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| 12/18/2000 12:00:00 AM

El decálogo de la reforma

Cuando muy pocos apostaban por su supervivencia el Senado aprobó la reforma política. SEMANA analiza los 10 artículos más controvertidos

Luego de sortear múltiples escollos y aplazamientos, que hicieron temer por su supervivencia, el martes de la semana pasada la plenaria del Senado aprobó en segundo debate el proyecto de reforma política. Pese a que faltan seis debates la decisión sirvió para salvar por ahora un proyecto que parecía hundido.

Para la salvación de la reforma fue fundamental el salvavidas lanzado por el jefe de la oposición, Horacio Serpa, quien en carta pública dirigida a los parlamentarios liberales apoyó sus bondades y les pidió más compromiso con ella. “Serpa ayudó a alinear a aquellos parlamentarios liberales que no estaban comprometidos con la propuesta”, dijo a SEMANA un senador conservador.

Pero la gestión del jefe liberal no fue la única destacada. También resultó valiosa la intervención del presidente del Congreso, Mario Uribe, quien el martes dio prelación en el orden del día a la discusión del proyecto en plenaria, aun por encima de otros igualmente importantes, como el debate sobre la suerte de la Comisión Nacional de Televisión. De la misma manera la labor de los senadores Juan Martín Caicedo y Rodrigo Rivera, autor y coordinador de ponentes del proyecto, sirvió para sacarlo adelante .

La aprobación de la reforma, como es apenas natural debido a sus alcances, produjo todo tipo de reacciones. Sus críticos sostienen que sólo busca maquillar el actual sistema electoral y el funcionamiento interno del Congreso ante los duros cuestionamientos que viene haciendo la opinión pública. Los defensores, por el contrario, sostienen que el proyecto lo que busca es recuperar la legitimidad del sistema político y garantizar una representatividad más justa y una mayor transparencia y eficacia en el desempeño del Congreso. SEMANA analiza los 10 puntos más controvertidos aprobados y discutidos hasta el momento.




La Lista unica

Los expertos consideran que este elemento es el más importante para el fortalecimiento de los partidos y para su disciplina interna. Pretende atacar la controvertida operación avispa, que para muchos sirve para fomentar las llamadas famiempresas electorales. Estas se comportan como pequeñas maquinarias clientelistas, organizadas exclusivamente para asegurar la permanencia de los congresistas en sus curules. La lista única permite que los integrantes de los partidos sean más disciplinados y asuman compromisos políticos. La escogencia de los integrantes de las listas se hará en una misma fecha mediante elección popular. Los críticos de este sistema sostienen, sin embargo, que contribuye a evitar el surgimiento de nuevos movimientos políticos.




Umbral Electoral

Es una de las novedades del proyecto. Se trata de la asignación de una cifra mínima de votos para que los partidos accedan a curules en las corporaciones públicas. También contempla la figura del ‘emparentamiento’, que es la posibilidad que tienen los movimientos minoritatios de hacer alianzas temporales para el sólo efecto de superar la exigencias del umbral. Esta figura garantizaría la supervivencia de las minorías.Pese a este tipo de garantías el inmenso temor de las minorías políticas a la aplicación del umbral ha sido una de las piedras en el zapato para agilizar el trámite de la reforma. Estos consideran que el umbral implica una exigencia muy alta de votos, la cual vulnera su posibilidad de acceder a las corporaciones públicas.




Cifra Repartidora.

Es el gran contrapeso al llamado residuo electoral, que permite el acceso a las curules de candidatos con un número irrisorio de votos. Así sucedió, por ejemplo, en las pasadas elecciones al Congreso, en las que hubo senadores elegidos con 37.000 votos mientras que otros con más de 100.000 merecieron, injustamente, la misma representación. Con la cifra repartidora todas las curules se tendrán que asignar por el mismo número o cifra de votos. De esta forma resultará mejor negocio sumarse a la lista del partido que conformar una lista disidente. Sus críticos sostienen que es demasiado dispendiosa puesto que debería ser de entendimiento general.




Consulta Interna

La consulta interna para la integración de las listas a corporaciones públicas busca democratizar los partidos políticos, evitando así la aplicación de la ‘ley del bolígrafo’, que no era otra cosa que el ejercicio del autoritarismo de los jefes de los partidos. Es decir, la consulta interna ataca la conformación arbitraria de las listas por parte de los directores de esas colectividades. De tal manera que, de ser aprobada, serán los mismos ciudadanos quienes escojan a los candidatos de los partidos.

No obstante, por tratarse de un sistema novedoso, todavía faltan muchas piezas por ajustar. La principal preocupación de los críticos tiene que ver con la financiación de las consultas internas. Al respecto surgen muchas preguntas: ¿Cuál va a ser la participación del Estado en esta financiación?, ¿cómo evitar la práctica de acciones corruptas, como el trasteo y la compra de votos?, ¿cómo evitar a los patrocinadores poderosos o con capitales de dudosa procedencia?




Partidos Politicos en Bancadas

La propuesta establece que en cada comisión legislativa y en las plenarias los miembros de un partido determinado actúen conforme a sus directrices. Sólo podrían votar contra ellas por razones de conciencia. El proyecto apunta a acabar con el travestismo y el lentejismo político, que hacen que el gobierno premie con puestos a quienes se suman a las huestes triunfadoras en las elecciones presidenciales. No obstante, según el proyecto, no serán las directivas de los partidos las que tracen las políticas sino la propia bancada mediante principios de participación y decisión por mayorías. Hay quienes sostienen que atenta contra los partidos de matices y podría violar derechos fundamentales.




Desjudicializacion del Gobierno

Este artículo es consecuencia de la inactividad e ineficacia de la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, llamada peyorativamente “comisión de absoluciones”. En las democracias modernas el equilibrio de poderes se sustenta en los controles recíprocos entre las altas cortes y el Congreso. En Colombia la figura ha sido muy cuestionada, hasta tal punto que es una de las comisiones menos codiciada por los representantes. En algunos casos dicha comisión se ha prestado para que los parlamentarios lleven a cabo juicios originados, más que por indelicadezas o delitos por parte de los magistrados, por revanchismo político. Los críticos del proyecto sostienen que en lugar de acabar con la comisión de acusaciones deberían fortalecerla y reformarla. De lo contrario, dicen los críticos del proyecto, ¿quién controlará a los magistrados y altos funcionarios del Estado?




Cuatro años para alcaldes y gobernadores.

La norma empezaría a regir a partir de las elecciones de 2003 y se hará extensiva también a los períodos de diputados, concejales y ediles. No cobijará a los funcionarios recién elegidos. La propuesta busca que los nuevos funcionarios elegidos popularmente tengan el tiempo suficiente para desarrollar de manera favorable su gestión, así como la ejecución de los programas ofrecidos a sus electores y además puedan realizar una planeación de obras a largo plazo. Al no estar permitida la reelección de dichos funcionarios es bueno que éstos cuenten con un mayor tiempo para sacar adelante todos sus programas de gobierno.




Perdida de investiduras e inhabilidades.

A diferencia de lo que se aplica en la actualidad, el proyecto de reforma contempla que la pérdida de investidura de los funcionarios públicos será de por vida. En el caso de los congresistas quedó establecido que éstos perderán su investidura no sólo por violar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, así como al régimen del conflicto de intereses, sino también por dejar de asistir a seis sesiones plenarias o de comisión en las que se voten proyectos de ley. Además es causal de pérdida de investidura la destinación indebida de recursos públicos, la violación del régimen de financiación de campañas y la compra de votos. El proyecto aprobado incluye una segunda instancia frente al mismo Consejo de Estado. Esta instancia serviría para evitar casos de injusticia por parte de la alta Corte.




Voto Obligatorio

Los defensores del proyecto sostienen que la figura ayudará de forma significativa a depurar el actual sistema político. La razón para esta conclusión es que al disminuirse la abstención se incrementaría el llamado voto de opinión. La obligatoriedad del voto se aplicaría únicamente para las elecciones parlamentarias de 2002 y en esa misma fecha, mediante una consulta popular, los colombianos podrán decidir si quieren que sea permanente. Los críticos de la propuesta sostienen que el voto es un derecho y no una obligación. Argumentan, además, que en las actuales circunstancias de violencia a nadie se puede obligar, ni mucho menos garantizar su desplazamiento para ejercer su derecho al voto




Estatutos de oposicion.

Los defensores del proyecto sostienen que la figura ayudará de forma significativa a depurar el actual sistema político. La razón para esta conclusión es que al disminuirse la abstención se incrementaría el llamado voto de opinión. La obligatoriedad del voto se aplicaría únicamente para las elecciones parlamentarias de 2002 y en esa misma fecha, mediante una consulta popular, los colombianos podrán decidir si quieren que sea permanente. Los críticos de la propuesta sostienen que el voto es un derecho y no una obligación. Argumentan, además, que en las actuales circunstancias de violencia a nadie se puede obligar, ni mucho menos garantizar su desplazamiento para ejercer su derecho al voto..
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