Martes, 2 de septiembre de 2014

EL ESCANDALO MESTRE

| 1986/11/03 00:00

EL ESCANDALO MESTRE

Que tan culpable es Eduardo Mestre

La votación calculada era de 70 en la Cámara y 50 en el Senado. Con esta cifra de fijos, a tres semanas de la elección, el senador Eduardo Mestre Sarmiento tenía asegurada la victoria en la junta de parlamentarios liberales y, en consecuencia, en la plenaria del Congreso que debe elegir al designado a la Presidencia de la República. La avalancha de críticas sobre la intervencion del contralor Rodolfo González García en favor de su causa, no parecia representar el menor peligro.
Lo tumbó un titular de prensa: "Nexos bancarios entre Mestre y Rodríguez O.". Con este, el diario El Tiempo presentaba el martes 30 la primera prueba concreta de un rumor que se había convertido en obsesión en medios políticos y periodísticos: que Eduardo Mestre "algo tenía que ver" con Gilberto Rodríguez Orejuela, actualmente detenido en Cali por cargos de narcotráfico y cuya extradición ha sido solicitada por el gobierno de los Estados Unidos. El propio acusado se había defendido diez días antes de la aparición del titular, en una entrevista al mismo diario.
Ante la pregunta: "¿Qué de cierto hay, por otra parte, que usted fue socio de Gilberto Rodríguez, quien está detenido en Cali?, Mestre respondió: "Conocí a Cilberto Rodríguez en 1978 cuando era presidente de la junta directiva del Banco de los Trabajadores, cargo al cual había llegado con el visto bueno de la Superintendencia Bancaria. En ese banco tengo yo una cuenta corriente de las más antiguas, abierta tal vez en el primer mes de funcionamiento del banco. Y las relaciones entre Rodríguez y yo fueron las que tienen normalmente un banquero y un cuentacorrentista. Eso es todo".
Mestre pecó por omisión. Pocos cuentacorrentistas tienen con el presidente de la junta directiva de un banco los nexos que El Tiempo reveló entre Mestre y Rodríguez. Concretamente, los documentos demostraban que en enero de 1981, en una operación destinada a adquirir el control de la Corporación Financiera de Boyacá, el Banco de los Trabajadores prestó a un grupo de inversionistas 55 millones de pesos para llevar a cabo esa transacción, que según han dicho esos inversionistas, estaba siendo promovida por la Superintendencia Bancaria para rescatar a Corfiboyaca de una difícil situación financiera. Entre esos inversionistas aparecía, con nombre propio, el senador Mestre, quien recibió 10 millones de pesos por la modalidad de carta de crédito con vencimiento a 90 días. Con este negocio, Mestre quedó como accionista de Corfiboyacá y como socio de Gilberto Rodríguez, quien por otro lado se había hecho a un paquete de acciones de la corporación.
Al vencerse la carta de crédito, Mestre recibió un préstamo ordinario por el mismo monto. Este último crédito no fue pagado directamente por el senador, sino por una cadena de droguerías de Rodríguez, que asumió las deudas. En la entrevista concedida a SEMANA y que aparece en esta edición, Mestre asegura que las droguerías de Rodríguez asumieron la deuda porque él quiso entregar un lote como dación en pago y ante los problemas que esta modalidad comenzaba a tener en esos días en los medios bancarios, el lote fue adquirido por Rodríguez, quien de ese modo se hizo cargo de la deuda.

DE LA LEY A LA MORAL
Técnicamente, ninguna de las actuaciones de Mestre en estas operaciones, viola las normas juridicas. Es legal financiarse a través de una carta de crédito. Es legal cambiarla luego por un crédito ordinario. Y hasta es legal que un tercero pague por uno.
Los dos primeros puntos no solamente son legales sino muy comunes. El que es complicado es el último. Cuando un tercero paga por uno, a menos que se demuestre que uno le pagó al tercero, la conclusión lógica, en un caso como este, es que se actuó como testaferro. Curiosamente, actuar como testaferro no es ilegal en Colombia. Pero no es bueno para la hoja de vida de un político y menos si la persona a la que se le hizo el servicio está detenida por narcotráfico. Si alguna ilegalidad hubo en el curso de la transacción--aparte de la minucia de no haber pagado unos timbres nacionales--fue el hecho de que las cartas de crédito no pueden ser utilizadas para transacciones financieras, sino comerciales, pero esto en todo caso no es imputable a Mestre, sino al banco que se la otorgó.
Por lo tanto, todo el escándalo Mestre debe ser juzgado en ese terreno abstracto y subjetivo de la ética y la moral. Y en este campo, si se quiere ser justo, lo más importante sería determinar cómo era Gilberto Rodríguez modelo 81. Políticamente Diego Pardo Koppel se cayó de la Alcaldía de Bogotá por el modelo 79, que obviamente era un modelo con menos recorrido que el del 81. En este último año, Rodríguez ya era amigo de mucha gente. En su calidad de próspero hombre de negocios, su poder económico comenzó a sentirse en Cali. A pesar de que ya existía un prontuario suyo en los Estados Unidos, estos cargos no eran conocidos en Colombia y lo que flotaba en el ambiente era una leyenda en que, más que el origen del dinero, se hablaba de una fabulosa mansión cuyo salón principal sería una copia del exclusivo Club Colombia, establecimiento que se había negado a aceptarlo como socio. En esa época, las grandes fortunas hechas de la noche a la mañana se tildaban de emergentes y, aunque producían recelo social, eran aceptadas a la hora de los negocios y de las contribuciones políticas. Esta convivencia sólo se acabó con el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara, momento a partir del cual cambiaron radicalmente los valores frente al dinero de origen dudoso.
Mestre no es ni narcotraficante, ni lavador de dólares, ni siquiera un audaz financista. Todo lo que se reveló la semana pasada, tanto en público como en privado, es que el senador es un amigo de Gilberto Rodríguez. Y aun tres años más tarde, en 1984, existe evidencia de una vinculación entre ellos, pues tuvieron el mismo representante en la asamblea de Corfiboyacá ese año. Según Mestre (ver entrevista), él entregó su poder a una persona que resultó ser la misma a quien Rodríguez había otorgado el suyo.
Amigos de Rodriguez ha habido muchos: políticos, hombres de negocios, funcionarios públicos y periodistas. La mayoría de estos, totalmente honestos. Pero a diferencia de Mestre, ninguno de ellos aparece como testaferro, ni tampoco aspira a ser designado a la Presidencia de la República. El canciller alemán Willy Brandt renunció a su cargo en los años setenta, cuando se descubrió que su secretario privado era espía de Alemania Oriental. En un lacónico comunicado, Brandt simplemente expresó que "aunque soy totalmente inocente, renuncio por esas reglas intangibles de la democracia". A pesar de que Mestre tiene algunos buenos argumentos para defenderse, esas mismas reglas intangibles de la democracia dieron al traste con la posibilidad de que se convierta en designado.

EL OLEAJE
El escándalo Mestre tiene repercusiones políticas de largo alcance. El Presidente de la República, milagrosamente, salió bien librado. Donde lo hubiera nombrado ministro de Gobierno y se lo hubieran tumbado al mes, el escándalo no hubiera sido individual sino nacional. SEMANA se enteró de que desde antes de la posesión, el dossier de Mestre había sido entregado en las oficinas del Presidente electo, por enemigos del senador santandereano. El Ministerio de Gobierno de Mestre, que de por sí estaba en duda pues Barco y el "sanedrín" estaban incómodos ante el exceso de poder del grupo del contralor Rodolfo González, quedó así enterrado definitivamente.
La descabezada de Mestre significaba un problema político enorme. La deuda política del Presidente con él era mayor que la que podía tener con cualquier otro colombiano. Cuando nadie creía en Barco, Mestre y Rodolfo González armaron el tinglado parlamentario que desembocó en su candidatura. No nombrarlo ministro era casi imposible después de una cargada de ladrillo de esta naturaleza. Algunos especulan que otros descabezados considerados "fijos", fueron incluidos en la colada para diluir el caso Mestre. Posteriormente y para suavizar la situación, le ofreció la Embajada en Venezuela y luego lo recibió en Palacio, después de lo cual hizo una declaración sin descalificarlo como aspirante a la Designatura.
Podría recriminársele a Barco el tener una doble moral frente a los cargos de su gobierno, ya que la conclusión sería que el dossier de Mestre lo inhabilitaba para ministro, pero no para embajador. Igualmente se le podría cobrar la luz verde que le dio al senador santandereano, ante los cuestionamientos de El Espectador. Sin embargo, arrinconado en una delicada encrucijada en que se mezclaban sentimientos personales con requisitos políticos, el Presidente salió bien librado. El simplemente se quedó callado hasta que la prensa divulgó el asunto y puede, hasta el final alegar que no conocía toda la historia. El hecho es que evitó lo verdaderamente grave: haberlo nombrado ministro de Gobierno.

Y LA DESIGNATURA...
Pero si le fue bien al Presidente que pudo haber salido salpicado, parece que no necesariamente le fue bien al senador Hernando Durán Dussán, que debería haber sido el gran beneficiario de lo sucedido. Durán es probablemente el liberal que más merece la Designatura, por su hoja de vida y por sus servicios al partido. Sin embargo, como dijera a SEMANA un senador conservador, "el hundimiento de Mestre puede significar también el hundimiento de Durán". Esto obedecería a que el denominado grupo del contralor, promotor de la candidatura Mestre, aceptaría el naufragio de éste ante las circunstancias, pero no el triunfo de su rival, pues el contralor quería dejar en claro que si bien no elige, todavía veta.
Si esto es cierto, y si es verdad además que a los presidenciables de 1990 les preocupa que Durán se infle y les coja ventaja, se buscaría la fórmula de una tercería. El nombre más mencionado en este sentido es el de Juan José Turbay, que es el único colombiano que llena el doble requisito de pertenecer al "sanedrín" y al grupo del contralor. Los otros nombres son los de Alfonso Palacio Rudas, Diego Uribe Vargas y Victor Mosquera, pero en general se acepta que la pelea es entre Durán y Turbay. Lo poco probable es que Barco se pronuncie al respecto, como se lo está solicitando insistentemente todo el mundo. Contrario a la creencia popular, tradicionalmente los presidentes no señalan su preferencia en materia de designado, y simplemente le dejan esta decisión al Congreso. Una interferencia presidencial puede llegar a tener serias repercusiones internas en el partido, como sucedió durante el gobierno de Carlos Lleras, cuando el Presidente trató de impedir la elección de Julio César Turbay Ayala como designado, actitud que el Congreso rechazó eligiéndolo, sembrando la semilla de una futura división liberal que habría de perjudicar al partido durante varios años.

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