Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 2/7/2009 12:00:00 AM

El desangre del Invías

Los colombianos están en riesgo de pagar más de 300.000 millones de pesos, por cuenta de unas polémicas decisiones judiciales. La gravedad de la situación hace recordar lo que fueron los escándalos de Foncolpuertos y Cajanal.

Hay un nuevo gran boquete en las finanzas del Estado. Se trata de cuantiosos pagos que el Invías viene haciendo a los dueños de unas fincas de la Costa que se consideran afectados por carreteras construidas en sus predios hace más de una década. Los desembolsos han sido ordenados recientemente por un puñado de jueces que decidieron en contra de conceptos que sobre el tema tienen la Procuraduría General de la Nación y el Consejo de Estado. Ya se ordenó pagar 27.000 millones de pesos y están en trámite 300.000 millones más, en procesos que se concentran en juzgados de Sucre, Bolívar y Magdalena.

El aspecto más llamativo de lo que está sucediendo es que de acuerdo con la interpretación mayoritaria de la ley, cualquier demanda que involucre una entidad del Estado se debe tramitar ante unos jueces especializados, lo que se conoce como la vía contencioso administrativa, y no ante jueces que manejan procesos civiles ordinarios, como los que han admitido y fallado estas demandas en contra del Invías. El efecto práctico de dicha interpretación es que por la vía contenciosa las demandas de este tipo prescriben a los dos años de sucedidos los hechos, con lo que no habría lugar a la reclamación, mientras que por la civil la prescripción es a los 20 años.

Otro punto relevante es que en muchos de los 43 casos que ya tienen orden de pago, no hubo defensa oportuna del Invías. Ni siquiera se alegó si el valor de las pretensiones era el real, con lo que los jueces ordenaron pagar todo lo que les pidieron. En pocas palabras, muchas inquietudes rodean la forma como se han resuelto estas multimillonarias demandas. De no actuar de inmediato, esto se convertirá en una gigantesca vena rota para el país, pues además esta misma clase de procesos empieza a parecer cada vez más en otras partes del país.

La historia de las vías en cuestión se remonta a cuando existía Caminos Vecinales. En esa época, dicha entidad acordó con los municipios que la primera daría el dinero y los segundos negociarían los predios por donde iría el trazado de las carreteras. Los archivos de estas negociaciones fueron trasladados parcialmente -y en forma desordenada- al Invías, entidad que asumió en 2003 a Caminos Vecinales. Para 2004 ya en el Invías había en curso 47 demandas de personas que aseguraban que les pasaron por encima una vía y que nunca les pagaron.

Bajo la administración del entonces director, Mauricio Ramírez Koppel, el Invías inició una ofensiva jurídica con el argumento de que los jueces civiles no eran los competentes para tratar esos asuntos. En 2005 logró que uno de los procesos fuera revisado por el Consejo de Estado, quién le dio la razón. Pero los jueces desconocieron esto asegurando que el fallo del alto Tribunal era sólo para el caso sobre el que se pronunció, que no era extensivo para las demás demandas y a inicios de 2006 algunos jueces, en particular del departamento de Sucre, empezaron a resolver en masa estas solicitudes. Luego de dormir el sueño de los justos, en sólo tres meses resolvieron 24 demandas, todas en contra del Invías. Las decisiones fueron respaldadas por los tribunales departamentales.

Ramírez también denunció disciplinaria y penalmente al entonces juez promiscuo del municipio de Sucre, en Sucre. En su denuncia, señala al juez diciendo que "se ampara en su investidura para permitir abusos del derecho e incurrir en aberraciones jurídicas". El proceso disciplinario salió a favor del juez y aún no hay decisiones en lo penal.

El ex director del Invías dijo a esta revista que "hicimos una oportuna gestión" y resalta que su administración no hizo ninguno de estos polémicos pagos. SEMANA solicitó a esta entidad información de los 270 procesos en su contra, y de sus actuaciones, y encontró, entre otras cosas, que a mediados de 2006 la Corte Suprema de Justicia dijo que la entidad no asumió su defensa en los términos previstos por la ley. Esto lo hizo al resolver una tutela puesta por el Invías. Con ese pronunciamiento de la Corte, quedan inquietudes sobre lo dicho por Ramírez.

Sobre los pagos tiene razón en que bajo su gerencia no se hicieron

desembolsos, pero en dos casos si se expidieron órdenes de pago. El grueso de los giros fue hecho por Daniel García, actual director de la entidad. García dijo a SEMANA que lo hizo porque de no haber pagado se exponían a que las deudas se multiplicaran por cuenta de los intereses, y que ya se habían producido embargos. "Cuando una institución no se defiende a tiempo, pierde cualquier derecho a pataleo", dice.

En relación con los procesos que están en trámite, asegura que lo que hace es defenderse "como gato patas arriba de todas estas estructuras que básicamente son un concierto para delinquir, donde están quienes estructuran las demandas y quienes permiten que eso se consolide".

SEMANA constató que el Invías ha echado mano de apelaciones, nulidades, tutelas, acciones populares y otros recursos jurídicos buscando contener el avance de estas demandas, pero sólo ha tenido resultados favorables en distritos judiciales diferentes a los de la Costa Atlántica.

Con el avance de los procesos en contra, el Invías pidió a la Procuraduría una intervención especial, la que se viene dando desde el año pasado. Este ente de control sostiene en sus escritos el mismo argumento de que los jueces que están fallando no son los competentes para hacerlo. Pero en la práctica, todo ha sido infructuoso.

En este complejo caso también llama la atención como sólo 10 abogados concentran más del 70 por ciento de las demandas. SEMANA habló con algunos de ellos y coinciden en que no hay nada irregular en lo que están haciendo, pues ellos hacen solicitudes a la justicia, y son los jueces los que, según su criterio, les conceden o no sus demandas. Buscan explicar que el hecho de que tengan muchos clientes en este tipo de casos responde a que son buenos en sus gestiones. Algunos de los demandantes son personas con alto reconocimiento social y político en sus regiones, quienes paradójicamente han valorizado sus predios por las vías por las que demandan.

Los resquicios de la ley en otros casos se han prestado para grandes defraudaciones del erario. Son muy conocidos casos como los de Foncolpuertos y Cajanal, donde particulares, en asocio con abogados, jueces y funcionarios, lograron pagos ilegales por miles de millones de pesos de los colombianos. Detener estas fugas de dineros públicos ha requerido acciones extraordinarias tanto del gobierno como de los entes de control. Y es evidente que, para enfrentar el zarpazo que le están dando al Estado a través del Invías, pese a los esfuerzos hechos, se requiere una acción más decidida y coordinada del Estado.

Estas polémicas sentencias están desangrando al Invías. A modo de ejemplo basta decir que con los 27.000 millones que la entidad ha tenido que disponer por orden judicial, se habría podido resolver el tránsito de una vía como la Medellín Quibdó, donde la semana pasada murieron una veintena de personas cuando el bus en el que iban se accidentó por el mal estado de la carretera. Por ahora están en juego más de 300.000 millones de pesos de las demandas que están en trámite, y cada día aumenta el número de reclamos. Aunque ya se han hecho pagos, las autoridades están a tiempo de contener una situación que, de probarse irregularidades en ella, entraría a la galería de casos en los que la tardía respuesta del Estado fue aprovechada por unos pocos. Y luego, para todo fin práctico, sólo quedan las condenas públicas y las declaraciones, porque la plata nunca aparece. Algo debe aprender el país de los desfalcos que ha sufrido.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1851

PORTADA

El doloroso asesinato de 81 líderes (este año)

José Jair Cortés es el más reciente de casi un centenar de líderes asesinados este año sin que el Estado pudiera evitarlo.¿Cómo parar este desangre?