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El eslabón perdido

En el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá hay un engranaje que ha estado oculto: el del Concejo. Varios de sus miembros polémicos o que están en la mira de los órganos de control esperan reelegirse el 30 de octubre. ¿Quiénes son?

10 de septiembre de 2011

Hace dos años, cuando comenzó a hablarse del escándalo de la contratación en Bogotá, los entendidos decían que todo operaba como un cartel: que había tratos ocultos entre funcionarios de la administración y los contratistas beneficiados, y que los órganos de control y el Concejo se hacían los de la vista gorda.

Con el paso del tiempo se ha ido destapando cada uno de esos capítulos: el alcalde está suspendido, los contratistas y 'lobbistas' están siendo procesados por la Fiscalía y el contralor distrital y otros altos funcionarios de la administración están en la cárcel.

Sin embargo, el Concejo ha pasado de agache hasta ahora. A medida que avanzan las investigaciones, algunos de sus miembros han sido mencionados por dos de los implicados en el escándalo, el exdirector técnico del IDU Inocencio Meléndez y el excongresista liberal Germán Olano. Y la semana pasada el candidato Gustavo Petro señaló a otros dos.

Solo faltan siete semanas para las elecciones que definirán el nuevo Concejo de Bogotá. SEMANA puso la lupa sobre algunos nombres cuestionados que aspiran a ser reelegidos y encontró una especie de 'cueva de Rolando' en la que al lado de algunos concejales valientes y dedicados al servicio público hay también grupos que operan como engranajes de intereses particulares y a los que las autoridades ya tienen entre ceja y ceja.

La revista Dinero reveló la existencia de una lista de 12 concejales cuyas cuentas están siendo investigadas por la Contraloría. SEMANA supo que la investigación tiene que ver con la aprobación de vigencias futuras por 800.000 millones de pesos. Las mismas que se utilizaron para los polémicos contratos de mantenimiento de la malla vial que fueron repartidos a firmas de contratistas como los Nule, Julio Gómez y Emilio Tapia. El problema de esa aprobación es que el Concejo habría excedido sus competencias, pues introdujo en la norma detalles del diseño de la licitación. "En el Concejo se decía que la tajada de ese contrato fue de 60.000 millones y de ella les tocó también a los concejales", dijo un miembro de esa corporación a SEMANA.

Uno de los datos más dicientes de la inoperancia del Concejo es que durante los cuatro años nunca se dio un verdadero debate de control político sobre el monumental desfalco que se estaba dando en la ciudad y en el que estaban en juego más de tres billones de pesos. Y esa falla es aún más protuberante si se tiene en cuenta que el ejercicio de control político es la principal función del Concejo por encima de sus propuestas normativas.

Algunos concejales propusieron ese tipo de debates pero siempre se encontraron con que, misteriosamente, el grupo más experimentado y poderoso, conocido como el de 'los cacaos', que controla las bancadas y las comisiones, nunca dejaba incluir este debate en la agenda. Y por eso concejales como Carlos Vicente de Roux, Carlos Fernando Galán y Antonio Sanguino tuvieron que hacer las denuncias en los medios. En estos cuatro años solo hubo dos intentos de aplicar la moción de censura y ninguno prosperó.

La única oposición que el alcalde tuvo 'oficialmente' fue la de los partidos Cambio Radical y Mira. Los demás, pero sobre todo el de La U (la bancada mayoritaria), fueron el soporte de un alcalde de talante clientelista que sabía cómo recompensarlos a cambio de que se hicieran los mudos.

De los 45 concejales elegidos en 2007, más de diez han dejado sus curules. Vladimir Melo terminó condenado por el asesinato de su esposa, Hernando Caicedo fue suspendido por transitar ilegalmente por el carril de TransMilenio y Javier Lastra perdió su investidura por haber violado el régimen de inhabilidades. De los que quedaron, 35 aspiran a reelegirse. Algunos, como Jorge Durán Silva, son expertos en la materia, pues ocupa una curul desde 1978. Otro de los veteranos, Hipólito Moreno, quien lleva más de tres periodos, ha decidido retirarse para escalar al Congreso y dejar como su heredero al candidato Felipe Mancera.

SEMANA identificó cuatro grupos dentro del Concejo de Bogotá que muestran cómo actúan los concejales más cuestionados.

1.La bancada de los contratistas.

"El brazo político de los contratistas está vivo y quiere reelegirse", dijo Gustavo Petro la semana pasada y señaló al concejal Andrés Camacho Casado, como una de las fichas de los contratistas Julio Gómez y Emilio Tapia. Camacho ha tenido un incremento patrimonial que no corresponde a sus ingresos como concejal y que, según la revista Dinero, se evidencia en casas de recreo y autos lujosos. Dos ediles también han denunciado ante la Contraloría y la Procuraduría que Camacho estaría detrás de una red de fundaciones que ha contratado con el distrito. Las fundaciones tienen sus sedes en inmuebles que pertenecen al concejal o a su familia. Camacho negó que tuviera contratos a través de fundaciones y calificó las acusaciones de Petro como falsas y trasnochadas.

Otro de los concejales que mencionó Petro por sus presuntos vínculos con contratistas del distrito es Orlando Parada. Él estaría también, con Camacho, en la lista de 12 concejales que investigan los organismos de control. A Parada lo relacionan sobre todo con el contratista Manuel Sánchez, amistad que Parada ha reconocido. El concejal le respondió a Petro demandando su candidatura ante el contencioso administrativo, argumentando que está inhabilitado para competir porque fue condenado cuando militaba en el M-19.

Petro solo se metió con los concejales de La U que están apoyando a Enrique Peñalosa, pero en el Partido Verde también hay concejales salpicados. El ex director técnico del IDU Inocencio Meléndez mencionó a Edward Arias ante la Corte como uno de los concejales de los Nule. "Lo que yo escuché fue que Manuel (Nule) tenía al concejal Edward Arias en el Concejo para que le hiciera debates políticos", dijo Meléndez. Arias está apoyando la candidatura a edil de Alfredo Althviz, quien ha despertado suspicacias porque está haciendo una millonaria campaña desde octubre del año pasado, patrocinando fiestas de Halloween, torneos deportivos y arreglando canchas de fútbol, entre otros actos.

El excongresista Germán Olano también ha mencionado al concejal verde José Juan Rodríguez, quien sería cercano al contratista Julio Gómez. En su declaración ante la Corte Suprema dijo: "Julio Gómez decía que él había aportado como 3.000 millones de pesos a la campaña (de Samuel Moreno), al tiempo que se conocía la relación de amistad entre Julio Gómez y un grupo de concejales: José Juan Rodríguez, Hipólito Moreno y Jorge Ernesto Salamanca. Se hacía mucho énfasis en la amistad que tenía con Rodríguez, quien a su vez era muy amigo de la entonces directora del IDU, Liliana Pardo Gaona".

2.'Los cacaos'

En el Concejo está claro que quienes mandan la parada son 'los cacaos'. Este grupo de concejales también estaría vinculado a grandes contratos y pueden tener importantes cuotas burocráticas en entidades del distrito. Ellos definen o desbaratan el quórum y controlan la agenda. Esto quedó demostrado cuando debates tan importantes como el de la Uaesp (sobre la licitación de basuras) o el acueducto no prosperaron.

Entre ellos está el liberal Jorge Durán Silva, quien lleva más de treinta años de concejal. Fue uno de los que propusieron a Miguel Ángel Moralesrussi como contralor y quien dijo sin desparpajo cuando la bancada de Cambio Radical denunció que el clientelismo se había tomado el Concejo: "El clientelista es quien les da trabajo a los ciudadanos". Durán Silva también estaría en la lista de los 12 concejales investigados. Así como su compañero de bancada Jorge Salamanca, el de La U Hipólito Moreno, y el conservador Omar Mejía. A Salamanca, por ejemplo, las autoridades le hacen pesquisas preliminares para saber si sus propiedades corresponden a su nivel de ingresos. Dos secretarios de despacho le dijeron a SEMANA que él era uno de los concejales que más temor infundían y por ello el que más beneficios burocráticos, sobre todo en el sector salud, obtenía.

3.Los gomelos con billete

Hay también un grupo de concejales jóvenes que aspiran a reelegirse y que tampoco se salvan de cuestionamientos. El que más ha sonado en los últimos días ha sido Julio César Acosta, hijo del exgobernador de Arauca, preso por parapolítica, Julio Acosta. Hace unas semanas, la candidata Gina Parody divulgó una fotografía en la que aparece Acosta hijo al lado de un paramilitar de Arauca, Félix Bata, alias 'Tolima'. El también candidato a la Alcaldía Carlos Fernando Galán, en su calidad de presidente de Cambio Radical, le pidió al Consejo Nacional Electoral que le revocara el aval que le habían entregado. Acosta negó cualquier vínculo con grupos armados al margen de la ley y demandó a Parody por injuria y calumnia. Hasta que el CNE no revoque el aval, Acosta continúa en campaña.

Otro de los concejales cuyos familiares también han terminado tras las rejas es Rafael Alberto Escrucería, cuyo abuelo murió en una celda en Estados Unidos, condenado por narcotráfico, y cuyo padre fue el primer congresista destituido. En Tumaco afirman que Escrucería ya tenía hasta sede para lanzarse a la alcaldía del puerto de donde es su familia, pero el joven político decidió que se quiere quedar en el Concejo, aunque tiene uno de los peores récords de asistencia. A Escrucería también le cuestionan sus vínculos con el contratista Emilio Tapia, de quien reconoce es amigo y con quien estuvo en la fiesta del hijo del alcalde de Sincelejo, Pedro Paternina (ver foto).

El tercero del grupo de jóvenes concejales que andan en lujosos carros y gastan sin reserva en rumba y entretenimiento es Javier Palacio. La familia de este concejal tiene varios contratos con las Fuerzas Militares a través de una unión temporal (Comertex) que fabrica uniformes, morrales y carpas, entre otros. En el pasado han señalado a Palacio de tener cuotas en el Fondo de Vigilancia de Bogotá. Él siempre lo ha negado, pero el subgerente del Fondo fue su padrino de bodas y la jefe de la Oficina Jurídica trabajó en su campaña a la Cámara de Representantes. Comertex no había tenido contratos antes con el Fondo, pero desde 2009 obtuvo tres. Palacio niega que Comertex sea una empresa de su familia.

4. Los enredados

Otro de los concejales cuyos familiares tienen contratos con el distrito es Wilson Duarte, ingeniero civil, del Polo, muy cercano al senador Iván Moreno. Su familia tiene una firma de ingeniería y arquitectura llamada originalmente Ingewilcar, fundada por el mismo concejal. Cuando Duarte llegó al Concejo, la firma cambió de nombre (Inversiones Satélite) y el propio concejal dejó de figurar en ella. Pero, curiosamente, el gerente aparece como director de obra en un contrato, celebrado a través de la Universidad Militar, para el mantenimiento y recuperación de la malla vial de Teusaquillo. Justo en esa localidad el concejal Duarte tiene intereses, como lo dejó escrito él mismo en el libro de impedimentos.

Duarte también ha estado involucrado en otros dos escándalos: un episodio de violencia y maltrato contra sus escoltas y contra su cuñada -que él niega y afirma que es persecución política- y un 'allanamiento' que hizo al IDU, supuestamente a nombre del alcalde Samuel Moreno, para llevarse información privilegiada de los contratos de la fase III de TransMilenio. El alcalde desautorizó a Duarte y la Personería le abrió una investigación por este hecho.

El otro concejal que mojó prensa por su mal ejemplo fue Álvaro Hernán Caicedo, al meterse al carril de TransMilenio en su vehículo oficial el 3 de octubre de 2009, por la carrera 30. Un policía de tránsito lo detuvo, pero él entregó los documentos y continuó en su carro diciéndole al agente que "se veían en el Concejo". No era la primera vez que Caicedo era sancionado por el tránsito, pues desde 1998 tenía acumulados cerca de cuarenta comparendos por conducir sin seguro obligatorio, estacionar vehículos en sitios prohibidos, transportar pasajeros en el platón de una camioneta y vehículo de carga, y no usar los puentes peatonales. La Procuraduría lo suspendió por seis meses. La inhabilidad, sin embargo, se venció días antes del plazo límite para la inscripción de su candidatura y por eso Caicedo quiere volver al Concejo como cabeza de lista del partido PIN.

Y todo este panorama es apenas una pequeña muestra de lo que ocurre dentro de una institución que, como el Concejo, debería representar lo mejor de la ciudad.