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| 2/16/2008 12:00:00 AM

El desplante

Aunque el gobierno puede tener razones en el caso Carimagua, el debate desnudó la ausencia de una política para reparar con tierras a víctimas y desplazados.

Todos los días de la semana pasada el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, salió a explicar las razones por las que el gobierno considera que es mejor entregar unas tierras a un puñado de empresarios que a 1.000 desplazados. Se necesitaba mucho esfuerzo para explicar al país el súbito giro luego de que el 8 de agosto de 2004 el presidente Álvaro Uribe había prometido a los desarraigados por la violencia que sería de ellos la finca Carimagua, una extensión de 17.000 hectáreas ubicada en el departamento de Meta.

El argumento del viraje es que para hacer productivas esas tierras se requiere de grandes inversiones. Planteadas las cosas así de sencillas, la decisión está regida por la lógica y la sensatez. Sin embargo, fueron apareciendo conceptos técnicos que dejaron en entredicho la idea de la baja calidad de las tierras en discusión. Para controlar el creciente escándalo, el ministro Arias acudió a una fórmula salomónica: nombrar una comisión que evalúe qué es lo más conveniente para el desarrollo del predio.

Pero el vendaval que destapó el diario El Tiempo dejó sus consecuencias. Al gobierno, y en especial al Ministro de Agricultura, le será difícil sortear los fuertes cuestionamientos políticos que se les vinieron encima. Es casi un imposible quitar de la opinión pública la imagen de un gobierno que les entrega a los ricos lo que iba para los pobres. "¿Qué intereses defiende este gobierno?", fue un comentario frecuente en la discusión, y un argumento que la oposición de inmediato capitalizó. Un 'papayazo' político de estas dimensiones no se iba a dejar pasar.

Pero esta no deja de ser una reflexión que muchos consideran desproporcionada, pues es muy posible que para el caso específico de Carimagua, los estudios le concedan la razón al gobierno. Por lo menos en lo referente a la calidad de las tierras y la necesidad de grandes inversiones podría llegar a salir bien librado, mas no en el manejo de la situación. Para comenzar, el propio gobierno había elaborado un documento en 2004 en el cual se presentaban zonas similares como aptas para proyectos agrícolas. esto respondía al interés que había de buscar financiación de un gran desarrollo en el área y para ello había que presentar su producto de la mejor manera. En otras palabras, es más verdad lo que se dice ahora que lo que se decía en su momento. Por otra parte no se consultó a la Procuraduría, se mandó el mensaje de un gobierno indolente con las víctimas y, cuando el escándalo creció, se acudió a la fórmula desesperada de que todo era una cortina de humo. Mal manejo.

Pero lo más grave es que este episodio desnuda la falta de política del gobierno en la atención a las necesidades de tierras de los desplazados. Esta no es la primera vez que hay ligerezas en sus compromisos con esta población. A finales de 2005, en Ansermanuevo, Valle del Cauca, el Presidente ofreció tres fincas incautadas al narcotráfico a 20 familias, que no pudieron entrar pues sus propietarios nunca se fueron.

A las salidas en falso se suman situaciones como la denunciada por el Ministro de Agricultura el año pasado, cuando su cartera descubrió irregularidades en la compra de tierras a desplazados. Encontró que de 12.000 hectáreas que el gobierno compró para atenderlos, al menos 3.800 eran tierras inservibles. Algunas ubicadas en páramos, e incluso en sitios con aguas contaminadas.

También figura en el listado de desaciertos el caso que quizá refleja en su mayor dimensión la indiferencia que algunos sectores consideran tiene este gobierno frente al tema. Se trata de las miles de hectáreas de colonos y negros en el Urabá chocoano que les fueron arrebatadas por paramilitares y luego ocupadas por palmicultores, hoy investigados por supuesta complicidad con estos grupos. Cuando se trata el tema, el ministro Arias saca pecho diciendo que su cartera y otras entidades del Estado lograron hace varios meses "la recuperación jurídica" de los predios y que está pendiente la recuperación material de los mismos por parte de la Fuerza Pública. Es incuestionable el avance sobre el papel, pero para estas comunidades esto no es más que un globo hasta cuando puedan volver a entrar en propiedad a sus parcelas, hoy ocupadas de palma. ¿Qué pasaría si uno de estos desplazados invadiera algún predio privado? ¿Acaso no entraría sin ambages la Fuerza Pública a desalojarlo? La duda es ¿por qué no sucede lo mismo cuando el que invade es el empresario privado?

Estas situaciones lo que dejan en evidencia es la ausencia de un compromiso integral del gobierno en atender la población desplazada en lo referente a sus tierras. La política al respecto se traduce en un gran desplante. Las cifras exhibidas como avances son insignificantes. Desde el inicio de su primera administración el gobierno de Uribe ha entregado 54.565 hectáreas de tierra a 4.653 familias de desplazados, según cifras del Incoder. Un resultado obtenido en gran parte por la presión ejercida por la Corte Constitucional. Pero esta es una cifra irrisoria contrastada con la cantidad de desplazados que hay y en la superficie de tierra que se les arrebató. De acuerdo con la agencia Presidencial para la Acción Social, entre 1997 y 2007 hubo 519.702 familias desplazadas. Es decir que se ha atendido menos del 1 por ciento de esta población (vea en semana.com el detalle de estas cifras por departamento). En cuanto a la cantidad de tierra entregada, no hay palabras para comparar esa cifra con los 2,9 millones de hectáreas que según la Contraloría General de la Republica tuvieron que abandonar los desplazados por la violencia.

También brilla por su ausencia el acompañamiento gubernamental a esta población vulnerable para hacer productivos los pocos predios entregados y evitar que se conviertan en rastrojo y peladeros. Desde 2002 se puso en marcha un Programa Especial de Fomento y Desarrollo Agropecuario que incluye a los desplazados. Para esto se dispusieron 100.000 millones de pesos, dinero que quedó a cargo de Finagro. Lo increíble es que en estos cerca de seis años sólo se ha utilizado para desplazados algo más de 8.000 millones de pesos, invertidos en 36 proyectos como son algunos cultivos de papa en Soacha, de tomate y palma en el Valle del Cauca, entre otros. Personas que conocen varios de estos proyectos coincidieron en señalar a SEMANA su bajo impacto, y los problemas en los mismos. Además de las dificultades propias por el tipo de población -por sus grandes necesidades, su desarraigo y las diferencias culturales que se dan por ser personas de diferentes orígenes- el poco éxito de sus proyectos también está relacionado con la falta de asesoría de entidades como el Sena y Acción Social, y de articulación local con alcaldías y gobernaciones.

Ahora el Ministerio de Agricultura anuncia 40.000 millones de pesos más para compra de tierras. Una decisión que se aplaude, pero claramente insuficiente para la dimensión del problema antes descrito.

La falta de determinación del gobierno con las víctimas contrasta con su capacidad por ejemplo y en especial en la cartera de Agricultura, para diseñar mecanismos muy eficientes para que recursos públicos lleguen ágilmente a empresarios emproblemados por la revaluación. Han sido 1,1 billones de pesos los que se les han entregado a los exportadores para cubrir sus contingencias que, entre otras, ha evitado que miles se queden sin empleo. ¿No podrán ser igual de creativos y eficaces para mejorar el destino de los millones de desplazados?

De ahí que la polémica en torno a Carimagua termina siendo sólo un episodio casi anedóctico -pero muy simbólico- de un problema de grandes proporciones. Dada la resonancia que ha tenido, quizás esas 17.000 hectáreas sean una oportunidad para experimentar una fórmula de trabajo conjunta entre empresarios y desplazados. Algo que no antagonice a los empresarios y a los desplazados, ni los estigmatice, sino que los ponga a trabajar juntos. Aprovechar el dinamismo del sector privado con la mano de obra e intereses de las víctimas, en experimentos creativos de asociación que generen prosperidad para todos en las regiones.

El anunciado compromiso presidencial debería sumarse a la capacidad y energía que el Ministro de Agricultura invierte en otros menesteres lejanos a su cartera, para mejorar las condiciones de los desplazados. Así podría llegar por fin un cambio en esa semilla de desigualdad y resentimiento que resulta de la histórica injusticia en las políticas de tierras en el país. Mientras no se busque un nuevo rumbo, este tema seguirá siendo una de las principales raíces del conflicto colombiano.
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