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| 4/10/2014 12:00:00 AM

Corte le hará un examen al Marco para la Paz

El 20 de mayo el presidente Santos deberá explicarle a la Corte Constitucional cómo las FARC participarán en política.

El Congreso en el 2012 dio trámite y aprobó el Marco Jurídico para la Paz, una herramienta que -palabras más palabras menos- servirá para someter a la justicia a los integrantes de un grupo armado ilegal cuando se alcance un acuerdo de paz, como el que se negocia entre Gobierno y FARC en La Habana.

Dicha herramienta fue demandada en el 2013 por la Comisión Colombiana de Juristas, al manifestar que sería un escenario de impunidad y que los máximos responsables de violaciones a los derechos humanos tendrían una amnistía disfrazada. Sin embargo, pasó el primer examen de la Corte Constitucional, que no encontró motivo alguno para tumbarla.

Ahora, el abogado Rafael Guarín demando nuevamente el Marco Jurídico con el argumento de que los integrantes de las FARC, condenados por delitos de lesa humanidad, tendrían participación política de acuerdo a lo establecido en la norma, por lo cual -para el demandante- esto sustituye la Constitución.

Semana.com conoció que el auto del magistrado Alberto Rojas Ríos en el cual se convoca a audiencia pública el próximo 20 de mayo al presidente de la República, Juan Manuel Santos; al procurador general, Alejandro Ordóñez; al fiscal general, Eduardo Montelagre, y un sinnúmero de ONG (entre ellas Human Right Watch), para que le expliquen a los nueve magistrados de la Corte Constitucional la conveniencia o no de la normativa.

En el documento se precisa la necesidad de realizar la audiencia y un debate público, específicamente, para el tema de participación política. “Es necesario debatir las condiciones constitucionales para ejercer el derecho de participación política, en el marco de un proceso de negociación para poner fin al conflicto armado colombiano”.

En el texto de ocho páginas, se formulan siete preguntas para cada uno de los que intervendrán en la audiencia pública dentro de las cuales se destaca: ¿Considera que es posible y conveniente la participación en política de grupos armados que se desmovilicen en un eventual escenario de postconflicto en Colombia, el Estado se encuentra impedido para hacerlo?, ¿Que delitos limitarían la participación política de miembros de grupos armados en un escenario de postconflicto?

Otras de las preguntas que sobresalen están enfocadas a la jurisprudencia internacional en materia de delitos políticos. ¿Existe alguna vulneración de derechos, si se impide o se permite la participación política de miembros de grupos armados en un escenario de postconflicto? ¿Podrán participar en política, esto es ser elegidos a cargos de elección popular, quienes sean responsables de crímenes de guerra, delito transnacional, de terrorismo o narcotráfico?

En este orden de ideas, la audiencia es toda una prueba de fuego para la administración Santos. Quizá el principal 'palo en la rueda' será Ordóñez quien ha señalado en reiteradas ocasiones la impunidad que se generaría de continuar adelante con esta iniciativa. ¿La audiencia estará para alquilar balcón?
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