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El dique está quebrado

Hay alerta en Cali por el temor de que por la crisis invernal, ceda el dique que la protege de las crecientes del río Cauca. Millón y medio de personas podrían resultar damnificadas.

12 de febrero de 2006

Una sorpresiva puja ha disparado el valor de la tierra en uno de los barrios más miserables de Cali. "Se vende lote sin servicios, con derecho a reubicación, valor 2.500.000 pesos", reza un letrero escrito sobre cartones viejos. Lo que no dice, pero es un secreto a voces, es que esta última circunstancia es el gancho de la oferta. Especuladores se están aprovechando de la necesidad urgente que tiene el municipio de relocalizar a los habitantes de esta tierra, que es de su propiedad, está ubicada sobre el dique que protege a Cali contra las crecientes del río Cauca y está en alto riesgo de colapsar. Ese muro, que en la ciudad se conoce como jarillón, se construyó a mediados del siglo XX, tiene seis metros de altura y una longitud de 15 kilómetros. Precisamente porque ha cumplido bien su labor, permitió que la ciudad extendiera sus límites, y dio paso a la construcción del populoso distrito de Aguablanca. A finales de los años 80, el jarillón empezó a cumplir un propósito para el que no fue diseñado. Se convirtió en el refugio de más de 6.000 familias de desplazados, según los registros de la Corporación Autónoma del Valle (CVC), que es la autoridad ambiental de la ciudad. El jarillón de Cali tiene la misma función que el dique de Nueva Orleans, que falló el pasado 30 de agosto cuando el huracán Katrina hizo que el río Misisippi inundara la ciudad. Aunque por el Valle no pasan huracanes, cada vez son mayores las crecientes del río Cauca. Hay registros de que el agua ha llegado a 60 centímetros del borde y se teme que con el invierno del momento, el río rompa el dique por una de las grietas que ya se han encontrado. La presencia de los invasores impidió durante 20 años que se hiciera mantenimiento al jarillón, por lo que su estructura se ha deteriorado. "El jarillón es el último lugar donde alguien quisiera vivir, no tenemos servicios, pero el río nos regala agua y tomamos prestada la energía", dice Jaime Penagos, mientras señala unas conexiones piratas. Él es líder cívico de Villa Moscas, una de las 12 invasiones en el lugar, cuyo nombre habla por sí solo. Jaime y sus vecinos no ocultan el temor que les causa la proximidad del caudaloso río. Incluso en algunos de estos tugurios se dice que amarran a los niños para evitar que jugando se caigan y se los lleve la corriente. A pesar de las lamentables condiciones en que viven, dicen que no se van: "Aquí por lo menos no pagamos arriendo, y con lo que nos ahorramos comemos", es el argumento más repetido por sus habitantes. Estos asentamientos se extendieron por todo el jarillón gracias a la desidia con que las administraciones locales manejaron el tema. El año pasado, el alcalde Apolinar Salcedo anunció un desalojo por la fuerza, que no se llevó a cabo por el alto costo político de la medida, pero puso en evidencia que no existía ningún programa que les brindara alternativas a las personas que ahí viven. De sacarlas a la fuerza, estallaría una crisis social en la ciudad. No da espera el inminente peligro en que se encuentra la ciudad ante la fractura detectada por expertos de la CVC en el dique. "Hay 95 por ciento de probabilidades de que el jarillón se rompa con una creciente del río como la vivida en 1999", asegura Hernando Devia, ingeniero de la CVC y jefe de la patrulla fluvial del Cauca, quien ha venido alertando sobre la emergencia, pues observa a diario el debilitamiento de las paredes. "Si esto sucede, toda la zona oriental de Cali quedaría anegada". La presión ciudadana, y las acciones de varias entidades que se han encargado de divulgar la alarma, llevó el 4 de noviembre al Ministerio del Interior a decretar la calamidad pública para el jarillón. Eso agilizó una partida de la Nación para pagar el arrendamiento por seis meses a 1.200 familias que van a ser reubicadas. Por su parte, la Alcaldía anunció la puesta en marcha de un proyecto de lotes con servicios por valor de 23.800 millones de pesos para solucionar el problema de estas mismas familias. Ahí fue cuando se desató la campaña especulativa, liderada por urbanizadores piratas que, aprovechando la pobreza de la gente, fueron a las invasiones ofreciendo 250.000 pesos por lote que desocuparan, para luego venderlos 10 veces más caros. Las medidas tomadas son positivas, pero insuficientes. Hay expectativa para llegar a una pronta solución definitiva. No obstante, el problema del jarillón sigue latente, sobre todo ahora que el caudal del río Cauca crece a medida que el invierno arrecia. Además, falta conseguir recursos para trasladar a las otras 4.800 familias que siguen viviendo encima del dique, y hallar una fórmula que evite futuras invasiones. Hasta ahora sólo se conoce la propuesta de cercar el jarillón, pero para eso tampoco hay plata en el corto plazo. Las inundaciones de los últimos días demuestran que si no se toman medidas preventivas a tiempo, cualquier ciudad cercana a ríos como el Cauca corre peligro.