El despelote electoral

El procurador Edgardo Maya había dicho, hace varios meses, que con las deficientes normas e instrumentos vigentes no había cómo hacer elecciones en Colombia. Aunque en los últimos días hubo elogios a la Registraduría por la rapidez en la entrega de resultados el domingo por la noche, hay varios indicios de que Maya no estaba equivocado. Una semana después de los comicios, no se conoce la composición completa del nuevo Congreso y es muy probable que el proceso de escrutinio no tome varios meses. No sería raro que no se alcancen a entregar las credenciales de todos los nuevos senadores y representantes antes del 20 de julio, día de instalación de sus sesiones.

Hay varios problemas. Se ha comprobado que los jurados de votación no tuvieron certeza sobre el manejo de algunas situaciones especiales. Se declararon nulos algunos tarjetones de listas con voto preferente que fueron marcadas en el logo de un partido y en más de una casilla de las 100 que había para seleccionar a un miembro de la lista. Y el Consejo Nacional Electoral (CNE) había establecido que en esos casos se debería haber contabilizado el sufragio para el partido. También hubo irregularidades en las listas cerradas. Ciudadanos que no entendieron la diferencia entre éstas y las de voto preferente, marcaron a la vez la casilla del partido y un número. Según el CNE, estas tarjetas también cuentan para el partido, pero algunos jurados las consideraron nulas. El ex alcalde de Bogotá Antanas Mockus pidió una revisión de cada mesa de votación, porque considera que su partido visionario se pudo haber afectado por este último fenómeno. Hay múltiples denuncias sobre errores en el preconteo de la Registraduría derivados de un insuficiente entrenamiento a los jurados.

El número de votos nulos y no marcados fue excesivamente alto: 1.390.260. Más de 15 por ciento de los votantes no intervinieron en la elección del nuevo Congreso. Una cifra que casi alcanza a la votación más alta, la del 'Partido de La U': 1.42.256 votos (17,49 por ciento). Con ese volumen se habría podido elegir 16 senadores. El alto número de votos nulos es aun más grave si se tiene en cuenta que los niveles de abstención siguen subiendo. En la elección del 12 de marzo llegó a 59,46 por ciento, 2 puntos más que hace cuatro años. Ese porcentaje fue incluso mayor en ciudades como Bogotá.

El problema de la abstención sólo se explica en forma parcial por las deficiencias de la organización electoral y la complejidad de los mecanismos para sufragar. No se pueden desconocer razones estructurales: apatía, errores en los listados de los ciudadanos que pueden votar, las dificultades que tienen los colombianos que viven fuera del país para acercarse a los consulados, los problemas de transporte en las zonas rurales, entre otros. Pero una votación de sólo 10.780.668 millones, en un país de 44 millones, genera efectos negativos sobre la legitimidad. Entre abstencionistas y votantes cuyos sufragios se anulan, un porcentaje demasiado alto de la población adulta se margina de las escogencias de sus gobernantes.

Hubo otros inconvenientes en la jornada del 12 de marzo. Hay denuncias de fraude en varios departamentos. En Barranquilla se encontraron 4.000 cédulas en una sede política. La representante Zulema Jattin pidió la renuncia de la registradora, Almabeatriz Rengifo, por problemas en su región. En Montería se detectaron demoras que suscitaron sospechas. El lento escrutinio de Nariño, en la noche del domingo, alcanzó a poner nerviosos a los seguidores del triunfante candidato del Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria, porque supuestamente en la tierra natal de su rival, Antonio Navarro, estaban preparando una trampa.

Muchas de las denuncias no tienen fundamento. Provienen de derrotados que respiran por la herida o representan esfuerzos de última instancia de parte de quemados a quienes sólo les faltan unos pocos votos para ingresar. En todo caso, la confusión de las normas deja espacios para este tipo de recursos, que seguramente prolongará la definición del Congreso durante varias semanas o meses. Una falla grave, por lo que significa para la credibilidad del sistema mediante el cual, al fin y al cabo, se define nada menos que la distribución del poder político. La confianza institucional también se pone a prueba por la lentitud de la justicia en la definición de la situación procesal de candidatos que resultaron elegidos. El senador electo de Convergencia Ciudadana Miguel de Jesús Arenas tiene varias investigaciones pendientes en la Procuraduría, y su titular, Edgardo Maya, le solicitará al CNE que no le expida la credencial. Sin embargo, lo usual en estos casos es que las personas investigadas ocupan sus asientos durante varios meses, mientras la justicia cojea.

La suma de tantas irregularidades, así sean de naturalezas diferentes, es un desafío enorme para la credibilidad. Como el problema no es nuevo, ya hay algunos correctivos en marcha. El proceso de cedulación nueva ya llega a 10 millones de ciudadanos y en 2007 cobijará a todos los adultos. Y en las elecciones de octubre del año próximo se aplicará el voto electrónico. Pero se necesita más. Un proyecto amplio e integral de reforma a las normas electorales se hundió el año pasado en el Congreso. Una vez superadas las elecciones, y sin el calor de la competencia, el debate se tendrá que retomar. El CNE y la Registraduría necesitan un tratado de límites más claro y eficiente. Los métodos de votar se deben simplificar con medidas adicionales para facilitar el sufragio, como la extensión de la jornada electoral -el horario es de los más cortos en el mundo- y el transporte de las veredas a los municipios. El censo necesita depuración, y fórmulas ensayadas con éxito en otros países, como el voto obligatorio, se deben analizar como posibles antídotos contra la abstención.

Un sistema electoral deficiente es muy peligroso. Pone en tela de juicio las garantías democráticas y la paz de una sociedad. A la larga, estos problemas pueden conducir a situaciones críticas, sobre todo en la hipótesis de una elección reñida. Por lo pronto, una vez más los colombianos tendrán que esperar y esperar para conocer el Congreso que eligieron.