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| 4/29/1996 12:00:00 AM

EL DEDO EN EL GATILLO

A MEDIDA QUE CRECEN LOS RUMORES SOBRE UNA POSIBLE DESTITUCION DEL FISCAL POR PARTE DEL PROCURADOR, AUMENTAN LOS TEMORES SOBRE LAS CONSECUENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS DE ESTA DECISION.

justiciaEl dedo en el gatilloA medida que crecen los rumores sobre una posible destitución del Fiscal por parte del Procurador, aumentan los temores sobre las consecuencias internas y externas de esa decisión.a alarma sonó el jueves de la semana pasada cuando el representante a la Cámara Pablo Victoria, reveló a algunos periodistas que es muy posible que el próximo 7 de abril la Procuraduría destituya de su cargo al fiscal general, Alfonso Valdivieso. Para sustentar su afirmación, el congresista aseguró haber escuchado una conversación telefónica, grabada por una agencia de seguridad, en la que el procurador general, Orlando Vásquez Velásquez, le decía, al parecer, a un congresista: "Estese tranquilo, lo voy a destituir el 7 de abril". Aunque el viernes en la noche el jefe del Ministerio Público retó a Victoria a hacer pública la supuesta grabación, la verdad es que desde cuando fue vinculado al proceso 8.000, han ido creciendo los rumores y acusaciones en el sentido de que el Procurador está tratando por todos los medios a su alcance de sacar del camino a Valdivieso y a algunos de sus principales colaboradores. Así lo han señalado durante los últimos seis meses diversos columnistas, altos funcionarios del Estado y un puñado de congresistas, quienes consideran que el enorme aparato de la Procuraduría está siendo utilizado indebidamente. Así lo expresó hace dos semanas la periodista María Jimena Duzán, quien dijo que "tenemos a un Procurador investigado por la Fiscalía, vinculado a uno de los escándalos más grandes de narcocorrupción, que nos miente sin mayor problema y que transgrede las normas para salvar su pellejo. Que investiga a sus investigadores y que siendo uno de los procuradores más impedidos, pocas veces así se ha declarado. ¿Qué más argumentos pueden existir para que renuncie?".La última batalla de esta guerra que aún no termina empezó a librarse en la primera semana de febrero, cuando la Procuraduría formuló pliego de cargos a Valdivieso y a Hernán Jiménez, director del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía _CTI_, porque al parecer incurrieron en irregularidades en 1990 cuando, en calidad de ministro de Educación, Valdivieso le otorgó en comodato un terreno del Estado al congresista Colin Crawford. A Jiménez lo vincularon al proceso disciplinario porque en la época en que ocurrieron los hechos se desempeñaba como jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio.La formulación del pliego de cargos fue interpretada por los expertos en derecho disciplinario como una estrategia del Procurador para que Valdivieso tenga que declararse impedido para investigarlo por sus presuntos nexos con el cartel de Cali. En efecto, Vásquez recusó a Valdivieso el pasado primero de marzo ante la Corte Suprema de Justicia, con el argumento de que el actual Fiscal tiene en su contra tres investigaciones que lo imposibilitan para continuar las averiguaciones contra él.Pero más allá del debate jurídico por el comodato, han surgido elementos que hacen pensar que la acusación contra el Fiscal es frágil. Uno de ellos es el relacionado con los testigos que presentaron la denuncia contra Valdivieso. De acuerdo con algunas pesquisas adelantadas por la propia Corte y por el CTI, los dos testigos de la Procuraduría, identificados como Gonzalo Manuel Parra y Julio Argumedo Montoya, no habrían sido los mismos que elaboraron los documentos que sustentaban la denuncia contra Valdivieso. Los investigadores hallaron, por ejemplo, que Parra no residía en la dirección consignada en los documentos. Además, las firmas estampadas en la queja no corresponderían a los rasgos grafológicos del denunciante. Estas irregularidades también fueron detectadas por el director del CTI, quien le dio un giro inesperado al caso cuando denunció al procurador Vásquez por el delito de falsedad. Sin embargo, el jefe del Ministerio Público empleó las armas que la nueva Constitución le dio a la Procuraduría y ordenó la suspensión de Jiménez durante tres meses, con el argumento de que había practicado diligencias judiciales sin autorización. Aunque la propia Procuraduría se ha encargado de regar los rumores sobre la inminente destitución del Fiscal en la semana de pascua, lo cierto es que Valdivieso dispone aún de muchas instancias para evitar que ello suceda. Pero incluso si Vásquez Velásquez decide proceder por encima de todos estos recursos, una destitución del Fiscal agudizaría profundamente la crisis interna y externa del país. Una alta fuente diplomática estadounidense dijo el viernes a SEMANA que si el Procurador aplica una medida como ésta y el Fiscal es retirado de su cargo, las más grandes sanciones económicas contra Colombia, que por ahora están en el congelador, serían aplicadas de manera inmediata y con sus peores alcances.De acuerdo con el vocero oficial, en muy pocos días Washington podría degradar a Colombia a la tercera categoría aeronáutica y por ello serían suspendidos todos los vuelos de pasajeros y de carga de líneas aéreas colombianas hacia ese país. Estados Unidos también podría suspender de un solo golpe las transacciones electrónicas bancarias entre las dos naciones, con gravísimas consecuencias para el comercio bilateral.Y si en las relaciones internacionales con EE.UU. una decisión de tal naturaleza crearía problemas insostenibles, ni hablar de lo que pasaría en el frente interno. Especialmente porque la destitución afectaría a un funcionario que tiene más del 65 por ciento de imagen favorable y una credibilidad superior al 80 por ciento. La pregunta que los observadores se hacían antes de que el país se sumergiera en el descanso de Semana Santa, era si Orlando Vásquez Velásquez, a quien incluso sus más feroces críticos le reconocen inteligencia y habilidad, estaría dispuesto a cargar sobre sus hombros con esta responsabilidad.
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