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| 3/13/1989 12:00:00 AM

EL DEL ESTRIBO

Sin sobresaltos, Barco resolvió la que debe ser su última crisis de gabinete.

Era como armar un rompecabezas al que siempre le quedaba faltando una pieza. Los asesores del presidente Virgilio Barco, que habían venido realizando consultas y revisando hojas de vida en las últimas tres semanas, barajaban una y otra vez los nombres de quienes debían irse, quienes debían quedarse y quienes debian ingresar al gabinete, pero irremediablemente, cada vez que creían tener el nuevo equipo ministerial a punto, la armazón les quedaba coja. Finalmente, el miércoles 8 en la tarde encontraron una fórmula y se la presentaron al Primer Mandatario.
Esa fórmula determinaba el cambio de cuatro ministros. Dos de ellos habían dejado en claro, desde fines del año pasado, su deseo de retirarse para no inhabilitarse con miras a las elecciones parlamentarias de 1990. Se trata del risaraldense César Gaviria, en Gobierno, y del barranquillero Pedro Martín Leyes, en Comunicaciones.
El primero de ellos había acompañado a Barco desde el 7 de agosto del 86, inicialmente en la cartera de Hacienda y luego en la de Gobierno. En ambas, su gestión había pasado el examen con éxito. Como ministro de Hacienda, Gaviria había logrado la aprobación de la reforma tributaria en el 86, ante un Congreso más bien hostil a la administración. Como ministro de Gobierno, había conseguido en diciembre del 88 que los parlamentarios aprobaran -en contra de todos los augurios- la reforma constitucional. Pero a pesar de ello, sus relaciones con el Primer Mandatario, que desde el principio habían sido excelentes, se habían ido deteriorando. La explicación es que Gaviria, por su desempeño en momentos críticos --secuestro de Alvaro Gómez y paro cívico del 88- había adquirido como ministro delegatario en ausencia del Presidente un perfil protagónico, que chocaba con lo que Barco cree que debe ser el perfil de sus colaboradores. Como le dijo a SEMANA un senador liberal, "Gaviria se fue, entre otras cosas, porque, durante las ausencias del Presidente, hizo las cosas demasiado bien y, sobre todo, porque el país se dio demasiada cuenta de ello".
En el caso de Martín Leyes, su salida tampoco fue una sorpresa. Había cumplido decorosamente con el papel encomendado y podía así retirarse satisfecho y convencido de haber sido hasta ahora, el ministro costeño que con mejor suerte ha corrido en la actual administración. Con ese background, podía dedicarse a buscar su reelección para el Senado de la República.
Los otros dos ministros cuya salida estaba decidida el miércoles en la tarde, eran Luis Fernando Jaramillo, de Obras, y Luis H. Arraut, de Salud. En el caso de Jaramillo, se trataba de un ministro que estaba en el gabinete desde el arranque del gobierno. Pocas semanas atrás, su permanencia se consideraba segura hasta el 7 de agosto del 90. Contribuía a esta impresión, su cercana relación con el Presidente y el hecho de que no se le veían mayores aspiraciones políticas. Esto último cambió al iniciarse el año y fue la clave que decidió su retiro. Jaramillo parecía haber aceptado los coqueteos del bloque de parlamentarios costeños, quienes habían echado a rodar su nombre como candidato a la Designatura e, incluso, a la Presidencia. Barco no se oponía de plano ni a lo uno ni alo otro. Pero le dejó en claro a Jaramillo que si quería jugar a la política, tenía que hacerlo por fuera del gobierno.
El caso de Arraut era más sencillo Para la inmensa mayoría de los conocedores del desempeño de los ministros, el titular de la cartera de Salud se había convertido sin duda en el más mediocre de todos. Tanto, que la leyenda de que su nombramiento había sido el resultado de un malentendido entre el Presidente y quienes habían redactado el decreto del gabinete anterior, que se instaló hace ocho meses, hizo carrera.
Con esos cuatro nombres en la lista de quienes se iban, se redactó un borrador de decreto que estuvo listo hacia el final de la tarde del miércoles. El borrador fue sometido a la revisión de algunos altos funcionarios como el propio Gaviria, y del ex presidente Julio César Turbay. En esta última ronda de consultas, surgió un preocupación en el caso del ministro de Trabajo, Juan Martín Caicedo quien hasta ese momento seguía en la lista de quienes se quedaban. La duda tenía que ver con las aspiraciones de Caicedo a la alcaldía de Bogotá. Su permanencia en el gobierno no lo inhabilitaba para competir por ese cargo, al menos hasta septiembre. Y ese era precisamente el problema: esta circunstancia iba a obligar al gobierno a afrontar su remplazo para entonces y, además, podía originar críticas de favoritismo, por parte de los demás aspirantes liberales a gobernar a Bogotá. Esta inquietud era palpable especialmente entre las directivas liberales, que deben determinar en los próximos días las reglas del juego para la selección del candidato rojo a la Alcaldía de la capital. El Presidente le dio la razón a quienes señalaron este problema y decidió extender la crisis a la cartera de Trabajo.

LOS ELEGIDOS
Pero si no fue fácil decidir quiénes se iban, menos lo fue determinar quiénes debían remplazarlos. Los asesores de Barco habían tenido que rebuscar mucho para llenar las vacantes, sobre todo porque entre los elegibles de siempre, muchos estaban pensando ya en estar habilitados para las elecciones del 90. Esto era particularmente difícil en el caso de los candidatos a ocupar el Ministerio de Gobierno quienes, por lo general, son políticos de tiempo completo.
El miércoles en la mañana, el problema que planteaba esta cartera todavía estaba vivo. Se necesitaba un político con experiencia y buen manejo parlamentario, que estuviera además por encima de toda sospecha en lo referente a favoritismo frente a los precandidatos presidenciales del liberalismo. Inicialmente se pensó en Carlos Lemos y su nombre sonó con fuerza en las 48 horas anteriores a la crisis. Pero esta idea se descartó porque el gobierno temia que su nombramiento fuera interpretado como un acto a favor del precandidato Hernando Durán Dussán, al lado de quien Lemos estuvo en las elecciones del 86.
Se pensó entonces en llenar esa vacante con un político del Valle. Sonaron los nombres del ex designado Gustavo Balcázar y del embajador en Moscú, Carlos Holmes Trujillo. Pero el primero parece estar en la baraja de precandidatos liberales y el nombramiento del segundo podría haber sido interpretado por Balcázar -su adversario en el Valle- como un acto en su contra. Surgió entonces el nombre de Raúl Orejuela Bueno, senador por ese departamento, quien a pesar de su amistad con Balcázar, ha sido el gran mediador en las relaciones de éste con el embajador en Moscú. Un rápido examen a la hoja de vida de Orejuela, ex ministro de Salud de la administración López, convenció a todo el mundo de que era el indicado. Se trata efectivamente de un senador que, a pesar de no ser muy conocido nacionalmente, es respetado en el Congreso, lo que resulta básico para el mayor reto que debe afrontar: pasar en segunda vuelta la reforma constitucional.
Pero el nombre de Lemos no fue abandonado. Considerado como el intelectual del turbayismo, es un hombre de mucho prestigio desde que ocupó la Cancillería en tiempos de Turbay. Por lo demás, su condición de periodista lo hizo fácilmente elegible para la cartera de Comunicaciones, en la que fue nombrado el hasta entonces embajador en la OEA.
Los otros tres remplazos son el resultado de análisis más técnicos que políticos. El de la ex ministra de Salud y hasta la semana pasada, directora de Colsubsidio, María Teresa Forero de Saade en Trabajo es el nombramiento de una gran conciliadora que tendrá que afrontar un año difícil en materia de conflictos laborales. La designación en la cartera de Salud de Eduardo Díaz Uribe (36 años, ex militante del Moir) es el premio a un joven que se ha destacado en los dos cargos que ha ocupado en el gobierno Barco: gerente del Fondo Nacional Hospitalario -que limpió de "chanchulleros" y puso a funcionar- y secretario de Integración Popular de la Presidencia. Díaz Uribe fue cuestionado por algunos parlamentarios costeños que lo consideran no costeño. Pero lo cierto es que quienes lo conocen aseguran que desde los dos cargos que ha tenido, Diaz ha hecho más por la Costa que muchos ministros considerados más costeños que él. En el caso de Priscilla Escobar, la nueva ministra de Obras, su nombramiento -como el de Diaz- es la recompensa a una buena gestión, en su caso al frente del Fondo de Caminos Vecinales. Tanto Díaz como la ministra Escobar, han sido importantes ejecutores de las políticas del Plan Nacional de Rehabilitación y su nombramiento es interpretado como un espaldarazo del Presidente a una de las banderas de su gobierno.
En fin, la crisis de la semana pasada, que puede ser la última de la administración Barco, será recordada sin duda como la más tranquila de todas las que se presentaron en este mandato, ya que las dos anteriores estuvieron marcadas por graves cuestionamientos morales y legales contra los nombrados, y en varias oportunidades produjeron sus renuncias antes incluso de que se hubieran posesionado. Hay que ver si la tranquilidad con la que arrancó el nuevo gabineté va a ser la nota predominante de los últimos 18 meses del gobierno de Barco.
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