Viernes, 20 de enero de 2017

| 2004/12/12 00:00

El dilema de los desertores

Muchos desmovilizados, indultados por rebelión, están en la cárcel por haber cometido crímenes de lesa humanidad. ¿Serán cobijados por la ley de alternatividad penal?

En las cárceles hay por lo menos 85 desertores de la guerrilla que tienen procesos por delitos de lesa humanidad. El gobierno quiere que los beneficios de la ley de verdad, justicia y reparación cobijen también a quienes se desmovilizan individualmente.

Se acuerdan de 'Julián', el famoso guerrillero que después de haber 'tumbado' a las Farc, fue capturado con las manos en la masa en un secuestro, se fugó del búnker de la Fiscalía, luego se entregó a las autoridades y fue recibido con honores por el Presidente en la Casa de Nariño, de donde salió premiado con dos noches en una suite del Hotel Tequendama? Pues bien, se encuentra detenido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. Su buena suerte parece haberse agotado. Y es que el perdón que en principio le ofreció el gobierno no se traduce tan fácilmente en un indulto. Como se sabe, ni los crímenes comunes ni los de lesa humanidad pueden ser perdonados con la legislación actual. De hecho, actualmente hay por lo menos 85 desmovilizados detenidos bien sea porque a pesar de haberse entregado y haber recibido su indulto por rebelión, tenían procesos por otros crímenes. O porque han delinquido después del indulto y han perdido este beneficio.

Sólo en la cárcel La Picota de Bogotá hay más de 20 muchachos que por diversas razones se entregaron confiados en que sus delitos serían perdonados, pero en el camino las cosas se les han complicado.

Es el caso de Roberto Agudelo*, un joven tolimense que en octubre del año pasado desertó de las Farc y se presentó ante la Defensoría del Pueblo. De inmediato empezó los trámites para ser certificado por el Ministerio de Defensa, pero antes de ser recibir el indulto, otros dos desmovilizados lo señalaron como la persona que había lanzado cilindros contra la población de Ataco, Tolima, durante una toma guerrillera. Ahora enfrenta un proceso por terrorismo que muy probablemente lo llevará a ser condenado. O de otro ex guerrillero de las Farc que cuidó durante varios meses al japonés Shikao Muramatsu, mientras estuvo secuestrado. Un día desertó y le entregó a las autoridades la información sobre

el campamento donde tenían a

Muramatsu. Poco después las Farc mataron al japonés, y el guerrillero, que ya estaba en uno de los albergues del Ministerio de Defensa, fue detenido y acusado de secuestro. Similar suerte corrió Jimmy Lea, un joven que después de dos años de haberse entregado, cuando había ganado una beca universitaria como mejor estudiante del programa de desmovilizados, fue señalado por dos informantes como integrante de un grupo paramilitar que había asesinado a más de una docena de muchachos de Altos de Cazucá en Soacha. Los informantes se retractaron luego, pero su caso sigue en firne y corre el riesgo de pasar el resto de su vida en la cárcel.

Estos casos son más frecuentes entre los desmovilizados que fueron jefes de frentes o mandos medios. Así sucedió con Wilson Ramos, conocido como 'Vladimir' y con Rosalba Guerrero, quienes después de estar indultados terminaron en la cárcel, el primero porque resultó vinculado al proceso por la bomba del club El Nogal y la segunda por financiar atentados terroristas. Si bien muchos de ellos se sienten engañados y piensan que el Estado les jugó sucio, en realidad la ley es clara en que estos delitos no son objeto de indulto y simplemente los jueces actúan de acuerdo con la ley. Esta situación ha llevado a que muchos de los desmovilizados no hablen sobre los delitos atroces que han cometido y si no existen procesos en su contra, simplemente éstos jamás se investigan.

Pero ¿podría esto cambiar si se aprueba una ley de verdad, justicia y reparación? Definitivamente, sí. Esta es una de las diferencias más profundas que tienen los proyectos de ley de alternatividad penal que presentarán por caminos separados el gobierno y un grupo de congresistas encabezados por Rafael Pardo. Mientras para los parlamentarios la ley sería aplicable sólo para las organizaciones armadas ilegales que están en un proceso de paz, para el gobierno no es lógico que los desertores, que además suelen entregar información útil para operaciones policiales y militares, y que quieren dejar la guerra, terminen en la cárcel.

Quienes quieren excluir a los desertores de los beneficios de la ley lo hacen con buenas razones. Rebajarle la prisión a un paramilitar como Salvatore Mancuso, que ha cometido todo tipo de crímenes graves, es un gesto que hace la sociedad a cambio de pacificar territorios y garantizar que las víctimas puedan ser resarcidas. Pero el gobierno apela al principio de igualdad que debe cobijar a quien desee dejar las armas, sea individualmente o en grupo. El enorme riesgo que se corre en este caso es que no haya una cuota de verdad ni de reparación a las víctimas como la que es exigible en un proceso colectivo, y que la rebaja de penas termine siendo un premio no a una voluntad de paz sino a la colaboración con la guerra, lo que cambiaría el espíritu de la ley. Si eso llega a ocurrir, tal vez la suerte volvería a sonreírle a 'Julián'.

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