EL DIVIDENDO POR LA PAZ

Para nadie es un misterio que el conflicto armado que vive hace más de 30 años Colombia está estrechamente relacionado con factores económicos. La incapacidad del país para satisfacer las necesidades básicas de todos sus ciudadanos, la concentración de la riqueza y de la propiedad de las tierras y la falta de oportunidades, entre otras características del mapa económico, han sido sin duda semillas de insurrección y violencia. No obstante la evidencia demuestra que el conflicto armado, lejos de obtener logros en materia de justicia económica y progreso social, ha contribuido en gran medida a retardarlos. A estas alturas del partido la conclusión es clara: si Colombia no logra resolver su guerra interna le será imposible encaminarse en la senda del crecimiento económico acelerado que necesita para sacar a millones de sus habitantes de la miseria. Los economistas colombianos llevan muchos años estudiando los costos económicos que genera la guerra, los cuales, vistos desde otro punto de vista, representan los posibles beneficios que produciría la paz. La tarea no es fácil. Muchos de los costos del conflicto son extremadamente difíciles de cuantificar. Quienes trabajan el tema del impacto económico de la criminalidad y la violencia distinguen entre dos tipos de costos. Por una parte están los directos, representados en pérdidas de vidas (capital humano), bienes y activos productivos (capital físico) y recursos naturales. Por otra parte, y mucho más difíciles de cuantificar, están los indirectos. Estos incluyen, entre otros, las pérdidas de productividad _lesiones físicas y sicológicas, por ejemplo_, el desestímulo a la inversión _por la incertidumbre y los sobrecostos que genera la guerra_, la asignación ineficiente de recursos _que se podrían emplear en actividades productivas y en cambio se dedican a cubrir gastos de seguridad, salud, seguros, etc._, y el aumento en lo que los economistas llaman los costos de transacción. Estos son en esencia los costos de realizar intercambios económicos. En una situación de alta incertidumbre, como la generada por el conflicto armado, estos costos son mayores pues los agentes económicos buscan cubrir el mayor riesgo implícito en las transacciones a través de mayores precios. En conclusión, la guerra no sólo destruye parte de los recursos con que cuenta la economía para producir bienes y servicios sino que disminuye la productividad de los restantes. El más reciente intento de cuantificar los costos de la violencia para el país es un documento de Edgar Trujillo y Martha Elena Badel, funcionarios del Departamento Nacional de Planeación, titulado 'Los costos económicos de la criminalidad y la violencia en Colombia: 1991-1996', publicado en marzo de este año. Este cuantifica de manera separada los costos generados por la criminalidad urbana en el país y aquellos generados por la guerra contra la insurgencia. En lo que se refiere al conflicto armado, que es el objeto de este artículo, los hallazgos de estos investigadores son muy interesantes. Para llegar a un valor aproximado del costo económico del conflicto interno en Colombia los autores estimaron las pérdidas sufridas en varios frentes, todas expresadas en pesos de 1995. Desde el punto de vista del capital humano, calcularon que la pérdida de cerca de 9.500 personas a raíz del conflicto armado representó un costo total para la economía colombiana de 296.000 millones de pesos entre 1991 y 1996, es decir 49.000 millones de pesos por año o el 0,07 por ciento del Producto Interno Bruto. Por concepto de secuestros, robos y extorsión atribuidos a la insurgencia, los autores estiman que el costo acumulado durante los años estudiados fue de 1,8 billones de pesos de 1995, lo que equivale a un promedio anual de 295.000 millones o 0,4 por ciento del PIB (este cálculo seguramente subestima el costo real por este concepto, pues no existen datos para los crímenes de este tipo perpetrados por otros agentes del conflicto, como los grupos paramilitares). Adicionalmente, Trujillo y Badel calculan que las pérdidas por atentados terroristas contra la infraestructura física del país _incluyendo los costos de reparar oleoductos, torres de electricidad, etc. y las pérdidas de producto_ alcanzaron los 321.000 millones de pesos entre 1991 y 1996. Esta cifra equivale a un 0,07 por ciento del PIB por año. Por otra parte, calculan que el costo para el sector salud de tratar a las personas con lesiones producto de enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejercito totalizó 23.000 millones de pesos durante esos seis años. Finalmente, calculan que el sobrecosto en términos de gasto militar para el país por concepto del conflicto armado _calculado como la diferencia entre el gasto colombiano como porcentaje del PIB frente al promedio latinoamericano_ alcanzó los 3,7 billones de pesos durante ese período, lo cual representa un costo anual igual al 0,84 por ciento del PIB.Si estos cinco rubros se suman se llega a un costo del conflicto armado entre 1991 y 1996 de 6,15 billones de pesos de 1995. Según este cálculo, el costo anual promedio del conflicto sería cercano al 1,5 por ciento del Producto Interno Bruto, lo que a cifras de hoy equivale a cerca de 1.500 millones de dólares. Sin embargo los autores, a sabiendas de que los costos de algunos delitos son más altos para la persona afectada que para la economía como un todo, pues en muchos casos se trata de una transferencia o una redistribución de bienes, deducen las pérdidas por secuestro, extorsión y robo del total para llegar a los costos netos del conflicto. De esta manera estiman que en total el conflicto interno colombiano le genera al país pérdidas del orden del 1,1 por ciento del PIB por año _es decir, unos 1.100 millones de dólares en la actualidad_. No obstante, la cifra real es mucho mayor. Los costos indirectos relacionados con la incertidumbre, el desestímulo de la inversión _el conflicto armado en Colombia desvía recursos extranjeros hacia países más seguros e incentiva a los empresarios nacionales a sacar sus capitales del país_ y la pérdida de productividad, son difícilmente cuantificables pero seguramente sustanciales. De ahí el imperativo de hacer la paz incluso si ésta implica un costo considerable _según los resultados del estudio, en teoría el país debería estar dispuesto a 'pagar' al menos 1.100 millones de dólares al año para asegurar la paz_. En un país con recursos tan limitados es inaudito que una porción importante de éstos se dediquen a una actividad destructiva que atenta contra el crecimiento económico y el bienestar general de la población.