Lunes, 23 de enero de 2017

| 2008/01/19 00:00

El dedo en la llaga

El gobierno comenzó un plan de purga a los "ejércitos privados" y canceló 166 departamentos de seguridad que tenían nexos con paramilitares, guerrilla, mafia y corrupción.

“No nos va a temblar la mano para sanear los departamentos de seguridad, reducir los escoltas que no se necesitan, controlar la tenencia de armas y combatir la corrupción”, le dijo a SEMANA el superintendente de Seguridad y Vigilancia Privada, Felipe Muñoz Gómez

El tema no es nuevo. Cada vez que se hace una inspección a los 1.300 departamentos de seguridad que controla la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, algo irregular aparece. En esta ocasión, con la ayuda de la Dijín, los inspectores descubrieron que la infiltración de la mafia, el paramilitarismo y las Farc no ha podido ser erradicada del todo y aún se camuflan a través de empresas y personas que mueven escoltas armados por todo el país.

En la última inspección, que terminó a finales de 2007, la entidad tomó la decisión de cerrar 166 departamentos que no cumplían las normas, que estaban siendo manejados por políticos con vínculos paramilitares, que servían de lavadores de dólares a las Farc, o que estaban al servicio del narcotráfico. Los casos más críticos son 26 en Cali, Medellín, Neiva, Villavicencio y la costa Atlántica. Entre estos estaba el "ejército privado" de la empresa Gagricom, al servicio del paramilitar Miguel Ángel Serrano Ossa, alias 'Megateo', hoy prófugo de la justicia, señalado de participar en el asesinato del líder de las AUC, Carlos Castaño.

La misma orden se dio para el departamento de la Sociedad Minera Grifos, que protegía al paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco', y a su esposa, y la que figuraba a nombre de Ana Carolina Vélez Salgado, la esposa del paramilitar 'Jorge 40'. El hombre que le quitaba el sueño a la Policía de Itagüí en la plaza mayorista, Alirio de Jesús Rendón Hurtado, alias el 'Cebollero', ya no puede controlar el mayor centro de Abastos de Antioquia con sus hombres armados del departamento de seguridad de "Mayoristas Unidos". Y en el occidente de Boyacá perdió la licencia la empresa Inversiones Gemacol, que protegía al esmeraldero Pedro Nel Rincón Castillo.

El Comité de Ganaderos de Aguachica y el de San Martín en Cesar también la perdieron. Y la empresa de Valledupar, Palo Alto Gnecco, de la familia del mismo nombre, no podrá tener hombres armados por informes de inteligencia que la vinculan con los paramilitares y narcotráfico.

Lo más sorprendente es que, según estos mismos informes que le sirvieron a la superintendencia para cancelar esas licencias, las Farc también tenían su departamento de seguridad. Según la investigación de la Dijín, la empresa Consignataria Colombiana de Coches, que operaba en el norte de Bogotá, les servía de fachada como lavadora de dólares.

Pero no sólo la visita de la superintendencia a las primeras 600 entidades vigiladas dio estos resultados. Al cruzar la base de datos de la entidad con la lista de extraditables, encontraron que siete narcotraficantes también tenían sus departamentos de seguridad. El prófugo Hughes Manuel Rodríguez Fuentes, de Cesar; Orlando Sabogal Zuluaga, del cartel del norte del Valle, capturado en España, y Farid Feris Domínguez, capturado en Caracas y extraditado a Colombia, son algunos de los que figuraban en la lista. Obviamente, todos fueron cerrados.

No ha sido una tarea fácil para el superintendente, Felipe Muñoz Gómez, quien lleva un año y medio en el cargo. Sus antecesores, en los 12 años que tiene la entidad, han estado en el ojo del huracán ante el escaso control ejercido sobre estos departamentos conformados por 6.000 hombres equipados con unas 10.000 armas amparadas. "No nos va a temblar la mano para sanear estos departamentos y estoy comprometido con el gobierno en acabar también con la corrupción. El respaldo del ministro Juan Manuel Santos y el de la Policía nos están dando resultados", le dijo el superintendente a SEMANA.

Y así es. A tiempo que se realizaba la inspección, la Dijín descubrió una oficina paralela de la superintendencia en el barrio La Esmeralda, al occidente de Bogotá, donde una red de antisociales falsificaba desde la firma del superintendente Muñoz, hasta la papelería de la entidad, resoluciones, sellos, papel de seguridad, documentos de control, permisos y tenencia de armas. La banda, conformada por empresarios, ex funcionarios y funcionarios de la entidad, fue desmantelada y todos han sido judicializados. Los investigadores quieren ahora establecer cuántas empresas se alcanzaron a conformar con documentos falsos.

La idea del superintendente es lograr la meta que sus antecesores no alcanzaron: sanear y regular todo el esquema de seguridad privada. Entre los objetivos que tiene en mente está lograr que el Congreso elimine los departamentos que se tramitan a nombre de personas naturales, pues cuando consiguen las licencias, obtienen armas y jamás se vuelve a saber de ellas. Quiere tener herramientas legales más eficientes para controlar estas empresas, y espera conseguir recursos de inversión para tecnología. Todo ello con la meta de reducir el número de licencias a medida que los índices de seguridad del país vayan mejorando.

Poco a poco lo está consiguiendo. Por ejemplo, decidió reducir los escoltas del zar de las esmeraldas, Víctor Carranza, de 180 a 65 hombres que le prestan seguridad personal, vigilan las minas y sus propiedades. Y la inspección reciente condujo a que más de 300 escoltas fueran desarmados.

Aunque no se trata de estigmatizar toda la seguridad privada, siempre es bueno que el Estado la controle muy de cerca para que cumpla verdaderamente sus fines. Porque está suficientemente demostrado que en muchos casos, lejos de proteger a ciudadanos honrados, los departamentos de seguridad han sido verdaderos ejércitos privados al servicio de las personas menos recomendables.

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