Miércoles, 18 de enero de 2017

| 1991/06/03 00:00

¡EL ESTADO SOY YO!

Un acuerdo político entre las fuerzas representadas en la Asamblea determinará hasta dónde puede llegar el poder de ese organismo.

¡EL ESTADO SOY YO!


EL ESTADO SOY YO! ESTO fue lo que dijo, palabras más, palabras menos, la Asamblea Nacional Constituyente el pasado primero de mayo, cuando respondió a un pronunciamiento del Consejo de Estado, según el cual la Asamblea tenía límites en sus acciones y competencia. La Constituyente mandó al diablo al Consejo y reafirmó la tesis de soberanía que había empezado a defender cuando decidió, a través de su reglamento interno, brincarse la tradición jurídica del país sobre mayorías para aprobar reformas al sistema electoral.

Este grito de independencia creó un clima de incertidumbre en el país, pues dejó la sensación de que tal como iban las cosas, la Asamblea se estaba comportando como un tigre suelto y estaba empezando a dar zarpazos. El Gobierno no estuvo ajeno a esta alarma, pues estaba consciente de que el Consejo de Estado, lejos de contener los ímpetus independentistas de la Asamblea, lo que había logrado era provocar una reacción de imprevisibles consecuencias. Además, al Gobierno le preocupaba el comportamiento del Partido Liberal, pues la bancada roja había asistido, con su insólita mansedumbre, a la tempestuosa sesión del primero de mayo. Si el liberalismo lo hubiera querido habría podido disolver el quórum, retirándose como lo hicieron algunos constituyentes social-conservadores, para impedir que se consumara tal declaratoria de soberanía con la cual no estaban del todo de acuerdo.

Pero el hecho era que la Constituyente ya se había otorgado la facultad de expedir normas constitucionales de aplicación inmediata, lo que implicaba la posibilidad de que, a partir de ese momento, el país amaneciera cada día con un pedacito más de la nueva Constitución y uno menos de la antigua, con lo cual se podía crear una situación de gran confusión institucional. El Gobierno decidió, entonces, atacar en dos frentes. Por un lado, buscar algún tipo de talanquera a la creciente autonomía de la Asamblea y, por otro, promover con más fuerza aún la tesis del consenso para las decisiones del organismo.

El viernes en la mañana, el presidente Gaviria se reunió con los integrantes de las listas de Rodrigo Lloreda y Juan Gómez Martínez para discutir el tema de las inhabilidades electorales de los constituyentes. Los cuatro delegatarios salieron de la Casa de Nariño y manifestaron su acuerdo en torno a la propuesta de que los miembros de la Asamblea no podían participar en ninguna elección hasta 1994, y presentaron proposiciones en ese sentido en la sesión de esa misma tarde. Por el lado de las inhabilidades se estaba empezando a concretar uno de los mecanismos posibles de limitación del poder de la Asamblea.

En esa misma sesión, Carlos Lleras de la Fuente propuso derogar el artículo 218 de la Constitución, que es el que establece el procedimiento de reforma constitucional, para reemplazarlo por el reglamento de la Asamblea que ya se había aprobado. Además, proponía derogar el inciso final del artículo 83 y parte del numeral lo del artículo 120, que son los que establecen mayorías calificadas para aprobar reformas electorales. Fue cuando el ministro de Gobierno, Humberto de la Calle, intervino para reiterar la posición del Gobierno sobre las limitaciones que el texto de la papeleta votada el 9 de diciembre y el decreto 1926 le imponían a la Constituyente. Señaló, además, la inconveniencia de reformar la Constitución por retazos, se opuso a la tesis de Lleras de las mayorías simples para las reformas electorales y manifestó que el Gobierno acataba las decisiones de la Asamblea. Insistió, sin embargo, en que para el Gobierno era indispensable que las reformas surgieran como resultado de acuerdos. Aquí saltó al ruedo el Partido Liberal. En una intervención que fue calificada por los constituyentes como brillante, Horacio Serpa se pronunció por la autolimitación de la Asamblea y amenazó al M-19 y al Movimiento de Salvación Nacional con el retiro del Partido Liberal de la presidencia colegiada, si se desconocía el principio de los acuerdos para la reforma de la Constitución. Terminada la intervención de Serpa, el social-conservador Augusto Ramírez Ocampo propuso adicionar a la iniciativa de Lleras un texto que dijera que los delegatarios no podían ser elegidos de aquí al año 94, y que se sometiera inmediatamente a votación.

Esta proposición significaba que en ese instante las fuerzas políticas de la Asamblea tenían que definirse sobre uno de los temas claves: las inhabilidades de los delegatarios. Votar esto podía representar para el M-19 un posible revés, teniendo en cuenta que a los votos del Partido Liberal y del Partido Social-conservador a favor de los impedimentos, se iban a sumar los de Lloreda y Gómez Martínez, quienes ya se habían pronunciado al respecto. Pero si la situación era ya delicada, se acabó de complicar con la intervención del delegatario por el M-19, Echeverry Uruburu, quien se fue lanza en ristre contra cualquier posible control a los actos de la Constituyente y llegó a asegurar que la soberanía de la Asamblea daba hasta para recortar el período del Presidente de la República. Esta posición tan radical alarmó al jefe del M-19, quien inmediatamente se bajó de la mesa presidencial y desde su curul pidió la palabra. Navarro, habilidosamente, recogió el pronunciamiento del ministro de Gobierno y se mostró, por primera vez, abiertamente partidario del consenso como fórmula para sacar adelante la reforma de la Constitución.

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