Viernes, 31 de octubre de 2014

| 2013/02/16 06:00

El efecto Tayrona

El fallo de tutela que obliga consultar a los indígenas sobre el turismo en el parque Tayrona, y otras sentencias de la Corte Constitucional, tienen preocupados a los inversionistas del petróleo, la minería y la infraestructura.

El tribunal del Magdalena dijo que no podían existir desarrollos turísticos en el Tayrona sin consultar a los indígenas pues allí están sus sitios sagrados. La decisión afecta los Ecohabs que tiene Aviatur desde 2005 y el proyecto Los Ciruelos. Foto: Juan Carlos Sierra / Semana

Este año se han tomado tantas decisiones sobre el Tayrona que hay que ser casi un experto para saber en qué va la discusión del parque más emblemático del país. En enero se conoció que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) levantó la suspensión a un proyecto llamado Los Ciruelos que planeaba construir allí 12 cabañas. Tres semanas después la misma entidad reversó su decisión y la dejó en manos de Parques Naturales. Esta semana, por cuenta de una tutela, el Tribunal del Magdalena le puso un ingrediente a la discusión que puede ser más definitivo para el debate que todos los anteriores. La decisión obliga a hacer una consulta previa con los indígenas antes de autorizar cualquier proyecto en el parque, pues afecta sus zonas sagradas. Si esta interpretación se extiende a otros sectores, muchos proyectos mineros, petroleros y de infraestructura podrían replantearse.

El fallo de dicho tribunal es un episodio más en la disputa por el Tayrona que comenzó cuando la cadena de lujo Six Senses anunció hace dos años su interés en hacer un hotel allí. Por eso es tan significativa la decisión del juez de frenar la construcción de otro hotel, Los Ciruelos, y de hacer ajustes retroactivos a la concesión de Aviatur (que opera Ecohabs desde 2005). Ambos deberán consultar a las cuatro comunidades indígenas que habitan el Tayrona (koguis, arhuacos, wiwas y kankuamos). El caso es notable porque en el territorio del parque no hay resguardo y la mayoría es propiedad privada, incluidos los predios donde se construirían Los Ciruelos y Six Senses.

Hasta hace un tiempo la consulta previa solo operaba cuando los proyectos eran dentro de resguardos. Pero la Corte Constitucional cambió esa interpretación y este nuevo fallo sigue esta corriente. Según el Tribunal “el territorio indígena no se agota allí” (en el resguardo) sino que se extiende a donde las comunidades realizan sus actividades tradicionales, como las ceremonias religiosas. Tanto el lugar donde están hoy los Ecohabs como el de Los Ciruelos son lugares sagrados. El primero es para los indígenas “el lugar donde vivía el Mama Teiku con animales domésticos de varias clases” y el segundo, donde están “la madre de la sal y la madre del Ziruchu”, un sitio de provisión para los pagamentos. Basado en este argumento, el tribunal ordenó hacer la consulta, incluso retroactivamente, en el caso de la concesión de Aviatur.

El impacto de esta nueva interpretación es enorme. Como dijo Clara López, presidenta del Polo Democrático y quien lideró la tutela, esto implica que en el futuro “no puede existir una licencia ambiental sin la consulta previa indígena” en sus lugares sagrados. Los resguardos indígenas ocupan hoy unos 34 millones de hectáreas, casi el 30 por ciento del territorio nacional. Si se empieza a sumar los sitios ancestrales de las 93 etnias del país, esa área podría aumentar significativamente y, muy probablemente, cobijaría lugares donde se desarrollan grandes proyectos mineros o de infraestructura. 

Dos fallos reciente de la Corte Constitucional pueden incidir en que la balanza sobre el parque Tayrona se incline a favor de las comunidades indígenas. El primero es el de las islas del Rosario, que obliga al Incoder a revisar la decisión que en 1984 declaró baldías esas tierras y a realizar consultas para cualquier decisión administrativa futura sobre el archipiélago. El segundo fallo fue el sustento para volver a suspender el proyecto Los Ciruelos. Para echar atrás la licencia, la ANLA se basó en una sentencia de la Corte que afirma que las licencias ambientales pueden ser modificadas, suspendidas o canceladas “cuando se puedan causar daños no previstos en la licencia inicial”. Antes estas solo se podían levantar por incumplimiento. 

Estas sentencias preocupan a algunos gremios importantes. “Tenemos claro que los fallos se acatan, pero existe el grave riesgo de que estos incidan negativamente en la decisión de los empresarios de invertir en Colombia”, dice el presidente de la Cámara Asomineros de la Andi, Eduardo Chaparro. Para ellos, la incertidumbre de saber si en las zonas donde van a realizar proyectos existen comunidades étnicas se ha vuelto un problema. No hay un registro que permita saber cuáles son los sitios sagrados y la certificación que da el Ministerio de que no se necesita hacer consulta previa no es definitiva. En muchos casos las comunidades aparecen después de que los proyectos empiezan a ejecutarse o las consultas se caen porque quienes las acordaron resultan no ser los representantes legítimos. “Nosotros estamos comprometidos con los derechos de los indígenas, pero queremos reglas claras”, concluye. 

No es una exageración decir que hoy la consulta previa se ha convertido en el ‘coco’ de gobernantes y empresarios. Parte de la agenda legislativa del país está frenada por cuenta de que esos procesos no avanzan. Ya se anunció que este semestre no se presenta el Código Minero. Y la reforma a las CAR y a la Ley de Desarrollo Rural pueden correr la misma suerte. Según la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, más de 30 proyectos estratégicos no han podido superar ese trámite. Se han dado incluso situaciones absurdas, como un fallo de tutela que obliga al Ministerio de Agricultura a hacer una consulta previa para erradicar una plaga que afecta los cultivos de palma. “Se volvería una cosa de nunca acabar. Después van a inventarse una consulta previa para erradicar la roya, otra para enfrentar una plaga en el banano o el cacao”, dijo el ministro Juan Camilo Restrepo. 

Estas situaciones han llevado a muchas voces a pedir replantear la forma como se hacen las consultas previas. En el fondo, lo que hay es una disputa entre dos formas opuestas de ver el mundo, la de los inversionistas y la de los indígenas y ambientalistas, y una confusión enorme sobre el procedimiento para llegar a acuerdos. Para los primeros están en juego la seguridad jurídica y buena parte del desarrollo económico al que le apuesta el país. Para los indígenas, el tema toca su propia existencia. Un auto de la Corte Constitucional ordena proteger a 34 pueblos indígenas que están en riesgo de extinción y el PNUD calcula que otros 69 pueden ser afectados por las actividades del boom petrolero y minero. Por todo esto, definir reglas claras sobre dónde deben hacerse las consultas previas, con quiénes y bajo qué parámetros es tan urgente.

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