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| 7/30/2014 12:00:00 AM

El documento que firmó el ‘hacker’

¿Existe una amenaza real contra Andrés Fernando Sepúlveda o están en proceso de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía?

El pasado 16 de julio Andrés Fernando Sepúlveda Ardila, el ‘hacker’ que trabajó en la campaña del entonces candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, hizo una confesión desde su celda de la Unidad de Reclusión Especial (URE) de la cárcel La Picota: que se sentía “cómodo” y “seguro” a pesar del aislamiento en el que se encontraba.

Para cualquier persona, estar en una cárcel es una situación traumática. A pesar de esto, él quiso dejar constancia de su condición porque se encontraba en un espacio con dos habitaciones, un pasillo, una cama y un televisor. No tenía contacto con nadie y su lugar era prácticamente impenetrable.

Por eso, de su puño y letra, escribió: “Yo, Andrés Fernando Sepúlveda, declaro lo siguiente: Informo que desde el día 18 de junio me encuentro en la URE PAS, ubicado por temas de mi seguridad personal y debido a las amenazas recibidas en mi contra, declaro que estoy conforme con mi sitio de reclusión”.

En otro aparte dijo: “La primera semana que llegué a la URE PAS, me sentí inconforme por el aislamiento y porque no contaba con una acomodación digna. Pero una vez fue notificado el asunto a la dirección, mis condiciones mejoraron considerablemente, me autorizaron tv, me dieron cama y logré acomodarme”, se lee en el documento.

Así mismo, Sepúlveda concluyó: “Gracias al aislamiento, aunque las amenazas en mi contra siguen, aquí me siento mucho más seguro, no me encuentro en hacinamiento y el trato es digno y respetable. Por medio de este documento solicito formalmente seguir recluido en este lugar, todo por razones de seguridad y comodidad” (Vea facsímil).

Tal vez por este documento, que lleva la huella y firma de Sepúlveda, el director del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) aseguró, en dirección contraria a lo que ha dicho la Fiscalía, que el ‘hacker’ corría peligro y que había un plan para asesinarlo.

La Fiscalía dice tener pruebas contundentes como grabaciones, entre otras, que indican que delincuentes habrían conseguido un arma en Cali con silenciador con la que se atentaría contra Sepúlveda.

Muchos, sin embargo, atribuyeron este cruce de opiniones contrarias entre el Inpec y la Fiscalía a las diferencias entre el fiscal general, Eduardo Montealegre, y el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, quien es el superior del director del organismo responsable de las cárceles en el país.

Al respecto, el ministro dijo a Blu Radio este miércoles que no está en plan de pelea con el fiscal general, aunque reconoció que sí había discrepancias. Aseguró que el director del Inpec no actuó de mala fe y en la cárcel le dijeron que “allá no había ninguna pistola”.

El jefe de la cartera de Justicia, con el ánimo de bajarles el tono a las voces que hablan de confrontación entre los dos organismos, dijo que “Si la Fiscalía dice que hay amenazas, hay que creerles”.

Hasta allí se podría creer que el tema por el traslado del ‘hacker’ está concluido. Pero este miércoles algunos analistas continuaban preguntándose quién tenía la razón en cuanto al posible atentado o no contra este hombre señalado de espionaje al proceso de paz.

Lo cierto es que fuentes de la Fiscalía le confirmaron a Semana.com que el traslado se debe, entre otras cosas, al comienzo de una negociación del hacker con la Fiscalía para una eventual rebaja de penas de la que se derivará el destape de este hombre, que tiene mucho que decir sobre políticos y militares seguramente comprometidos en actividades poco claras.
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