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| 8/27/2013 12:00:00 AM

El enorme desafío de Petro al decretar el POT

La ciudad estará sometida al vaivén de las demandas. Constructores auguran impacto negativo en la construcción.

El alcalde Gustavo Petro acaba de pasar por encima de una decisión del Concejo de Bogotá. En contra de la mayoría, firmó el decreto para darle vida al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la norma que establece las reglas sobre cómo debe crecer la ciudad, cómo se valoriza la tierra, en dónde se puede construir, qué se puede y qué no. En otras palabras, de él dependen el futuro económico y la convivencia de la ciudad.

El problema es que el Concejo de Bogotá había negado el proyecto de POT propuesto por el alcalde el pasado 7 de junio. En la Comisión de ordenamiento nueve votos se impusieron contra seis. Aun así, el burgomaestre se impuso a la decisión del Cabildo.

Ese decreto tiene implicaciones políticas, jurídicas y técnicas que enfrentan el gobierno distrital con diferentes sectores. De hecho, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, ya dijo que demandaría la norma. En respuesta contestó el alcalde a través de un trino que las “amenazas del ministro Henao implican una ruptura entre el gob nacional y el distrital. Espero presidente de la República reflexione”.

Esta es sólo una muestra de la confrontación que se avecina por la polémica medida.

El impacto político

En el pasado, Antanas Mockus y Enrique Peñalosa modificaron el POT por decreto. La diferencia fue que en sus alcaldías no fueron negados sus proyectos, sino que naufragaron por el vencimiento de los términos legales. En ese caso había claridad en la facultad de los alcaldes para pasar la norma.

La concejal María Victoria elevó una consulta al Consejo de Estado para que respondiera si era posible que el alcalde decretara el POT. Hasta ahora, el Consejo de Estado no ha respondido. Pero la pregunta es elemental: ¿Para qué, entonces, el proyecto debe pasar por el Concejo, si al final el alcalde puede imponer su voluntad?

“Me parece que desconocer al Concejo, pero lo peor, desconocer que una norma tan importante debe ser aprobada con participación ciudadana, es una afrenta a la democracia”, dijo a Semana el concejal Miguel Uribe Turbay, quien fue el autor de la ponencia para negar el POT.

La concejal Angélica Lozano, de la bancada de Progresistas, aunque criticó la manera como el Concejo negó el POT “sin mayores argumentos”, no está de acuerdo con el decreto. En su criterio se debe aprobar una norma equilibrada con el consenso general, pero no debe ser impuesta.

El decreto del POT, en criterio de los contradictores del alcalde, es una provocación al estilo chavista. El alcalde, por su parte, ha respondido a sus ataques tratando de explicar las bondades de la norma vía Twitter.

“Comienzan planes de mitigar del riesgo producto del cambio climático: no habrá construcción en zonas de alto riesgo por inundación”, escribió primero

“Los mejores urbanistas del mundo reunidos en Bogotá conceptuaron favorablemente sobre la modificación excepcional del POT”, agregó más tarde.

“Con la reforma del POT, Bogotá se ubica en la vanguardia urbanística del mundo. Una ciudad sostenible”, dijo en un cruce de trinos con sus contradictores que no ha parado.

Al respecto de los trinos de Petro, Uribe Turbay respondió que hay aspectos del modelo de ciudad de Petro con los que nadie podría estar en desacuerdo, “pero lo que hay en el POT no es lo que dice en la teoría”.

La bancada liberal en el Congreso prepara un debate de control político para el alcalde, pues considera que debe explicar cuál es el alcance de su decreto. Estas decisiones auguran una pelea política de largo aliento.

El problema jurídico

Se avecina una avalancha de demandas contra el POT. Hay quienes consideran que el trámite es ilegal, pero también que el alcalde pudo incurrir en prevaricato. Eso respecto a la manera como se tramitó.

Pero también hay dudas jurídicas sobre si el POT decretado por Petro es una reforma o es un nuevo POT. La propuesta de reforma al POT es tan ambiciosa, que la veedora distrital, Adriana Córdoba, en su concepto consideró que no era una simple modificación sino que lo cambiaba todo.

La diferencia es importante porque una modificación es legal y necesaria, pero un nuevo POT es ilegal, pues el vigente no ha cumplido sus cuatro períodos, que es lo que debe cumplir la norma. En las 428 páginas del proyecto que se radicó en el Concejo, se redacta nuevamente casi el 90 % la norma. Ese solo hecho muestra que no se trata de una simple modificación.

Las consecuencias

Mientras los contradictores del alcalde demandan la norma y se surten las diligencias ante la justicia, el POT estará vigente. ¿Cuáles serán las consecuencias?

Según Camacol, la caída de la construcción continuará. El POT establece cargas para los constructores que deberán ceder el 20 % del área construida de sus proyectos para desarrollar viviendas para los más pobres (VIP), o darle el equivalente en dinero al Distrito para que las haga. También deberán ceder áreas para espacio público y asumir cargas para mantener las redes de acueducto y alcantarillado, entre otras.

Esas cargas son consideradas gravosas y desestimulan la construcción. No obstante, el gobierno distrital quitará los límites de altura para las edificaciones con el fin de que se genere una nueva renta sobre el suelo. Además, en criterio del Gobierno, así se podría acercar a la gente que vive en la periferia al centro de la ciudad.

Otro de los aspectos polémicos es la mezcla de usos del suelo. Hasta ahora la ciudad ha crecido desordenada. Por eso hay barrios en los que hay discotecas o industrias (usos de alto impacto) al lado de zonas residenciales.

El POT por decreto legaliza en algunos casos la mezcla de ese uso de suelos. La crítica de los urbanistas es que si el desorden ha sido desaforado cuando estaba prohibida la mezcla, ¿cómo será ahora cuando la norma lo permite?

Ante lo que está en juego, que es, ni más ni menos, la viabilidad y el desarrollo de la ciudad, la reforma al POT se debió discutir mayor responsabilidad. El alcalde, quien tiene un nivel de apoyo en las encuestas que no ha superado la tercera parte de los bogotanos, debió buscar el consenso. Pero no lo hizo. El costo político de su decisión aún está por verse.
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