Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2004/03/14 00:00

¿El empadrona... qué?

El lío sobre el empadronamiento ha divido a los expertos, enfrentado a funcionarios y confundido a la opinión. ¿En qué consiste y cuáles son sus riesgos?

El viceministro de Justicia, Rafael Nieto Loaiza (derecha), renunció la semana pasada por sus diferencias con Sabas Pretelt , ministro del Interior y de Justicia. En el tema del empadronamiento tuvieron divergencias irreconciliables.

Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia, se fue la semana pasada de su cargo con dos amarguras: haber sido marginado de la reforma a la justicia, y haberse enfrentado con su jefe, el ministro Sabas Pretelt, sobre el polémico tema del empadronamiento contemplado en el estatuto antiterrorista.

Muchos países como España, Alemania y México usan empadronamientos como herramientas de información para que las autoridades civiles conozcan las necesidades de la gente y puedan atenderlas mejor. En España, por ejemplo, lo hace el Ministerio del Interior a través de un documento de identidad que los españoles tienen que renovar cada cierto tiempo para actualizar sus datos. Información que no está exenta de ser utilizada para labores de inteligencia y seguridad.

Pero en Colombia, aunque el empadronamiento no es el tema central del estatuto antiterrorista, sí se ha convertido en el punto más controvertido por cuenta de los interrogantes que deja abiertos y de los prejuicios que lo rondan, que van desde evocar al imperio romano y el mítico Herodes persiguiendo niños, hasta las redadas hechas por los sistemas totalitarios para perseguir a sus críticos.

Para Nieto Loaiza, el empadronamiento no tiene ningún misterio, si se hace con carácter civil, en todo el país y de manera permanente y obligatoria, tal como es su propuesta. De esta manera, el uso de la información no sólo será para efectos de seguridad sino que puede convertirse en una herramienta para alcaldes y demás autoridades en materias como salud, educación y servicios públicos. En el tema de la seguridad, el empadronamiento permitiría, por ejemplo, que las autoridades judiciales y de Policía, en lugar de hacer grandes redadas y detenciones masivas, enfoquen sus esfuerzos hacia las personas que realmente hacen parte de redes y organizaciones insurgentes, paramilitares o de delincuencia organizada.

Está claro que el tema de la inteligencia es central para un país que, como es el caso de Colombia, vive una guerra poco convencional. Por eso, mientras se haga con transparencia, el empadronamiento puede convertirse en una herramienta clave para la política de seguridad.

Pero las bondades teóricas del proyecto no borran los interrogantes prácticos que deja su redacción. Para Román Ortiz, profesor de la Universidad de los Andes y experto en terrorismo, un empadronamiento de este tipo funciona bien si cuenta con tres elementos "que la información sea fiable, que se garantice que no sea extraída por personas con intereses oscuros, y que las fuerzas de seguridad estén en capacidad de procesarla y analizarla". Justamente en estos tres aspectos, el proyecto de ley tiene enormes vacíos.

Para empezar, no se sabe a quién le toca hacerlo. El texto original propone que lo haga el gobierno y se actualice a través de los notarios. Esta fórmula ha recibido un rechazo casi unánime y hasta el momento no se sabe a quién le tocará hacer el censo. Gina Parody, ponente del proyecto, considera inviable esta fórmula pues en Colombia existen sólo 850 notarías. Parody es partidaria de que en un modelo flexible, en cada región el gobierno defina quién hará el empadronamiento.

Su propuesta resuelve uno de los problemas, pero agudiza otro: la seguridad que tendrán los datos. Está probado que en muchos municipios, grupos paramilitares y guerrilleros han infiltrado hasta lo más profundo instituciones como la Fiscalía y los organismos de seguridad. Incluso, el informe sobre derechos humanos que presentó la ONU la semana pasada destaca que se incrementaron las denuncias sobre nexos entre grupos paramilitares y autoridades locales en algunas regiones.

Se supone que los datos del empadronamiento serán confidenciales, pero es obvio que si se hace en el marco de la lucha contra el terrorismo, la Fiscalía y los organismos de seguridad tendrán acceso a ella, con unas reglas del juego que aún no están totalmente claras. Entonces, el primer temor, no siempre infundado, es ¿qué garantías tiene el ciudadano de que estos datos no van a caer en manos de grupos ilegales?

Si algo es un misterio en el proyecto es quién protegerá y, en consecuencia, responderá por el uso de la información. ¿El Ministerio del Interior y de Justicia? ¿El Ministerio de Defensa? ¿El Dane? ¿La Registraduría? Este es un tema de peso pues las exigencias tecnológicas del empadronamiento son enormes.

Aunque se supere la desconfianza sobre un posible uso indebido de la información contenida en el padrón, un tercer problema es cómo garantizar que esta sea una información eficiente en términos de la lucha contra el terrorismo. El reciente ataque de las Farc en Neiva es un ejemplo de cómo se puede tener buena información y no lograr hacerla efectiva a la hora de actuar contra los grupos armados.

Parcial y temporal

Si el proyecto tal y como se presentó genera todas estas dudas, las declaraciones del ministro Sabas Pretelt las aumentó esta semana cuando declaró ante los medios que el empadronamiento podría hacerse sólo en algunas regiones y por tiempo limitado.

Muchos analistas consideran que hacerlo de esta manera sería inocuo en un país donde los problemas de orden público pueden surgir en todas partes, sea el campo o la ciudad, y donde la gente cambia de residencia con una facilidad asombrosa. Muchas zonas que se han considerado tradicionalmente difíciles en cuanto a orden público suelen ser justamente aquellas donde hay más movimiento de personas y es muy difícil tener información fiable sobre toda la gente.

Baste recordar que en el Urabá antioqueño hace 10 años se intentó hacer un empadronamiento y una carnetización que suscitó, con justa razón, todo tipo de protestas.

Una cosa, dicen los analistas, es luchar contra una guerrilla o unos paramilitares identificados y localizados, como ha sido la guerra en Colombia, y otra luchar contra organizaciones que cada vez más funcionan como red, que están en las ciudades, se comunican con medios electrónicos y poseen amplio apoyo logístico.

"No es al 'Mono Jojoy' a quien se va a empadronar, sino a quienes quieren vivir en la clandestinidad", afirma Parody, quien descarta que el debate sobre el empadronamiento sea filosófico.

Pero otra cosa muy distinta piensa el senador Carlos Gaviria, quien cree que "el empadronamiento envía un mensaje grave porque se trata a todos los ciudadanos como si fueran terroristas, se viola el derecho a la intimidad y nos pone en la perspectiva orwelliana del Gran Hermano". Pero reconoce que la única manera de admitir su realización sería en zonas determinadas y por un tiempo limitado.

Si se aclaran los interrogantes alrededor del proyecto, bien sea para un empadronamiento nacional o por regiones, quedaría un aspecto sin resolver: la plata. En términos pragmáticos, la propuesta del ministro Pretelt suena más ajustada a la realidad, especialmente en un país que en 2005 tendrá que financiar un censo y que aún sigue esperando que arranque la renovación de cédulas prometida por la Registraduría desde hace años.

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