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| 10/26/2011 12:00:00 AM

El debate que se reabre por el caso Mapiripán

Nuevos testimonios de ex paramilitares, que mencionaron 10 víctimas en dicha masacre y no 49, como se dijo hasta ahora, hicieron que la magistrada que lleva el caso ordenara suspender el pago de indemnizaciones. También han surgido cuestionamientos contra los abogados que asesoraron el proceso.

Hasta ahora se hablaba de 49 personas muertas en la masacre de Mapiripán (1997). Sin embargo, recientes declaraciones de paramilitares dan cuenta de que el número de víctimas podría ser menor. Y aunque la crueldad de los hechos no cambia si el número de personas que perdieron la vida es menor, el tema sí abre un gran debate.
 
La fiscal Yolanda Prado, de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, que recabó los nuevos testimonios de desmovilizados, dijo el martes que su equipo visitó la localidad donde ocurrió la masacre e hizo un estudio "por el río (Guaviare) en el año 2005 y si se observan las fotografías hay un codo que pudo haber detenido muchos cuerpos si realmente hubieran sido arrojados".
 
Sin embargo, al menos otros dos fiscales de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía que en el pasado conocieron la investigación por la masacre de Mapiripán no coinciden con Prado.
 
El fiscal Leonardo Cabana, quien acusó al general Jaime Humberto Uscátegui y al coronel Hernán Orozco por los hechos de Mapiripán, indicó que "habrá que ver qué pruebas tiene la fiscal (Prado) para hablar de la cifra" de 10 muertos.
 
Recordó que en las decisiones que él tomó, siempre manejó la cifra de 49 muertos con base en pruebas testimoniales. Saber en realidad cuántas fueron las víctimas tomará tiempo. Mientras tanto, una cosa está clara y es la decisión de la magistrada del caso Teresa Ruíz. Ella ordenó suspender el pago de indemnizaciones mientras se aclara la cifra.
 
Las reacciones no se han hecho esperar. “Hubo un evidente fraude procesal en caso de Mapiripán”, aseguró el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, quien además dijo que “se debe iniciar una acción penal en la Fiscalía contra los responsables y quienes los asesoraron".
 
No es el único que se ha pronunciado frente al hecho. A través de Twitter la exministra de Defensa Marta Lucía Ramírez señaló: “¿Cómo explicar a los hijos del general Uscátegui que su padre está condenado a 40 años por la masacre de unos muertos de Mapiripán que están vivos?”. También lo hizo el expresidente Álvaro Uribe. “¿Responderá el Colectivo de Abogados por su engaño al Estado Colombiano en Mapiripán?”, dijo en la misma red social.
 
Por la masacre de Mapiripán fueron juzgados Uscátegui y Orozco. La primera decisión se dio en el 2007, cuando el juzgado noveno especializado de Bogotá absolvió a Uscátegui y condenó a 40 años de cárcel a Orozco como "autor responsable de omisión”. El caso fue apelado y pasó al Tribunal Superior de Bogotá, que en el 2009 confirmó la sentencia y decidió también condenar a 40 años a Uscátegui. Este miércoles se conoció que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rebajó tres años la sentencia porque prescribió el delito de falsedad.
 
El hijo del general, José Uscátegui, en diálogo con Semana.com aseguró que las declaraciones de los ex paramilitares y lo que se generó a partir de ellas, “es una muestra de la manipulación que ha tenido el proceso. Los representantes de las víctimas han tenido una intención clara en condenar a un general”.
 
Uscátegui reconoce que el número de víctimas no cambia lo grave de los hechos, pero asegura que sí permite abrir el debate en cuanto al papel de los representantes de los víctimas. “Ellos han manipulado el proceso, al parecer, con el único interés de perjudicar a algunas personas. A mi papá”.
 
El hijo del general agrega que también se abren cuestionamientos frente a la relevancia que toma en el proceso las declaraciones de los ex paramilitares, quienes según él no han nombrado a su padre. Uscátegui espera que estas nuevas revelaciones tengan un efecto claro en el proceso. “Lo que aspiro es a que se compulsen copias para investigar a los abogados, que les retire la personería jurídica”.
 
Entretanto, el abogado Eduardo Carreño, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quien primero presentó en octubre de 1999 la demanda contra el Estado colombiano por la masacre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo este martes que la cifra de 49 personas asesinadas fue ofrecida por el propio jefe de esas bandas, Carlos Castaño, poco tiempo después de ocurrida la matanza.
 
Se espera que en las próximas horas el colectivo de abogados se vuelva a pronunciar frente al hecho.
 
La masacre de Mapiripán
 
La masacre de Mapiripán es una de las más vergonzosas de las tantas que se han dado en Colombia. Carlos Castaño quería extender su macabro imperio al sur del país. Y para eso, el 12 de julio de 1997 partieron de Urabá dos aviones con unos 80 paramilitares -con armas de fuego largas y cortas, y machetes-, sobrevolaron medio país hasta que aterrizaron en el aeropuerto de San José del Guaviare, donde operaba la base antinarcóticos de la Policía. Otro grupo de paras se les sumó y todos emprendieron camino hacia Mapiripán.
 
Allí, durante cinco días con sus noches, tuvo lugar una carnicería: muchas personas fueron asesinadas con horrorosos métodos. La investigación por la masacre pasó en el 2001 de la justicia militar a la ordinaria. Esta procesó a tres altos oficiales del Ejército: el general Jaime Humberto Uscátegui, comandante de la VII Brigada con sede en Villavicencio; el coronel Lino Sánchez, al frente de la Brigada Móvil 2, y Hernán Orozco, comandante del Batallón Joaquín París. Los dos últimos destacamentos estaban instalados en inmediaciones de San José del Guaviare.


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