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| 10/15/2013 12:00:00 AM

Familias recuperan sus viviendas en el sur de Bogotá

La Corte Constitucional le ordenó al Distrito reubicarlas.

En enero de 2012, 160 familias fueron desalojadas del barrio Bosques de Molino, en el sur de Bogotá, luego de que le compraron unos predios a una organización que se hizo pasar por los propietarios. Después de que en noviembre la Corte Constitucional le ordenó al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que hiciera respetar el debido proceso y el derecho a una vivienda digna para las víctimas, esta semana comenzarán los trámites para escriturar y entregar las viviendas a las personas que fueron desalojadas.

Para darle cumplimiento a la sentencia T- 908 que impuso al Distrito la Corte Constitucional, la Secretaría Distrital del Hábitat, en conjunto con la Administración Distrital presentó alternativas para restablecer los derechos a los 164 hogares (79 viviendas y 85 lotes) afectados por los desalojos y demoliciones de los pasados 18 y 19 de enero del 2012.

Dentro de las alternativas, se presentaron dos proyectos de vivienda listos para entregar esta semana, que tendrán 79 viviendas de interés prioritario, ubicados en Bosa (38) y Usme (41). En los proyectos se reubicarán 79 familias que en su momento tenían una vivienda predio objeto del desalojo.

Así mismo, si las familias no tienen interés en los proyectos mencionados, el Distrito les da la posibilidad de presentar una vivienda de interés prioritario nueva o usada cuyo costo no supere 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). No obstante, si el precio de la vivienda supera dicha suma, el excedente de los recursos deberá ser aportado por el hogar.

Ahora bien, para aquellos 85 hogares que eran propietarios de un lote sin construir, a la fecha de los desalojos y demoliciones dentro del predio establecido inicialmente, se les restituirá el dinero pagado de acuerdo con el precio estipulado en la promesa de compraventa, que entre en la fecha de publicación del listado de beneficiarios de la sentencia. Estos hogares tendrán que abrir una cuenta de ahorro programado con fines de adquisición de vivienda, en cualquier entidad financiera.

¿Cómo fue la historia?

Las 170 familias que adquirieron predios en la localidad Rafael Uribe Uribe, a muy bajo costo, desconocían que quienes les vendieron eran integrantes de una banda denominada los ‘Tierreros’ que, fraudulentamente, realizó promesas de compraventa de los inmuebles sin tener posesión de los mismos.

Meses después, el verdadero propietario, la Sociedad Ladrillera del Sur los Molinos Ltda., reclamó sus terrenos y la Policía, en cumplimiento de una orden judicial, desalojó a las familias afectando la estructura de las viviendas que apenas se levantaban. 

Mediante un largo camino judicial, la Corte Constitucional, el 7 de noviembre del 2012, les dio la razón y por medio de la sentencia T- 908 del 2012, le ordenó al Distrito de Bogotá asignar y reubicar en sendos predios en similar sitio, terreno y área construida a las familias que habían sido víctimas de la estafa. 

A pesar de que inicialmente el alcalde Petro no estuvo de acuerdo con la medida, argumentando que el censo, la clarificación del tipo de vivienda y el lugar de la reubicación de las familias debía ser definido por la Corte, el Distrito de Bogotá terminó asumiendo la reubicación de las familias. 

Lo que se tuvo en cuenta para identificar y reubicar a las víctimas

Luego de la recolección, el análisis y la depuración de toda la información disponible sobre el desalojo de los pasados 18 y 19 de enero del 2012 en el predio perteneciente a la Sociedad Ladrillera del Sur Los Molinos Ltda, se estableció que 164 núcleos familiares es el número real de hogares afectados.

Para la cotejación de los registros, el Distrito se basó en tres criterios específicos ordenados por la Corte para hacer el conteo: 1. Familias afectadas por los desalojos y demoliciones, es decir, que efectivamente estaban habitando o iban a habitar los respectivos predios objeto del desalojo, cuando el avance de la construcción lo permitiera, 2. Cabezas de hogar que habían firmado promesa de compraventa antes del 18 de enero de 2012, y 3. No ser titulares de otro bien raíz destinado a vivienda en el Distrito Capital.

Aunque el alcalde no fue quien tomó la decisión del desalojo, estuvo obligado a entregar soluciones a estas personas que se apropiaron de un predio tras ser engañadas con títulos falsos que compraron a inescrupulosos. Diez meses después de la sentencia de la Corte, las familias fueron identificadas y sus derechos fueron reconocidos. Se espera que al terminar el mes, se les haya solucionado definitivamente su situación.

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