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| 2/24/2014 12:00:00 AM

El decreto que pone en vilo al gremio de taxistas

Semana.com consultó a propietarios y conductores sobre la ley que exige una relación laboral.

Todo empezó en junio del año pasado, cuando asesinaron al agente de la DEA James Terry Watson después de tomar un taxi en el norte de Bogotá. Desde el hecho, el gobierno nacional, encabezado por el Ministerio de Trabajo, puso el foco en la Ley 336 de 1996, que regula el estatuto nacional de transporte y con la que pretenden mejorar la seguridad y formalizar el negocio.

Aunque desde entonces se han mantenido mesas de diálogo con el gremio, varias discusiones están pendientes. Semana.com habló con los actores que están en la discusión del decreto: propietarios, conductores y el Ministerio de Trabajo. 

En primer lugar, la Mesa Nacional de Propietarios de Taxis es uno de los actores que se declaran afectados con el nuevo decreto. Ellos aseguran que el Ministerio de Trabajo les pide que construyan el decreto en conjunto, pero que no tocarán la ley. Con esto frenarían sus requerimientos, pues los obligarían a aplicar una ley que reglamenta un contrato laboral entre conductores y empresas.

Semana.com habló con Miguel Sandoval, miembro de la mesa de propietarios, quien aseguró que el decreto acabaría con el negocio.

Sandoval explicó que el negocio es comercial y no laboral como lo fija la ley. “Yo le arriendo el vehículo al señor, él lo explota, no hay ni rutas, ni despacho, ni horarios; por lo tanto, no es empleado mío, yo no le pago un salario, él me paga un canon de arrendamiento. La relación del pago existe cuando el señor sale a trabajar y alguien le saca la mano se sube y le dice que lo lleve a algún lugar, ahí le está dando una orden, ahí está la relación contractual”, explicó.

Según los propietarios, como ellos tendrán que asegurarles las prestaciones sociales, les aumentarán a los taxistas el valor de las entregas y a su vez, el usuario se verá perjudicado porque las tarifas deberán aumentar. 

Cabe recordar que, en el país, el negocio funciona de esta manera: el propietario compra un vehículo y lo afilia a una empresa, la cual que encarga de controlar que los taxistas cumplan con tarjeta de operación y de control. Los propietarios mantienen el parque automotor y les alquilan los vehículos a los taxistas con una tarifa de, en Bogotá, 80.000 pesos diarios. 

“Lo que quieren es que hagamos contrato laboral, no los propietarios, sino el conductor con la empresa, que es la afiliadora. Esto no puede ser así porque los que hemos puesto la plata somos los propietarios. Que no pase como el SITP, que todos los días se estrella o hay un caos diferente y eso pasa precisamente porque se lo entregaron a terceros que no saben de esto”, explicó Luis A. Romero, miembro de la mesa. 

Freddy Contreras, presidente de la Confederación Colombiana de Transporte público, habló con Semana.com y, según él, el decreto aparte de la seguridad social, acabaría con la rentabilidad del negocio.

“Cuando el dueño del vehículo pierde, el conductor pierde. A los conductores no nos interesa para nada un contrato laboral, nos hablan de que tendremos prima, vacaciones, etc., pero nos disminuirán el tiempo de trabajo y tendremos que dar el mismo valor en las entregas o hasta más, las ganancias entonces serán menores”, aseguró el conductor.

El gremio de taxistas asegura que detrás de la medida hay presiones y que hace parte de la fórmula de reelección del presidente Juan Manuel Santos.

“Al formalizar el negocio el Gobierno quiere decir que bajó el desempleo, porque se generarán 800.000 empleos más. Segundo, que aumentó la cotización a la seguridad social. Finalmente, pretenden desestimular el negocio porque a nadie le interesará comprar un taxi y entonces alguna multinacional podría estar pretendiendo manejar negocio en Colombia. Parece que el Ministerio le estuviera haciendo el mandado a alguien, a quién, no sabemos, lo cierto es que el decreto que nos quieren imponer no corresponde a nuestra realidad”, concluyeron. 

Además, aseguran que llegarán hasta las últimas consecuencias para que no se aplique la norma. Harán ‘tutelatones’ y hasta paro nacional de taxistas.

Posición gubernamental

El ministro de Trabajo, Rafael Pardo, le dijo a este portal que el decreto partirá desde la Ley 336 de 1996, que aún está vigente. “En primer lugar, debe haber seguridad social para todos, buscaremos una modalidad distinta si es necesario”, aseguró el funcionario.

Semana.com habló con Marcela Mosquera, subdirectora de formalización y protección de empleo, quien aclaró que el decreto busca una ruta progresiva para que se dé una formalización en el sector.

Hay varios puntos que, según Marcela, beneficiarán a todos. El primero, tiene que ver con que 800.000 taxistas tengan seguridad social. Según sus cifras, actualmente sólo el 11 % de los conductores cuenta con la misma.

En segundo lugar, se organizará el sector, pues las empresas tendrán unas responsabilidades y serán garantes de que los conductores estén cotizando al sistema y que están conduciendo los que están habilitados por dichas empresas.

Finalmente, en materia de seguridad, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones creará una base de datos en tiempo real. “Estos nos permitirá ver el conductor que nos está recogiendo, controlar la ilegalidad de perímetros urbanos y brindar más seguridad para el conductor y el pasajero”, explicó Marcerla.

Con respecto al contrato directo, la subdirectora explicó: “Hay una ley que fue ratificada en 1996 donde dicen que la empresa debe contratar al conductor y el propietario tiene de vinculación del vehículo con la empresa y es solidariamente responsable con conductor, esto se debe cumplir”. 

Por otro lado, reiteró que como rama ejecutiva no pueden cambiar las leyes, que el debate sobre sí existe relación laboral directa se debe hacer con jueces laborales o en el Congreso, no con el Ministerio de Transporte.

Lo que propone el Ministerio de Transporte es que se arranque con la ruta de la formalización donde les garanticen a todos seguridad social. Si el sector demuestra que puede funcionar sin contrato, el Ministerio está dispuesto a acompañarlos al debate. 

Además, Marcela explicó que las cuentas que hace el gremio, que es con un contrato directo, son equívocas porque en la primera etapa no lo están pidiendo y que la tarifa no se tendría que incrementar. 

Contexto

El análisis a esta problemática lo empezó el Ministerio de Trabajo hace año y medio. Las mesas de diálogo se conformaron en julio del 2013. En la mesa participan propietarios, sindicalistas, conductores y el Ministerio. Hasta el momento, van 60 reuniones en las que pretenden construir el decreto en conjunto y retroalimentar el que ya está.

En resumidas cuentas, el punto de encuentro entre los diferentes actores es el tema de seguridad social. Donde se ha generado la desinformación es en que el Ministerio los obligará a instrumentar un contrato directo y, según el Ministerio, no son ellos sino la ley. Esto, aunque fija una base de discusión, pone en vilo a los que trabajan en el sector y a quienes están dispuestos a llevar el tema hasta las últimas consecuencias.
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