¿El Estado dejó sin protección a Inzá?

El miedo ronda en la población de Inzá, Cauca. Allí, un municipio enclavado en una cadena de montañas del Macizo Colombiano, las FARC sembraron de minas antipersona la humilde escuela donde estudian 120 pequeños niños. Las preguntas son muchas: ¿Calcularon los guerrilleros las devastadoras consecuencias para los niños en caso de que hubieran explotado? ¿Sabían que esta acción es una clara violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH)? ¿Qué pensarán en La Habana los dirigentes de este grupo insurgente sobre el hecho?

Mientras tanto, y luego de que Blu Radio alertó sobre el asunto, se esperaba la presencia de tropas del Ejército para determinar el alcance de la denuncia. Un hecho más de violencia en una localidad en la que esta es el pan de cada día.

Así por lo menos se evidencia en una carta enviada por la Defensoría del Pueblo, el pasado 18 de febrero, a los ministros de Defensa, Juan Carlos Pinzón; del Interior, Aurelio Iragorri, y al director de la Policía, Rodolfo Palomino.

En la dura misiva el defensor Jorge Armando Otálora les dice que la entidad emitió un informe de riesgo para ese municipio debido al asedio de la guerrilla de las FARC. “En visita humanitaria la Defensoría del Pueblo evidenció el temor de la población civil por la posibilidad de un ataque de las FARC contra la edificación donde funciona la estación de Policía que puede afectar gravemente la vida de los pobladores”, dice la misiva.

En la comunicación la Defensoría recuerda que, luego del ataque a la estación de Policía de Inzá el 7 de diciembre del 2013, que quedó completamente destruida, el ministro de Defensa visitó la zona y expresó el compromiso de reconstruirla.

El defensor del Pueblo les solicitó entonces tomar medidas efectivas para proteger a la población civil ante eventuales ataques y acciones de violencia de la guerrilla población, e hizo una serie de recomendaciones sobre el riesgo al que está expuesta la población.

Entre ellas pide evaluar el riesgo del funcionamiento de la Estación de Policía cerca de una escuela, un seminario, un templo y viviendas. También, acelerar los trámites para la reconstrucción de la estación de Policía y fortalecer el recurso humano de la Policía con personal entrenado, ya que el 46 % de los uniformados son auxiliares.

Ahora, y con la noticia sobre la siembra de minas por parte de la guerrilla cerca de la escuela, el defensor Otálora vuelve a la carga. Aseguró en entrevista con Semana.com que es “lamentable” que la guerrilla siga en su afán de enfrentar a la fuerza pública y desconozca además de la ley, la normatividad internacional que señala que la población civil debe quedar fuera del conflicto.

El funcionario fue más allá: “Hacemos un llamado a la fuerza pública para que los pronunciamientos, en particular las alertas tempranas, sean acatadas y acepten las recomendaciones que de su contenido se deducen. De lo contrario, además de desacatar, se pone en riesgo la población civil que, como siempre, queda en medio del conflicto”, dice Otálora.

Al margen de su concepto, lo cierto es que sembrar de minas antipersona una humilde escuela es una página más en la historia de la infamia que han escrito las FARC en el país.

Pero también ahora se sabe que Inzá no cuenta con una estación de Policía propiamente dicha. Así lo informó la propia Defensoría este lunes. “El ministro dijo que estaría reconstruida en seis meses. Pero vino un proceso posterior y el municipio por escritura entregó el lote. Pero no se ha iniciado la construcción. A hoy sigue la estación de manera improvisada en la casa campesina del municipio que queda al lado de dos colegios que albergan cerca de 500 niños. Es una zona riesgosa”, dice el defensor regional Mauricio Redondo. Un dato del todo escandaloso en una zona rodeada de guerrilla.