán otras solicitudes de asilo a los otros exfuncionarios del Gobierno de Uribe investigados? ¿La solicitud de Hurtado fue una argucia para no revelar lo que sabe sobre el espionaje ilegal? Son preguntas que seguramente generarán un debate al interior de la coalición de gobierno en la medida en que sectores del uribismo radical defendieron la decisión de Panamá de conceder el asilo.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.