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| 7/19/2013 12:00:00 AM

El Ejército desconoció el DIH en plan ‘Patriota’

El Consejo de Estado condenó a la Nación por los daños sufridos por comerciantes en Cartagena del Chairá.

Una de las estrategias de las Fuerzas Militares que más resultados y eficiencia logró, fue el denominado plan ‘Patriota’ liderado por el expresidente Álvaro Uribe con su entonces ministra de Defensa, Martha Lucia Ramírez, en donde la clara orden era recuperar los territorios de Meta, Caquetá y Putumayo para la época infestados la guerrillera.

Los resultados a simple vista fueron exitosos en el marco de la política de ‘seguridad democrática’, propuesta por Uribe. Incluso la estrategia tuvo una segunda fase denominada plan ‘consolidación’, la cual tuvo gran despliegue y efectividad.

Sin embargo, existieron víctimas de dicha ofensiva militar contra los grupos armados como un grupo de comerciantes del municipio Cartagena del Chairá (Caquetá), quienes debieron desplazarse forzadamente de sus viviendas, lugares y útiles de trabajo sin poder recuperarlos tiempo después, por lo que decidieron demandar a la Nación.

Según los demandantes, los constantes enfrentamientos con las FARC los obligaron a salir de la vereda Peñas Coloradas y abandonar la maquinaria que usaban para sus trabajos de obras civiles. Aunque trataron de recuperarla, afirman que la Fuerza Pública impidió su ingreso por seguridad y ocupó sus bienes por “orden presidencial”, en función del plan ‘Patriota’.

La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Hernán Andrade Rincón, señaló que el Estado debe tener en cuenta algunas normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) al adelantar acciones militares en el marco del conflicto armado interno. Entre otras, tomar medidas para evitar desplazamiento y afectación de bienes de la población civil o, dado el caso, respetarse los derechos de propiedad de las personas desplazadas, entre otras.

Según la sentencia “el desconocimiento del Estado a los deberes impuestos por el DIH daría lugar a la declaración de su responsabilidad por falla en el servicio pues el compromiso del respeto de dichas normas no es solo a nivel internacional, sino interno. Afirma la sentencia que “dicha falla consistiría en el hecho de haberse apartado de una obligación jurídica vinculante en el desarrollo de las actividades militares durante el conflicto armado”.

Para el Consejo de Estado, es claro que el Ejército tenía por mandato constitucional la obligación de recuperar el territorio, sin embargo la operación tenía que respetar el DIH y a la población que se pudiera ver afectada con la incursión militar.

Según el alto tribunal, los daños causados con la ofensiva militar en Peñas Coloradas fueron superiores a los beneficios obtenidos con relación a la soberanía estatal, pues se produjo el desplazamiento masivo de más de 2.464 personas, las mismas que tres años después no habían regresado a sus hogares y, “en consecuencia –se infiere-, no habían recuperado la mayor parte de sus bienes”.
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