Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 1987/08/03 00:00

EL EME PONE CONEJO

Después del pago por Camila Michelsen, el M 19 le mete política al secuestro

EL EME PONE CONEJO

Jaime Michelsen pensó que la llamada podía ser la que estaba esperando con tanta ansiedad desde hacía 45 días. Resultó exactamente lo contrario. Un comunicado recibido por diferentes medios de prensa traía, como el chiste, una noticia buena y una mala. La buena: Camila estaba viva y bien: "La joven se encuentra en perfectas condiciones de salud y ha enfrentado la situación con entereza y dignidad". La mala, sin embargo, era muy desalentadora. Camila todavía no iba a ser liberada. El "chiste" lo hacía en este caso el M-19, el cual, por primera vez, reconocía abiertamente la autoría del secuestro.
El argumento del movimiento guerrillero para no llevar a cabo su parte del acuerdo al cual se había llegado con Jaime Michelsen, en presencia de Ernesto Samper, en una reunión en San José de Costa Rica el pasado 16 de mayo, era que, según ellos, este acuerdo incluía el compromiso de esperar a que se hicieran algunas comprobaciones sobre "desfalcos" presuntamente hechos por Michelsen en el manejo del Grupo Grancolombiano. La familia Michelsen y el testigo del evento, Ernesto Samper, no comparten esta versión. "El tema del Grupo Grancolombiano y los ahorradores fue discutido en la reunión de San José y el representante del M-19 se mostró satisfecho con las explicaciones que mi padre le dio al respecto. Tanto fue así que los participantes se despidieron de abrazo y ellos aceptaron que la liberación se haría en la semana inmediatamente siguiente", sostiene Pablo Michelsen Niño, hermano de la secuestrada, quien ha enfrentado el problema en Colombia desde el comienzo.
Esta versión es corroborada por Ernesto Samper, único testigo de las conversaciones, quien supuestamente fue reclutado para esta misión para encontrarse con Carlos Pizarro Leongómez, su ex compañero de clase en la Universidad Javeriana. Pizarro finalmente no llegó y esa hipótesis no pudo ser confirmada.
Lo de los desfalcos a los ahorradores del Grupo Grancolombiano se puede referir, en la práctica, sólo a dos cosas: el famoso episodio de los Fondos de Inversión Bolivariano y Grancolombiano o, la acusación de que Michelsen habría sacado, para beneficio personal, sumas considerables de dinero al entregar en fideicomiso lo que él llama "la totalidad de las compañías y negocios del Grupo Grancolombiano".
Sobre este último punto los escudriñadores del M-19 nunca pudieron encontrar un activo más de los que Michelsen les presentó en la "declaración de renta" que hizo para negociar el secuestro. El propio intermediario oficial en la negociación, el político costarricense Juan José Echeverría, llegó a sugerir que los captores no habían encontrado ningún argumento para desvirtuar la credibilidad de las cifras presentadas por Michelsen, sobre las cuales su hijo había hecho un juramento ante notario.
Esto significa que el comunicado del M-19 se refiere al problema de los fondos. Al respecto la acusación era que Michelsen para atraer más ahorradores a sus fondos de inversión manipulaba el precio de las acciones inscritas en la bolsa de valores hacía arriba y cuando quería comprar barato manipulaba el precio de las acciones hacia abajo. La posición de Michelsen siempre ha sido la de decir que los aumentos de precios eran reales y el desplome fue provocado por unas actitudes de la Comisión Nacional de Valores. Sin embargo, en aras de la solución del problema, llegó a proponer una fórmula de transacción que el llamó "manifestaciones de voluntad" según las cuales, en la liquidación de activos que tendría lugar para desenredar el problema, entrarían a beneficiarse los ahorradores.
Según datos recopilados por SEMANA, en la práctica el mecanismo se tradujo en lo siguiente: dentro de los que pudieran considerarse afectados hay dos grupos. El de los que se quedaron en los Fondos después del desplome (600 casos) y el de los que se retiraron de los Fondos a raíz del problema (5.505 casos). El Grupo restituyó a los primeros, reconociéndoles el valor inicial de su inversión más el 10% por una suma global de 240 millones de pesos. Los segundos recibieron el valor de su inversión más el 30%.
A pesar de que algunos abogados armaron sindicatos de inconformes, en términos generales la fórmula fue encontrada satisfactoria, inclusive por el mismo gobierno, el cual le dio luz verde a través del presidente de la Comisión Nacional de Valores, Juan Camilo Restrepo, considerado línea dura en el caso Michelsen.
Ante estas circunstancias, ¿qué es lo que quiere el M-19? Obviamente, si reconoció que Michelsen no tenía más de 500 mil dólares para pagarle por el rescate, difícilmente puede esperar que le sobre para los ahorradores.
Probablemente se trata de darle una justificación política a uno de los secuestros más sonados en la historia del país. En medio del desprestigio del proceso de paz hay que dorarle la píldora a la opinión pública con reivindicaciones altruistas que vayan más allá de la simple transacción comercial de lo que en realidad es un secuestro. Por otro lado el M-19 está tan desprestigiado que hoy en el país parece haber más simpatía por Michelsen. Esa es por lo menos la impresión que se desprende de las manifestaciones espontáneas de los programas radiales de la mañana.
En todo caso, allegados a Jaime Michelsen que han estado con él en los últimos días aseguran que el banquero considera que el destino de su hija está en manos de otros ya que él ha cumplido a cabalidad con la parte que le correspondía en el negocio más importante de su vida.

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