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| 6/25/2014 12:00:00 AM

El día en que el Consejo de Estado tumbó dos magistrados

En un solo día el alto tribunal tumbó las elecciones de los magistrados Alberto Rojas Ríos y Francisco Ricaurte.

En un hecho pocas veces visto, el Consejo de Estado tomó dos decisiones trascendentales en un mismo día. Las dos infortunadamente contra la misma justicia, pues tumbó la elección de los magistrados de la Corte Constitucional Alberto Rojas Ríos y del Consejo Superior de la Judicatura Francisco Ricaurte.
 
En el caso de Ricaurte, la decisión se dio después de que los magistrados de ese tribunal estudiaran una demanda por posibles irregularidades en la elección del togado.
 
El argumento era claro: la elección de Ricaurte estaba viciada por un presunto pago de favores de los magistrados con sus anteriores compañeros.

Según el texto de la demanda, “15 de los 16 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que eligieron a Ricaurte fueron elegidos magistrados en votaciones en la que este participó”.

Esto, a la luz del artículo 126 de la Constitución Política, era una verdadera irregularidad. “No podrán designar personas vinculadas por los mismos lazos con servidores públicos competentes para intervenir en su designación”, precisa el texto de la demanda instaurada en enero del 2013 por los reconocidos abogados Rodrigo Uprimny y Ramiro Bejarano.

Ricaurte quiso buscar oxígeno la semana pasada y radicó una recusación contra el magistrado de la sección primera Marco Antonio Velilla, al señalar que su colega tiene un trámite judicial en la judicatura, por lo que no podía ser juez ni parte. Pero este miércoles se conoció que esa recusación no procedió y la decisión contra Ricaurte no tuvo reversa.
 
En la noche del miércoles el Consejo de Estado dio otro puntillazo. Tumbó la elección del cuestionado magistrado Alberto Rojas por una razón similar a la de Ricaurte: vicios en su elección.
 
La demanda había sido interpuesta por el director de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos, quien argumentó una grave irregularidad en la conformación de la terna que, junto con los abogados Martha Lucía Zamora Ávila y Alejandro Linares Cantillo, conformó el Consejo de Estado.
 
La irregularidad consistió en que la mayoría de los miembros de la Sala Plena hizo pública su intención de voto, cuando el reglamento del Alto Tribunal señala que, sin excepción, el voto debe ser secreto. En la demanda la Red señaló que “este cambio en el sistema de votación indudablemente repercute en desmedro de la esfera íntima del elector, de forma que su independencia y su autonomía se ven comprometidas, pues su decisión es conocida previamente por los demás colegas”.
 
Otro argumento de la demanda tuvo que ver con el hecho de que el magistrado Rojas habría incumplido el requisito constitucional de ejercicio profesional con “buen crédito”. Todo porque Rojas fue motivo de denuncias en el sentido de que, al parecer, el abogado quiso apropiarse de una supuesta pensión de una viuda. Sin embargo, el Consejo de Estado desechó estos argumentos de la demanda.
 
“Esta decisión será notificada en los próximos días y una vez cobre ejecutoria, deberá ser cumplida por el doctor Rojas Ríos y como consecuencia de ello el Consejo de Estado deberá conformar una nueva terna con sujeción a su reglamento, para ocupar esta vacante”, dijo el Tribunal en un comunicado.
 
El asunto no es de poca monta puesto que el Consejo de Estado les dio un golpe de gracia a dos de las instituciones que conforman el poder judicial. El tema será objeto de debate. Así terminó un agitado día para los magistrados del Consejo de Estado y será recordado como el miércoles en que este tribunal tumbó dos magistrados.
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