EL DERRUMBE

Hasta el miercoles de la semana pasada muchos creían que el registrador nacional, Jaime Calderón Brugés, iba a salir bien librado de la investigación que le adelantaba la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito. El alto funcionario no negó que entre 1991 y 1992 le fueron entregados varios cheques que posteriormente se comprobaría que habían sido girados por el cartel de Cali. El registrador tampoco negó que esos títulos valores, por cerca de 40 millones de pesos, llegaron a sus manos por intermedio del periodista Alberto Giraldo, el reconocido relacionista de los hermanos Rodríguez Orejuela. El registrador les explicó a los fiscales sin rostro que al comenzar la década sufrió una gran pérdida económica al arruinarse una siembra de algodón en la que había invertido una considerable suma de dinero. Para cancelar la obligación que tenía con el Banco Ganadero, de Valledupar, sostuvo el funcionario, le solicitó un préstamo a Alberto Giraldo, quien le respondió que no tenía pero que sí sabía quién podía hacerle ese favor. Posteriormente Giraldo le dijo a su viejo amigo Calderón que un conocido suyo, a quien no identificó, le había conseguido el dinero. A partir del reconocimiento de que tres cheques fueron entregados a la Federación Nacional de Algodoneros _que lo embargó como consecuencia de la deuda_, y otros tres fueron consignados por él mismo en su cuenta número 00893583-4 del Banco de Colombia sucursal Las Aguas en el centro de Bogotá, Calderón Brugés elaboró una cuidadosa estrategia de defensa que hizo pensar que por primera vez se iba a salvar una persona que hubiera pasado al tablero de la Fiscalía en el proceso 8.000. En diciembre de 1991 Giraldo le entregó a Calderón un cheque por cinco millones de pesos, otro en enero del año siguiente por siete millones y medio, y uno más por 20 millones en abril. Otros tres cheques, dos por 3.254.820 pesos y otro por tres millones, fueron girados, directamente, a la Federación Nacional de Algodoneros. Los seis cheques fueron debitados de las cuentas 8023-023884-3 y 8023-023175-6, de la sucursal principal del Banco de Colombia en Cali, cuyos titulares eran Jesús Zapata y Jorge Castillo, conductor y escolta de Miguel Rodríguez Orejuela, respectivamente. Calderón le explicó a la Fiscalía que nunca supo el origen de los recursos y que su inocencia quedaba demostrada porque entregó tres cheques al portador, con fecha abierta, en los que hacía la devolución del dinero y efectuaba el pago con el 3 por ciento de interés. El funcionario aclaró que finalmente pagó la deuda en diversos contados en efectivo y que nunca le fueron devueltos los cheques originales, los que fueron hallados en poder de Miguel Rodríguez cuando fue capturado en agosto de 1995. Agregó que ese dinero lo obtuvo de la venta de ocho tractores, por intermedio de los señores José Manuel Aponte, Atilo Arrieta y Millán Oñates. Por esas transacciones recibió 58 millones de pesos, de los cuales giró 45 para que Giraldo se los devolviera al prestamista. El relato del registrador fue avalado en su totalidad por el periodista Giraldo, quien explicó que Miguel Rodríguez personalmente diligenciaba los cheques y que él viajaba a Cali a recibirlos para luego entregárselos en Bogotá a Calderón Brugés. Aclaró que su amigo el registrador _que por la época en que ocurrieron los préstamos se desempeñaba como miembro del Congresito, un organismo creado para terminar de pulir la Constitución de 1991_ jamás supo de la procedencia ilícita de los dineros y que por esa razón los cheques que giró Calderón para respaldar la deuda estaban a nombre del portador.
Las pruebas
Aun cuando la defensa del registrador estaba basada en documentos, certificaciones y testimonios, los fiscales sin rostro que le dictaron medida de aseguramiento la semana pasada no hallaron muy convincentes sus argumentos. Lo primero que descubrieron los investigadores fue que para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1991 Jaime Calderón Brugés no reflejaba apuros económicos en sus saldos bancarios. En esa época, sin que hubieran ingresado los cheques que le consiguió Alberto Giraldo, tenía casi ocho millones de pesos disponibles. Entre el 19 de diciembre de ese año y el 8 de abril de 1992 el registrador mantuvo un saldo estable cercano a los 17 millones de pesos. "No resulta lógico _dice la Fiscalía en su medida de aseguramiento_ que si se atraviesa por una difícil situación económica, con obligaciones insolutas calificadas de asfixiantes, se mantenga intacto el dinero en el banco, acudiendo a obligaciones que generan intereses". La Fiscalía agrega que Alberto Giraldo y el registrador no dijeron la verdad porque la deuda que Calderón había suscrito, en efecto, con el Banco Ganadero, fue saldada con el producto de un préstamo concedido por el mismo banco a su cuñado, Alfredo Cuello Dávila, y que se condonaron los intereses de la misma. Por tal razón, concluyen los peritos de la Fiscalía, los cheques entregados por el cartel de Cali y que llegaron a las cuentas del registrador no tenían como finalidad calmar las afugias económicas del funcionario. Con respecto a los tractores que fueron vendidos para cancelar la deuda con los Rodríguez, la Fiscalía encontró que el dinero supuestamente obtenido por las transacciones nunca llegó a las cuentas de Calderón y que es muy poco probable que tanto dinero en efectivo, unos 45 millones, haya sido transportado hasta Cali para pagar la deuda. "El pago en efectivo no resulta aceptable por la cantidad de dinero, las dificultades de su transporte y fundamentalmente porque, conforme al dicho del procesado, éste desde el inicio del supuesto contrato de mutuo, supo que Giraldo López no era el real prestamista, sino un simple intermediario", sostuvo la Fiscalía. Igualmente el ente acusador halló serias inconsistencias y vaguedades en los testimonios de Aponte, Arrieta y Oñates, quienes, según el registrador, vendieron los tractores. En su declaración ante los fiscales sin rostro los tres hombres no pudieron precisar el número exacto de tractores y sus características. Finalmente la Fiscalía asegura que la maquinaria agrícola no era de Calderón sino de Manuel Germán Cuello, su suegro.Al evaluar el material probatorio recopilado durante la investigación los fiscales que ordenaron detener al registrador nacional son claros en advertir que las inconsistencias detectadas delataron el afán del funcionario por ocultar el conocimiento que tuvo en torno de la procedencia de los dineros que ingresaron en forma ilícita a su patrimonio. Los fiscales se preguntan por qué razón Calderón Brugés, en calidad de miembro del Congresito, nunca fue más allá para establecer quiénes eran los amigos de Alberto Giraldo. El funcionario, dice la Fiscalía, no podía aceptar un préstamo a secas sin saber su origen, mucho más cuando por aquella época se registraron numerosas denuncias respecto a la penetración de dineros del narcotráfico en ese organismo. Así, el hasta hace pocos días registrador nacional del Estado Civil, la persona que logró sacar avante la difícil jornada electoral de hace unos meses, parece encontrase en serias dificultades jurídicas. Y así como a través de su defensa les hizo pensar a muchos que iba a salir indemne de este proceso, ahora le corresponde demostrarle a la Fiscalía que lo que decía era verdad.