El elefante blanco

La riqueza de la mafia es tan monumental, que ya se veían venir las complicaciones que tendría el Estado para manejarla. Son tantos los bienes incautados a los narcotraficantes, que la Dirección Nacional de Estupefacientes se convirtió en el holding más grande de América al manejar tal diversidad de sectores en su portafolio: es la inmobiliaria más grande, son los hoteleros más grandes, los que tienen más carros, aviones, fincas y tierra en grandes volúmenes. Pero lo más grave es que nadie estaba preparado para eso.

Es tal la fortuna que tiene en sus manos Estupefacientes, que la cuenta más pequeña que maneja es de un billón de pesos de patrimonio, de sólo 2.000 sociedades que tiene a su disposición, sin tener en cuenta bienes urbanos y rurales. Si se compara sólo esta cifra, por ejemplo, con el patrimonio de un banco, se asemeja a la del Banco de Occidente, cuyo patrimonio es de 1,2 billones de pesos. Con la diferencia de que estos cálculos no serían tan reales porque en el caso de Estupefacientes no tienen aún la cifra real de los pasivos y los activos de los bienes que administra. La Contraloría General lo dice en el informe de gestión del 2004-2006 . El despelote contable es tan grande, que el Estado no tiene ni idea de cuál es el monto real de la riqueza que tiene, y la capacidad para administrar esta empresa sui generis se desbordó.

¿Pero cuál es la razón para no poder tener una contabilidad ordenada? Muy simple y muy compleja. Ni siquiera los grandes grupos económicos manejan un portafolio como el de Estupefacientes, a la que le toca manejar estados contables por lado y lado. Uno, el de los bienes incautados, y otro, el de los bienes extinguidos.

Los primeros siguen siendo de propiedad de las personas a las cuales se les decomisa y se les entrega a la Dirección para que los administre hasta que se les resuelva la situación jurídica. Lo más alarmante es que son el 95 por ciento los bienes incautados y no se sabe cuándo se pueden incorporar a la contabilidad real. Y sólo el 5 por ciento restante fueron extinguidos, o sea ya son propiedad del Estado. Heredó ese chicharrón Carlos Albornoz, quien dirige desde hace tan solo un año la entidad y quien dice que va a dar la pelea hasta que esta situación se corrija. "Lo cierto es que la realidad superó la ley de extinción, que a pesar de ser muy buena, en la práctica es un fracaso. Para superar esto, hay que nombrar más fiscales y más jueces de extinción porque el inventario es cada día más grande", le dijo a SEMANA.

Y si bien eso es cierto, lo más grave es que el manejo de la relación de los bienes de la mafia se viene haciendo de una forma rudimentaria. Nada se maneja por computador, sino con carpetas físicas. Albornoz fue el primer sorprendido. Y aunque en la administración anterior de Juan Carlos Vives se trató de superar esta forma tan elemental de manejar los bienes, fracasó en el intento y se perdieron 4.000 millones de pesos de un contrato con una unión temporal a la que le quedó grande la elaboración del inventario.

Ahora, Albornoz logró conseguir otra partida, esta vez por 10.000 millones de pesos, para superar esta deficiencia, y los resultados se conocerán en los primeros meses del año entrante. Si este propósito resulta exitoso, la nueva administración superaría las serias dificultades por las que atraviesa. Pero no todo es tan malo como lo pintan. A esta tarea se le suman varios beneficios para el Estado que logró Albornoz la semana pasada.

Consiguió que se incluyeran dos artículos en el Plan de Desarrollo que ya fueron reglamentados en la Presidencia de la República. Uno le permite a Estupefacientes vender todos los bienes incautados sin esperar que pasen a extinción de dominio. A partir de esta semana, la lista de bienes para la venta será por lo grande. "Lo primero que vamos a vender, a través de una banca de inversión, serán las sociedades y los hoteles, entre ellos el Chinauta Resort, en Fusagasugá; El Prado, en Barranquilla, y Mar Azul y el Sunrise Beach, en San Andrés", dijo el director de Estupefacientes.

Y la otra norma le ordena revisar y echar abajo todos los contratos irregulares de arrendamiento con los que se amparaban los narcos para evitar que las propiedades quedaran bajo la administración de Estupefacientes. "Ahora, la Fuerza Pública sí puede sacar al sobrino de Pablo Escobar que no quiere abandonar un motel en Manizales. O una viuda de un mafioso que se niega a entregar una lujosa finca en Antioquia ya extinguida. O el señor a quien Eduardo Restrepo, 'El Socio', de Ibagué, le arrendó todas las fincas por 100 millones de pesos anuales por cinco años. La ley ya nos abrió el camino y vamos a ocupar todos esos bienes", sostuvo Albornoz.

Pero esto no es todo. El Estado tendrá la más grande cadena de droguerías del país. Albornoz logró convencer a todos los trabajadores de la cooperativa Copservir, dueña de Drogas La Rebaja, incautada hace dos años por la Fiscalía, para que devuelvan la empresa. Es decir, Copservir va a deshacer el negocio que hicieron con los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, quienes en el acuerdo con la justicia renunciaron a los derechos sobre su propiedad. A cambio, los trabajadores tendrán estabilidad laboral y se les devolverán los aportes de sus sueldos."Esto evitaría que la Fiscalía levante pruebas sobre cada uno de los 4.300 asociados. De no ser así, ni usted ni yo estaríamos vivos para ver esa extinción de dominio", dijo Albornoz. La Fiscalía y la embajada norteamericana apoyaron esta iniciativa y en los próximos días saldrán de la Lista Clinton. Ganar hábilmente este pleito ya es de por sí un éxito, el mismo que tienen las 400 droguerías que logran vender actualmente 1.500 millones de pesos diarios que recibe en efectivo.

Más de una década lleva en el ojo del huracán este organismo por su ineficiencia y su incapacidad para manejar los bienes incautados. Sólo con el tiempo se sabrá a ciencia cierta si Albornoz logrará que esta inmensa fortuna de la mafia no se le vaya de las manos al Estado. A pesar de los enormes problemas, las cosas van, por ahora, por buen camino.